El excandidato presidencial opositor Enrique Márquez adelantó este lunes que propondrá al Parlamento de Venezuela -que lleva a cabo un proceso para reformar leyes electorales, a través de consultas con varios partidos políticos- una ley de amnistía general para «la gente que se encuentra tras las rejas por hacer política o por protestar».
EFE
En un video publicado en X, el opositor planteó esta ley como una «garantía» de que en Venezuela «efectivamente es posible hacer política», al tiempo que aseguró que esta propuesta «no nace de un capricho», sino que «es una necesidad que tiene el país».
Indicó que su partido, Centrados, enviará una delegación ante el Parlamento -controlado por el chavismo- para exigir también la publicación de los resultados detallados de las presidenciales del 28 de julio, en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro, cuya reelección no ha sido reconocida por numerosos países.
«Tiene que haber un acuerdo dentro de la Asamblea Nacional (Parlamento) para que se publiquen los resultados. Es una exigencia, así lo estamos planteando», expresó el opositor, quien dijo que enviará un documento con las propuestas el próximo miércoles.
Advirtió que -en el marco de la revisión de leyes electorales- denunciará «cualquier desviación que vaya hacia la profundización antidemocrática», pues -remarcó- se tiene que garantizar el ejercicio de la política, una actividad que «es un peligro» hoy día en el país, según dijo.
«¿Cuántos presos políticos no tenemos?, ¿por qué?, por protestar, por hacer política. Nosotros creemos que sería un contrasentido pensar en recuperar una vía electoral sin garantizar el ejercicio de la política», aseveró.
Tras las presidenciales, más de 2.400 personas fueron detenidas, según el Ejecutivo, en un contexto de protestas contra el resultado oficial, considerado «fraudulento» por el mayor bloque opositor, reunido en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que asegura que su abanderado, Edmundo González Urrutia, ganó los comicios.
La PUD, que no participa en el proceso de consultas, rechaza el mecanismo planteado en el Parlamento para reformar leyes electorales y ha pedido al Gobierno entablar una «negociación seria» para la salida de Maduro del poder.
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