El activista defensor de Derechos Humanos y exdiputado de la Asamblea Nacional Walter Márquez fue imputado el lunes 11 de septiembre en la sede del Ministerio Público en San Cristóbal, en Táchira, por la Ley del Odio; luego de que el alcalde Silfredo Zambrano y su director general, Juan Rodolfo Martínez, lo denunciaron por sus acusaciones de presuntas violaciones a los DDHH contra los comerciantes.
Por Tal Cual
Márquez, a su salida de la Fiscalía y acompañado por representantes del Foro Penal, FundaRedes y familiares, considera que esta acción no tiene argumentos sólidos en su contra sino que más bien es parte de un «terrorismo judicial» con el propósito de intimidarlo para que deje de hacer las denuncias que cree pertinente tanto en el país como en el exterior.
A su juicio, lo que ocurrió en la Fiscalía es una simulación de hecho punible por parte del alcalde Zambrano y, a su vez, el Ministerio Público actúa de manera diligente en su contra y cerró las investigaciones que estaban abiertas contra el edil y varios funcionarios.
“El Ministerio Público está siendo diligente en nuestra contra y negligente con las víctimas de crímenes de lesa humanidad y grave violación de derechos humanos”, enfatizó.
La semana pasada, Walter Márquez explicó que el Tribunal Quinto de Control del estado Táchira ordenó investigar a los funcionarios de la Alcaldía de San Cristóbal, por supuestamente estar incursos en violación de derechos humanos por la demolición de un restaurante en el Terminal de Pasajeros de la capital tachirense y de dos locales en el hospital central.
“El Ministerio Público no ha sido un órgano imparcial, actuaba al servicio de la Alcaldía, encubriendo los graves hechos que han sido denunciados, que se convirtió en una política de Estado, en una política del municipio. No es un hecho aislado lo que ocurrió con la destrucción de los dos restaurantes del Hospital Central y el restaurante del Terminal de Pasajeros. A eso se agrega denuncias de violación de derechos humanos contra buhoneros, contra licoreros, contra repuesteros, contra bodegueros, que culminó con el caso de la señora María Lourdis Zambrano, quien falleció producto de un mal procedimiento de funcionarios de la Alcaldía”, acotó Márquez.
Hay que recordar que el presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), William Contreras, denunció el día 10 que había un presunto intento de perseguir judicialmente al también director general de esa organización, Walter Márquez.
Dijo que se le exigía a Silfredo Zambrano «una rectificación y una investigación de los hechos señalados públicamente de grave violación de Derechos Humanos y Crimen de Lesa Humanidad».
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