La incautación en Florida de una flota de autos de lujo destinados a Venezuela muestra cómo funcionarios y aliados de Nicolás Maduro siguen buscando cómo evadir las sanciones de Estados Unidos para lavar dinero y activos.
Por Chris Dalby | InSight Crime | Primer Informe
El 8 de julio, las autoridades estadounidenses anunciaron el embargo de 81 vehículos que luego exhibieron en Port Everglades, informó el Miami Herald. Los autos, avaluados en millones de dólares, se supone eran parte de una intrincada operación de compra y venta de autos de lujo destinados a Venezuela, una violación de las leyes de exportación y de las sanciones estadounidenses contra el gobierno venezolano.
Los vehículos habían sido adquiridos por medio de una “red de testaferros y empresas de papel en el sur de la Florida […] para uso de ricos, personas con conexiones políticas y la policía” en Venezuela, según declararon las autoridades de Investigaciones de Seguridad Interna (HSI) al diario.
Los autos incluían modelos de Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover y Lexus, entre otros, con un valor total de venta estimado en US$3,2 millones. El modelo más costoso era un SUV Mercedes Biturbo, que costaba US$150.000.
Los investigadores de la HSI sostienen que Raúl Gorrín, un empresario venezolano de alto perfil que se encuentra la lista de los más buscados de Estados Unidos por cargos de lavado de dinero, es el responsable de la operación de contrabando de automotores. Hasta el momento no se han presentado cargos contra Gorrín ni contra ninguna otra persona en la investigación federal. El abogado de Gorrín declaró más adelante al Miami Herald que su cliente “no tenía nada que ver con las exportaciones de vehículos».
Es probable que esos autos no fueran los primeros enviados a Venezuela.
“Esto es una gota dentro del cubo”, afirmó el agente especial de HSI a cargo del caso Anthony Salisbury al Miami Herald, y añadió que es posible que muchos autos hayan salido por vía marítima desde Port Everglades sin ser detectados antes de que las autoridades abrieran una investigación en el mes de abril.
“Estos vehículos se pierden para que cleptócratas como Gorrín y sus secuaces lleven estilos de vida de multimillonarios”, añadió Salisbury.
Raúl Gorrín ha sido señalado por el lavado de activos a través de la compra de autos en EE.UU. que eran enviados a Venezuela.
Antes de ser fugitivo de la justicia estadounidense, Gorrín había creado una extensa red de propiedades de lujo en Estados Unidos. Debido a los cargos de lavado de dinero en su contra, los fiscales federales tratan de incautar un portafolio de 20 propiedades en Nueva York y Florida, incluyendo una mansión de US$8 millones en Miami y un Rolls-Royce Phantom valorado en US$200.000.
Análisis de InSight Crime
Pese a la intensa presión de Estados Unidos contra el régimen de Maduro, las redes de empresas fachada y operadores financieros siguen blanqueando millones de dólares para el régimen venezolano, en su mayor parte en Florida.
A Gorrín se lo señala de organizar despachos de vehículos de lujo desde el mayor puerto de Florida hacia Venezuela a pesar de que investigadores estadounidenses lo describen como “uno de los mayores lavadores de dinero del mundo”.
En junio, tras la captura de Álex Saab, otro de los principales financistas de Maduro, InSight Crime informó que aquel había blanqueado “dineros de sobornos y corrupción” en Estados Unidos con ayuda de Bruce Bagley, especialista en crimen organizado de la Universidad de Florida en Miami.
El gobierno del presidente Donald Trump ha mantenido la presión sobre el régimen venezolano, incluyendo una imputación a Nicolás Maduro, sanciones contra su esposa e hijos, el arresto de algunos de sus aliados más cercanos y el riesgo de incurrir en multas para cualquier empresa que haga negocios con Caracas.
Desde 2017, se han decomisado alrededor de US$450 millones en dineros ilícitos con vínculo con Venezuela, además de propiedades y bienes de lujo, según el Miami Herald.
Aunque esas medidas hagan mella en una administración venezolana que se ve cada vez más corta de dinero, es probable que esquemas como el que lideraba Gorrín sigan ocurriendo mientras el trabajo de los investigadores vaya en contravía con las leyes del secreto financiero imperantes en Estados Unidos.
Según Transparencia Internacional, Estados Unidos sigue siendo “la jurisdicción de secreto financiero preferida para muchos de los políticos corruptos del mundo… ya que no obliga a las empresas a revelar sus propietarios beneficiarios, quienes en realidad controlan y se lucran de las empresas”.
Como resultado de eso, Estados Unidos se situó en segundo lugar en el Índice de Secreto Financiero de la Red de Justicia Fiscal en 2020, por delante de Suiza, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos fiscales reconocidos.
Es poco probable que esto cambie en el futuro cercano, pues, a comienzos de julio, el Congreso en Washington postergó la aprobación de la Ley de Dineros Ilícitos (Illicit Cash Act) propuesta por ambos partidos, la cual podría deshacer en parte el secreto financiero.
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