La fiscalía de Venezuela, logró privativa de libertad para Derwuins José Zabala Rojas de 32 años, y Juan José García Brito de 24 años, funcionarios de la Guardia del Pueblo, por su presunta responsabilidad en el tráfico ilícito de material estratégico.
Por este hecho, también fueron privados de libertad Ángel Arquímedes Fernández Correa de 47 años, Ángelo Alexander Fernández Delgado de 24 años, Anthony Lee Villanueva Bravo de 33 años, Adonis Gabriel Celis Navas de 47 años y Víctor Manuel Aponte Alfonzo de 62 años.
Tal situación fue detectada el pasado 11 de febrero en la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho, artería vial que comunica al estado Miranda con el Distrito Capital.
De acuerdo con la investigación, durante el citado día una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) notó la presencia de un vehículo sospechoso de carga pesada con material ferroso (cabillas).
Por tal motivo, detuvieron el camión para verificar la procedencia del material. Sin embargo, Aponte Alfonzo manifestó que había sido adquirido de manera ilícita de uno de los galpones del Metro de Caracas, ubicado en la Zona Industrial de Guatire, municipio Zamora del estado Miranda.
Inmediatamente, los oficiales se trasladaron hasta el galpón antes mencionado; una vez en el lugar encontraron a Fernández Correa, Fernández Delgado, Villanueva Bravo y Celis Navas, quienes les pagaron 1.500 dólares estadounidenses a los funcionarios de la Guardia del Pueblo, encargados de la seguridad en dicha instalación.
Ante tales circunstancias, los funcionarios del Cicpc aprehendieron a los siete hombres y los pusieron a la orden del Ministerio Público.
En la audiencia presentación, las Fiscalías 19ª y 25ª de Miranda imputaron a los hombres por la presunta comisión de tráfico ilícito de material estratégico, asociación para delinquir y apropiación indebida del patrimonio público.
Adicionalmente, Fernández Correa resultó imputado por presunto porte ilícito de arma de fuego.
Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por la representación fiscal, el Tribunal 4º de Control de Miranda dictó la citada medida privativa de libertad contra los siete implicados.
Los funcionarios de la Guardia del Pueblo y Fernández Correa permanecerán recluidos en el Internado Judicial Región Capital Yare III. Por su parte, Fernández Delgado, Villanueva Bravo, Celis Navas y Aponte Alfonzo, permanecerán recluidos en el Internado Judicial Región Capital Rodeo II, ubicado en Guatire.
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