Los trabajadores fueron las primeras víctimas de la política de expropiación del chavismo. Las esperanzas de una mejora laboral al ingresar a la nómina estatal y de ser parte en la toma de decisiones de las empresas, nunca se concretaron. Mientras, la soberanía alimentaria y el desarrollo de la economía endógena tampoco vieron luz con el «exprópiese» de Hugo Chávez que luego continuó Nicolás Maduro en menor medida.
Miles de empresas del sector privado fueron objeto de la política de expropiación del chavismo desde el año 2000. Los argumentos para justificar esta medida fueron el desarrollo de la economía interna no petrolera y la estabilidad laboral. Pero 22 años pasaron y decenas de compañías estatales cerraron sus puertas, el país recién sale de la recesión económica, ha sido demandado en tribunales arbitrales por grandes sumas de dinero, la importación de bienes aún supera con creces a las exportaciones, se observa un deterioro de los servicios públicos y ha ocurrido un éxodo laboral de grandes proporciones.
Entre las otras premisas utilizadas para llevar con fuerza el «exprópiese» de Hugo Chávez en Venezuela destacan la seguridad y soberanía agroalimentaria, así como el manejo de recursos estratégicos para dinamizar la economía interna. Pero sobre todo, el de otorgarle el manejo de las empresas a la «clase trabajadora».
En las últimas dos décadas el país se sumió en una recesión continua de seis años en la que se perdió entre 75% a 80% del tamaño de la economía, en una caída de la actividad petrolera de 2,5 millones de barriles diarios; de una producción cercana a cero de las empresas siderúrgicas y de aluminio, así como de mínimos históricos de la única empresa cementera que queda en pie.
A esto se suma, las 6,5 millones de hectáreas de tierras «rescatadas» por el gobierno de Chávez desde que se promulgó el Decreto-Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 2001. Luego se intervinieron 4.000 hectáreas más, consideradas por el gobierno como latifundios. Esta política trajo como consecuencia las invasiones ilegales y matanzas de reses en las fincas, y no llegó la tan ansiada «soberanía alimentaria» del chavismo puesto que aún hoy, el país depende de las importaciones.
Para el director del Consejo Nacional de Economía, Efraín Velásquez, es inquietante observar que después de estas decisiones gubernamentales, el país terminó sin crecimiento económico, sin mejoría ni bienestar social. «Esto lleva a la reflexión de que quizás este tipo de políticas no es las más apropiada para la sociedad y para el país en general. Lo que demuestra es que la actividad operativa de las empresas o el rol de los empresarios es importante, porque combinan los factores de producción como el capital, el trabajo, la tecnología y la tierra para obtener un resultado. Eso implica un compromiso y dedicación que no todo el mundo lo tiene y ni lo puede hacer».
El economista agrega que cuando un país entra en esta dinámica en la cual el sector público quiere manejar diferentes sectores de la economía, al final implica una mayor presión para el Fisco que tiene que financiar a todas estas empresas.
«Las necesidades de financiamiento del gobierno son cada vez mayores y, al no tenerlo, el Banco Central de Venezuela terminó poniendo el dinero. Cuando hablamos de la alta inflación, esto es consecuencia directa del tamaño del Estado. Cuando se expropia lo que se hace es que el sector público sea más grande. En consecuencia el BCV financia el gasto público y los problemas de la sociedad no solo se centra en la pérdida de empleo, sino también en la baja capacidad de compra debido a la inflación que vive», apuntó Velásquez.
El «exprópiese» del entonces presidente Chávez vino cargado de adquisiciones forzosas, decretos de utilidad pública e interés social, soberanía petrolera y estatización por fines estratégicos. Esto generó cientos de demandas en tribunales arbitrales internacionales. De acuerdo a un reciente informe de Cedice Libertad, el país ha sido demandado por 30.000 millones de dólares por expropiaciones, confiscaciones y violaciones a la propiedad privada de inversionistas extranjeros, amparados en tratados de protección de inversiones vigentes entre Venezuela y otros países.
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