Otra vez Michelle Bachelet causa la airada reacción por parte de los familiares de los presos políticos venezolanos, entre ellos de los militares. Esta vez fue por la actualización sobre la cooperación entre su Oficina y Venezuela. Aunque es grave lo que ocurre, en materia de violación de derechos humanos, en Venezuela la Alta Comisionada se limitó a resaltar “la asistencia técnica” y a ocultar la tortura, violación al debido proceso y a delitos de lesa humanidad.
Por Sebastiana Barráez – Infobae
Haciendo gala de exagerada diplomacia, Bachelet dijo que “tomo nota de la decisión de conceder el arresto domiciliario a Juan Planchart y de permitirle recibir una atención médica adecuada”.
Es insólito que resalta como un logro “la liberación de dos militares que habían cumplido su condena”, como si la obligación del carcelero no es liberar a quien cumple los años de prisión que un juez le impone.
Así mismo destaca la “liberación condicional de 12 indígenas pemones y absolución de un periodista”, pero ocultó la muerte por falta de asistencia médica y hambre del pemón Salvador Franco, el 4 de enero de 2021. Ya es costumbre en la Alta Comisionada ignorar casos atroces como el del pemón, igual que hizo con la tortura y asesinato del capitán de corbeta Acosta Arévalo.
Mencionó que su oficina visitó siete estados y “hemos realizado otras cinco visitas a centros de detención desde septiembre. Confío en que en breve se organicen más, incluso a prisiones militares y centros de detención de los servicios de inteligencia”. Lo aberrante es que oculta lo que encontraron en esos centros y más aún que algunas visitas, como la que hizo José María Aranaz al Táchira, fue para conversar con la gobernadora del estado de temas que nada tienen que ver con derechos humanos.
Bachelet dijo acoger con satisfacción “las medidas para proporcionar a algunos detenidos acceso a exámenes médicos, e insto a darles seguimiento con asistencia médica, y a compartir oportunamente los informes médicos con los abogados y familia. Esta práctica, así como el contacto regular con los miembros de la familia y los abogados y el acceso adecuado al agua y los alimentos, debe ser estandarizada en todos los lugares de detención”.
De esa manera no menciona el trato violatorio que reciben muchos detenidos, especialmente en los sótanos de la DGCIM. Y mucho menos menciona el maquillaje que le hicieron a los sótanos, mientras su comisión ignoró totalmente la brutalidad que se comete contra quienes están en la Casa de Los Sueños, como es el caso del comandante Marín Chaparro y el general Hernández Da Costa.
Ni una mención al constante reclamo que los familiares han hecho de que a los detenidos en la DGCIM no les permiten ver a sus niños. Esa situación ocurre desde hace un año. Algunos niños pudieron ver a sus padres en diciembre, después de ocho meses.
Y como si apenas estuviera conociendo lo que pasa en Venezuela dijo que “mi equipo sigue dando seguimiento, junto con la Fiscalía General, a los casos de presuntas violaciones de derechos humanos. Acojo con beneplácito la imputación de nuevos cargos en virtud de la Ley contra la Tortura en el caso del asesinato del capitán Acosta Arévalo”.
Eso causó la molesta respuesta de la esposa del oficial asesinado.
Acosta Arévalo
Waleswka Pérez de Acosta es de hablar bajo y pausado, casi temiendo levantar su voz. La tortura y el asesinato de su esposo, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo no le ha cambiado el tono de la voz, pero si han convertido sus palabras en un implacable señalamiento que descubre la débil actuación de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
“¿Explícale a la comunidad internacional Michelle Bachelet por qué llevan a las víctimas torturadas y agonizando al Hospital Militar Dr. Vicente Salias y luego lo presentan con el Juez Amezquita Pion?”.
Y es que el 28 de febrero, como su esposa señala, se cumplieron 20 meses del asesinato de Rafael Acosta Arévalo, quien sufrió “ocho días de las más aberrantes torturas”. Le pregunta a Bachelet: “¿Dónde está el juez Amezquita Pion? Es uno de los cómplices de la cadena de mando y recibe a las víctimas con signos de torturas. Exijo justicia y respeto”.
