Familiares de presos políticos pidieron este miércoles a la Iglesia católica, mediante una carta entregada a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), que intervenga para que liberen a sus allegados, tanto en el contexto electoral como anteriormente.
El escrito, leído ante periodistas, expresa que la situación de los «presos políticos» ha generado «una profunda preocupación» a nivel internacional y nacional, ya que enfrentan «condiciones inhumanas» y un «encarcelamiento injusto que contraviene los principios básicos de dignidad y justicia», por lo que se solicita la intervención de la Iglesia.
Además, en la misiva se reproducen las peticiones que han llevado familiares ante las autoridades, como que se permitan visitas en los penales «sin restricciones arbitrarias», así como el acceso a servicios médicos «adecuados», especialmente para aquellos con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y adolescentes.
Asimismo, piden que en las cárceles se garantice la provisión de productos de higiene femenina y el acceso a tratamientos médicos especializados, además de permitir que los familiares ingresen medicinas y alimentos para sus allegados.
También solicitan acabar con las «condiciones de hacinamiento y tratos crueles y degradantes en los centros de reclusión», así como que «cesen los traslados arbitrarios» sin informar a familiares.
«Solicitamos que se publique en la página web del Ministerio Público (Fiscalía) el listado de las personas trasladadas y así evitar los inconvenientes generados a los familiares», reza el escrito.
Monseñor Rafael Bitter, subsecretario de la CEV, afirmó que las peticiones de la carta «son válidas» y «muy humanas», al tiempo que indicó que enviará la misiva a la Presidencia de la Conferencia.
Por su parte, Mildred Martínez, esposa del preso Gilber Varillas -acusado de participar en una operación para presuntamente derrocar a Nicolás Maduro-, manifestó que «está delgado» y enfrenta problemas de suministro de agua en el penal donde se encuentra, el Rodeo I, en el estado Miranda (norte).
Este miércoles, una docena de «presos políticos poselectorales», entre ellos ocho menores de edad, fueron excarcelados en tres regiones del país, informaron familiares de los liberados a la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
De momento, la Fiscalía -que en noviembre solicitó a tribunales la revisión de casos de detenidos tras las elecciones- no ha informado sobre estas nuevas excarcelaciones.
Hasta este martes, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de estas personas, computaba un total de 1.913 «presos políticos», la gran mayoría detenidos tras las presidenciales, así como 165 excarcelaciones, según dijo hoy a EFE el abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de esta organización. EFE
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