Todo empezó con el Decreto de Estado de Alarma ordenado por Nicolás Maduro el 13 de marzo, sin cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción.
En 2020 la represión del gobierno de Maduro fue distinta. No hubo la usual violencia matizada con perdigones, lacrimógenas y la persecución, pero sí una intensa violación de derechos humanos de los venezolanos y de los presos políticos, cuyos procesos judiciales estuvieron totalmente paralizados.
En Carabobo son 30 quienes están tras las rejas por motivos netamente políticos, de acuerdo al coordinador del Foro Penal en Carabobo, Luis Armando Betancourt, quien aseguró que desde el comienzo de la cuarentena se aplicó una dinámica de la represión en contravención al acceso a la justicia.
Todo empezó con el Decreto de Estado de Alarma ordenado por el mandatario nacional el 13 de marzo. Fue una decisión tomada con el argumento de la pandemia por la COVID-19 y cuyo instrumento jurídico ha sido severamente cuestionado por no cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción.
Justicia en cuarentena para presos políticos
Posteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Sala Plena, dictó la Resolución 001-2020 de fecha 20 de marzo de 2020 mediante la cual resolvió suspender las causas y lapsos procesales, imposibilitando que los tribunales pudieran dar despacho continuo sobre los asuntos en curso, impidiendo la celebración de audiencias, juicios y otras actuaciones que afectaron en gran medida a los presos políticos.
“Esto vulnera los derechos humanos de las personas que exigen una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.
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