La cooptación de los tribunales, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo por parte del Gobierno, y el uso que hace de ellos para perseguir a la disidencia, centraron la atención en el III Examen Periódico Universal de Derechos Humanos al que se sometió el país en Naciones Unidas.
Juan Francisco Alonso | Crónica Uno
Como la “reina de las virtudes republicanas”. Así calificó Simón Bolívar a la justicia. Sin embargo, el Poder Judicial venezolano se ha convertido en foco de preocupación y blanco de críticas a nivel mundial. Así quedó en claro en el III Examen Período Universal de Derechos Humanos, al que se sometió el país este martes en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y donde al menos 26 países expresaron su alarma por las informaciones que han recibido sobre la situación de sumisión a los designios del Gobierno de los tribunales y del Ministerio Público; y el uso que de ellos ha hecho el Ejecutivo para “silenciar a la disidencia”.
El reclamo a las autoridades para que adoptaran medidas para “restaurar de inmediato” la autonomía de los jueces, fiscales y también de la Defensoría del Pueblo vino no solo de los representantes de países con democracias consolidadas como Alemania, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Francia, España o Portugal sino incluso de aliados como Palestina.
No es la primera vez que la situación de la justicia venezolana centra la atención en este tipo de procesos, pues en los dos anteriores, celebrados en 2011 y 2016 ocurrió lo mismo. Y como en las ocasiones previas las autoridades parece que ignoraran las recomendaciones referidas a esta rama del Poder Público. Al menos ese es el sabor de boca que dejó la intervención del magistrado Juan Carlos Ibarra, quien representó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la evaluación y quien se limitó a informarle al Consejo que desde en 2006 en el país están en vigor unas normas para asegurar el acceso a la carrera judicial mediante concursos de oposición, tal y como manda el artículo 255 de la Constitución.
Empero el funcionario obvió que desde 2007 no se celebra un solo concurso y no mencionó fecha para que los mismos se reanuden. La falta de celebración de los concursos ha permitido en la actualidad más del 80% de los jueces son provisorios, accidentales o temporales; es decir que son nombrados a dedo por la Comisión Judicial del TSJ y puedan ser removidos sin un procedimiento previo que les garantice el debido proceso. Una situación que hace a los jueces susceptibles a presiones.
Desde el Ministerio Público, en cambio, aseguraron que el Plan Especial de Regularización Funcionarial de Fiscales Provisorios Activos, que a finales de 2021 anunció el fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, buscará revertir la situación de provisionalidad reinante en el organismo. No obstante, desde este organismo tampoco fijaron fecha para el arranque de este ni le pusieron objetivos.
No comieron cuento
La delegación oficial encabezada por la vicepresidenta de la dictadura, Delcy Rodríguez pretendió vender al Consejo que está poniendo en marcha una reforma judicial y como parte de ella expuso las modificaciones a los códigos Orgánico Procesal Penal y de Justicia Militar aprobadas por la Asamblea Nacional a mediados de 2021.
“La reforma al Código de Justicia Militar garantiza, por primera vez en la historia, que los civiles no sean enjuiciados por tribunales militares”, dijo el diputado chavista Francisco Torrealba, ignorando que la Carta Magna ya establece tal prohibición desde hace más de dos décadas.
Pero el legislador fue más allá y pretendió responsabilizar al anterior Parlamento controlado por la oposición de cualquier incumplimiento con los compromisos asumidos en los otros dos EPU. “Solamente dictó una ley en cinco años”, dijo, obviando que el TSJ anuló decenas de otras normas y le impidió ejercer sus funciones.
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