El presidente de FundaRedes, Javier Tarazona denunció que en el último trimestre del 2020, la violencia en el estado Táchira se incrementó en más del 420% comparado a 2019.
Maryerlin Villanueva | La Prensa de Lara
Detalló Tarazona que en los meses de octubre, noviembre y diciembre, se registraron 38 homicidios, 26 desapariciones y tres enfrentamientos en la región, de acuerdo al informe Curva de la Violencia.
«Esto es el resultado de la emergencia humanitaria compleja con el sistema de salud destruido, la educación paralizada, los servicios públicos que no garantizan una vida digna a los ciudadanos, y todo esto lleva a que se genere una economía paralela que permite el aumento de mafias y de operaciones de grupos armados irregulares en la zona de frontera como resultado de la desesperación de la personas en la búsqueda de sobrevivencia en un contexto opresivo y desesperanzado» dijo.
Detalló que un total de 284 homicidios se registraron en los seis estados fronterizos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre a razón de 133 en Zulia que se constituye como el estado más violento de la frontera venezolana, 68 en Bolívar, 38 en Táchira, 37 en Falcón, 5 en Apure y 3 en Amazonas.
De los 284 casos de homicidios, al menos 113 fueron víctimas de enfrentamientos armados donde participaron cuerpos policiales o militares, lo cual indica que 39,7% de las víctimas murieron a manos de funcionarios de organismos de seguridad, mientras que los demás casos se dieron en robos, venganzas y femicidios.
En cuanto a las desapariciones se documentaron 69 en total, divididos en: 26 en Táchira, 16 en Bolívar, 10 en Apure, 9 en Zulia, 6 en Falcón y 2 en Amazonas; en este caso las cifras ascendieron en más de 500% con respecto al 2019, cuando solo se documentaron 11 desapariciones en los seis estados fronterizos del país.
Mientras que en la unidad de análisis de enfrentamientos armados, Tarazona señaló que se contabilizaron 86 en todo el trimestre, de los cuales 59 fueron en Zulia, 15 en Bolívar, 9 en Falcón y 3 en Táchira, en los que destaca la participación de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y de grupos armados irregulares, sin embargo se mantiene el patrón de presentarlos como casos de «resistencia a la autoridad».
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