Familiares y víctimas de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela manifiestan que el proceso impulsado en la Corte Penal Internacional podría hacer justicia. Recordaron que apenas un 4 % de los casos tiene condenas.
Los afectados junto a defensores de derechos humanos afirmaron que en la segunda audiencia de apelaciones de la CPI se comprobó que la mayoría de los 124 incidentes presentados no llegan a la fase intermedia, menos a la acusación formal. Probaron que de 62 casos, 47 siguen sin identificar a los autores materiales y las 5 condenas que han dictado los tribunales en Venezuela sólo recaen en 14
funcionarios públicos. Todo sin hurgar en las responsabilidades de la cadena de mando.
«No hay voluntad de sancionar, de investigar», considera Alí Daniels, director de la organización «Acceso a la justicia», al analizar un escenario de mayores competencias para la CPI, para que el propio fiscal, Karim Khan, esté habilitado. Una posibilidad que podría darse a finales de este año, debido a la falta de intención del Gobierno de Venezuela de administrar justicia.
Esa es la esperanza que mantiene en pie a víctimas y familiares, al ver más cercana la oportunidad de que se presenten los casos con todos sus argumentos, junto a los nombres y apellidos de los responsables.
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