Ante lo dicho por la Alta Comisionada en la actualización del informe, la viuda de Acosta concluye: “Algo está pasando contigo Bachelet, eso no es justicia; fueron ocho días de torturas. La finca Sorocaima está diseñada por el régimen para ejecutar a las víctimas como a Acosta Arévalo que estaba ‘a buen resguardo’”, parafrasea en alusión a lo que dijo Diosdado Cabello cuando informó que al capitán de corbeta lo tenían a buen resguardo. “¿De dónde sacaron los dos sargentos la finca y logística?”, insiste Waleswka Pérez.
PROVEA, una organización de larga trayectoria en defensa de los derechos humanos, destaca lo que reflejó el informe de la Misión de Determinación de los Hechos ONU, en el caso de Acosta Arévalo: “Tenía 38 heridas. El tabique nasal roto, abrasiones en el hombro, codos y rodillas, moretones en el muslo, glúteos y espalda. El cuerpo mostraba fractura en pie y signos de quemaduras”.
“Los funcionarios de la DGCIM llevaron al Capitán Acosta Arévalo a la audiencia en silla de ruedas. El capitán no podía hablar, no podía moverse, y estaba sangrando. El abogado le preguntó si había sido torturado y él asintió con la cabeza”, dice Provea.
Las familias
Hace tres días María Gabriela de Mejías publica: “A más de 8 días a mi esposo, el coronel Johnny Mejías Laya, no le entregan unas pastillas que se le enviaron, porque está orinando sangre”, a la vez que agrega con ironía que “la señora Bachelet insta a su equipo de trabajo a continuar con sus labores y ‘beneficios’ a los presos políticos militares”.
La esposa de Mejías Laya, preso y torturado en la DGCIM, denuncia públicamente que el coronel “tiene ocho días orinando sangre y está muy adolorido y decaído. Su familia le ha llevado medicamentos que le han robado”.
Por otra parte, Yocelyn Carrizales, esposa del teniente coronel Igber Marín Chaparro se pregunta, el 2 de febrero de 2021: “¿Que alguien me explique cómo es que el Tribunal Primero de Juicio dicta sentencia el 16 de diciembre de 2020, ordena el traslado inmediato del Comandante Marín Chaparro para la cárcel militar de Ramo Verde y casi 2 meses después la DHCIM lo mantiene secuestrado?”
La joven agrega: “El Tcnel Marín tiene tres años en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), lo sentenciaron sin pruebas a siete años y medio. El juez itinerante, coronel Yofre Chacón ordenó su traslado para Ramo Verde, siendo esta la Orden número 8 que no se cumple. ¿Y usted Bachelet dice que aquí se está haciendo justicia?”
Insiste en que el 9 de marzo de 2018 el Tribunal Tercero de Control ordenó el traslado de su esposo. “Casi tres años después, enfermo y desgastado, lo llevan a juicio, lo condenan y dicho Tribunal vuelve a ordenar su traslado. ¿Dónde está el respeto a la orden del Juez y derechos humanos?”.
Molly De La Sotta, hermana del capitán de navío Luis Humberto De La Sotta Quiroga destacó, el 17 de enero, que el general Terán Hurtado (director de investigaciones de la DGCIM) es el responsable por el deterioro de la salud de su hermano. “Le niega atención médica; tiene 11 meses con problemas renales, cinco meses con diarrea crónica por COVID-19 que contrajo en los sótanos de la Dgcim”.
Dice con indignación que al capitán de navío “lo llevan a pasear al Hospital, por segunda vez, el 13 de enero, para engañar a la ONU. El 19 de octubre lo trasladan al hospitalito (hospital en Fuerte Tiuna “Vicente Salias Sanoja”), junto con 25 presos políticos, en medio de un show; tres meses después los resultados de los exámenes no aparecen y continua sin tratamiento desde que hace once meses el urólogo lo examinó por problemas renales”.
El 22 de febrero, De La Sotta, quien pertenece a la ONG de Familiares de Presos Políticos, denunció que “la Fiscal Nacional 32, Dusay Dueñas, es la encargada de procesar las denuncias por Tortura, Tratos Crueles e inhumanos, falta de Atención medica de Luis De La Sotta”.
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