El Foro Penal Venezolano aseguró que, tras conmemorarse 21 años de los sucesos del 11 de abril de 2002, la impunidad es la «característica fundamental» en las muertes que ocurrieron en el contexto de estas manifestaciones pacíficas.
El abogado y vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, aseguró en un video que «al día de hoy los venezolanos no conocemos la justicia en relación a lo sucedido el 11 de abril de 2002».
Detalló que se abrieron 79 investigaciones penales, como lo reconoció el Estado en su momento, pero «ninguna llegó verdaderamente a nada. No se alcanzó la justicia, ninguna llegó a la verdad de los hechos».
De esas 79 investigaciones, solo tres concluyeron en sentencia definitiva: una absolutoria y dos condenas «dudosas y sin evidencias (…) Las demás fueron archivadas o sobreseídas».
Para el Foro Penal, los ataques armados de los cuerpos de seguridad –por orden presidencial– contra los manifestantes eran «clarísimos crímenes de lesa humanidad que se cometieron en ese momento desde el poder contra la ciudadanía. La impunidad sigue siendo la regla».
Por su parte, el presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, aseguró que esa impunidad también se arrastra en organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que admitió la denuncia el 21 de octubre de 2006 sobre los sucesos del 11 de abril}
Después de la última actuación en esa instancia, en julio de 2007, sólo quedaba esperar la decisión, que no se ha concretado. El presidente del Foro Penal recordó la muerte de Jesús Espinoza, de 18 años, a quien asesinaron de un disparo en la cabeza en la avenida Baralt, de Caracas, y cuyo caso fue incluido dentro de esa solicitud en la CIDH.
«¿Qué pasó con el asesinato de esas otras 17 personas?, incluyendo este muchacho de 18 años que les comenté, quedó archivado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en deuda con los venezolanos, ya que habiendo admitido esa denuncia y habiéndose concluido todo el procedimiento relacionado con la misma, al día de hoy no se ha pronunciando para remitir ese caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos», señaló Romero.
Además, aseguró que ese año marcó el inicio de la represión política en Venezuela, que actualmente se mantiene bajo investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).»No es el 11 de abril de 2002 lo que investiga (la CPI), pero sí lo que ocurrió posteriormente».
Las manifestaciones del 11 de abril de 2002 y los movimientos de un sector de la oposición y el empresariado venezolano derivaron en un intento de golpe de Estado, la renuncia del entonces presidente Hugo Chávez y la instalación de un gobierno transitorio encabezado por Pedro Carmona Estanga. Chávez fue restituido en el poder dos días más tarde, tras permanecer en la isla de La Orchila.
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