Mientras el régimen califica como bioterroristas a los venezolanos que intentan llegar a sus hogares desde Colombia, una trama controlada por el ELN y el Protectorado de Táchira permite el paso fluido de productos colombianos de primera necesidad.
Infobae | Sebastiana Barráez
La periodista Sebastiana Barráez afirmó que muchos comerciantes viajan constatemente hacia el vecino país para traer todo tipo de mercancía, eso sí, para poder pasar a Venezuela, deben pagarle a los guerrilleros USD 1.000.
El Ministro del Interior y Justicia, general Néstor Reverol, sentenció, hace una semana, que quienes intenten ingresar a Venezuela por las trochas serán procesados bajo los cargos de terrorismo y delincuencia organizada, de manera que podrían enfrentar entre 8 y 12 años de cárcel. Agregó que a los trocheros los enviarán a la cárcel de El Dorado, en el estado Bolívar.
Lo que no mencionó el alto oficial y ministro es si esa decisión también es para quienes pasan la mercancía en camiones y le pagan a la guerrilla que ocupa los municipios Pedro María Ureña y Bolívar del Táchira.
Todos los días pasa gran cantidad de camiones por la frontera. La autorización la está dando la oficina del llamado Protectorado del Táchira, a través de la diputada Vilma Vivas, quien es miembro de la dirección regional del Partido Socialista de Venezuela (PSUV).
Es así como les dan un permiso a determinadas personas. “Por ejemplo, a un productor le sellan una especie de guía para que transporte un producto en particular. Ese productor va a Colombia y compra ahí la mercancía, que trae a territorio venezolano”, explica a Infobae uno de los que transitan esa zona fronteriza.
“Ese productor lo primero que debe pagar, al pasar el producto, es la vacuna de la guerrilla, que está instalada a todo lo largo del territorio fronterizo; ese monto es de aproximadamente mil dólares por el camión de mercancía. Esa es la primera alcabala”.
“De allí se dirige al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), donde debe cancelar, como persona natural, y no jurídica, 30 millones de bolívares (120 dólares aproximadamente), esa es la segunda alcabala; y finalmente, la tercera alcabala, es el 5% del valor total de la factura que debe pagárselo al Protectorado del Táchira”.
Es así como “si ese productor tiene un camión blanco de placas XYZ, al pasar y pagar a la guerrilla, le toman una foto por la parte de adelante y otra por la de atrás, donde se vea la placa del vehículo. Esas fotos las envían a la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) que a su vez las envía a la red. Ya ese camión va seguro y no va a ser detenido ni revisado en ningún punto de control que atraviese esa REDI Los Andes: Táchira, Trujillo y Mérida, por ejemplo”.
Todo pasa desde Colombia para territorio venezolano, incluso golosinas, productos de limpieza, alimentos, de todo. “Cuando la persona sale de Barinas, por la carretera del llano, o de Trujillo por la Panamericana, entra en la red que tienen las otras REDI que abarcan los estados; de acuerdo con cada guarnición que pasan deben pagar mil dólares”.
Con la publicación de la Gaceta Nr. 026 del 24 de julio 2020, la gaceta del municipio José Antonio Páez del estado Apure, publica el decreto Nr. 008-2020 que regula la circulación de personas en las parroquias del municipio, destacando que son para “proteger y preservar la salud de la población, con el fin de mitigar y erradicar los riesgos de la epidemia relacionados con el Covid-19”.
Es así como decreta que la circulación entre las parroquias Urdaneta, San Camilo, El Amparo y Guasdualito queda sujeta a terminales de número de cédula de identidad; cada día, de lunes a viernes, le corresponde a dos números. “Los sábados y domingos no se permitirá la circulación entre parroquias”, esa orden no abarca a la parroquia Aramendi (Palmarito).
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“Los días domingos no se permitirá la circulación entre las parroquias, ni internamente dentro de las mismas; este día será utilizado por las autoridades competentes para la desinfección de las áreas de utilidad pública y privada”.
Las normas sanitarias han servido para que mientras la población está encerrada y las calles y carreteras lucen solitarias, se mueva sin restricción alguna la mercancía por toda la frontera.
El 26 de julio, José María Romero González, alias Chema, alcalde de Guasdualito, capital del municipio Páez del estado Apure, decidió llevarse el combustible de la parroquia San Camilo, cuya capital es El Nula. En una gandola verde, placas A46BM0S, sacaron el combustible para llevárselo hacia Guasdualito que está a más de 80 kilómetros de ahí, en una carretera nada envidiable para transitar.
La indignación de los pobladores, especialmente de los productores, no se hizo esperar, porque el combustible es el que corresponde a la estación de servicio San Camilo, pero nada pudieron hacer. Esa es una zona controlada desde hace muchos años por la guerrilla colombiana, especialmente por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ha manejado todo lo relacionado al contrabando de alimentos, medicinas, del comercio de jóvenes y mujeres, además del narcotráfico, antes del papel moneda (el bolívar). Ese territorio nunca lo han cedido; en las décadas que está bajo su control han sido hegemónicos.
Mientras la población fronteriza está encerrada y los migrantes que llegan a la línea fronteriza son tratados como bioterroristas, los comerciantes y los contrabandistas pagan para seguir en el gran negocio de la frontera. Es por ello que los productos colombianos han inundado los estados fronterizos y se van desplegando hacia los estados del centro del país.
Con información de Infobae
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