Personas con enfermedades mentales que cometieron delitos se encuentran recluidas en un mismo espacio con los presos comunes, lo que representa un riesgo para ambos grupos. La psiquiatra Carmen Vallenilla refirió que estas personas «se pueden volver altamente persuasibles por el hampa o ser víctimas de abuso»
La madrugada del 13 de agosto cuatro integrantes de una misma familia fueron asesinados en un poblado del estado Lara. José Vicente Aguilar, de 22 años, mató a sus padres y a dos de sus hermanas, una de ellas estaba embarazada.
Aguilar aprovechó la madrugada cuando todos dormían y con un machete los atacó, decapitando y esparciendo los cuerpos por una zona boscosa lejos de la vivienda.
Luego de lo ocurrido vecinos del sector sometieron al joven y luego de propinarle una golpiza llamaron a los funcionarios del Cuerpo de Investigación Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para contarles de lo ocurrido, y pedirles que enviaran una comisión.
Testigos afirman que el hombre era esquizofrénico, pero que su familia nunca había dado importancia a la enfermedad mental del joven.
De confirmarse ese diagnóstico de enfermedad mental, este sería otro caso en el que un paciente con alguna enfermedad mental comete un delito. A diferencia de lo que ocurre en Venezuela, en algunos países como Estados Unidos, Canadá o Suiza, tienen dentro de su sistema penitenciario un plan para atender separadamente a quienes tienen trastornos psiquiátricos.
Desde hace al menos 20 años, las personas con enfermedades psiquiátricas que cometen algún delito en Venezuela terminan recluidos con presos comunes, sin aislamiento ni atención médica especializada o tratamiento que les permita mantener bajo control el mal que les aqueja.
Desde el 12 de febrero de 1999, Dorancel Vargas (1957) permanece detenido y aislado en una de las celdas de la sede del destacamento de la Policía del Táchira en la ciudad de Táriba. Bautizado «el Comegente» en los titulares de la prensa de la época por sus prácticas canibalescas, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y encontrado culpable de, al menos, 10 asesinatos en serie. Sin embargo, su condición mental lo hizo inimputable , pero por la ausencia de espacios para mantenerlo internado, se le condenó a pasar el resto de su vida en un Centro de Detención Preventiva (CDP).
Para Carlos Nieto Palma, coordinador general de Una Ventana a la Libertad, la situación de los detenidos con enfermedades mentales en el país es «complicada», pues estos no gozan de lugares adecuados para su condición.
Considera que la creación de espacios especiales para quienes han cometido delitos pero tienen alguna patología psiquiátrica, «no quiere decir que no tenga que responder por los delitos que cometen sino que tienen que tener un sitio de reclusión para ellos». Esto ante la necesidad urgente de que no convivan con presos comunes, por el riesgo que representa para ambos grupos.
Explicó que en Venezuela hace mucho tiempo no existe ningún sitio con estas condiciones, y es que en los años 60, cuando se fundó la Penitenciaría General de Venezuela (PGV) en el estado Guárico, había un espacio del centro acondicionado para personas con enfermedades mentales, pero al poco tiempo de su creación este espacio cerró.
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