Al cumplirse este miércoles, 1° de julio, un año de la agresión al joven tachirense Rufo Chacón, la coordinadora regional del Foro Penal Venezolano (FPV), Raquel Sánchez, informó a El Pitazo que no ha sido asignado el tribunal de juicio para los dos efectivos policiales. El adolescente perdió la visión, después de que fuera impactado por perdigones en su rostro disparados por funcionarios de la Policía del estado Táchira en medio del levantamiento de una protesta por gas.
Explicó Sánchez que después de tres diferimientos, se realizó la audiencia preliminar el 16 de enero de 2020, en la que los funcionarios deciden ir a juicio, pero el tribunal cuarto de control tardó en emitir el pronunciamiento de la dispositiva, cuando la decisión del juez en el momento de la audiencia debía salir motivada tres o cinco días después.
“Este pronunciamiento desde el punto de vista motivado, permite que se ejerzan unos recursos específicos y también que el tribunal de control se desprenda de ese proceso; ya en esa fase, se entra a la sección de alguacilazgo, en la que se va a distribuir nuevamente el expediente para que entre en la etapa de juicio y asigne el tribunal correspondiente, eso no ha pasado hasta el día de hoy”, precisó.
Acotó la defensora de Rufo Chacón que no hay justificación para que el juicio no haya iniciado, ni tenga la designación de un tribunal de juicio desde hace un año. “Vemos una paralización dentro del proceso porque en otros juicios cuando hay intereses de por medio, sí funcionan y sí caminan”, agregó.
Denunció Raquel Sánchez que el trato a los dos efectivos de Politáchira continúa siendo preferencial, porque después de que los habían trasladado al Centro Penitenciario de Occidente (CPO), volvieron a ser enviados a la sede del cuerpo policial al cual pertenecen.
“Ellos tienen 24 y 26 años de servicio en ese centro, y no sabemos si realmente el trato es como personas que están siendo judicializadas por una violación a los derechos humanos. Cuando hicimos pública esta situación hubo una orden desde la Fiscalía General de que fueran trasladados al CPO, pero una campaña en redes y a través de los medios de comunicación de familiares de estos funcionarios, satanizaba a Rufo y a su mamá justificando la actuación policial. Nosotros no estamos exigiendo que un inocente esté preso, estamos exigiendo justicia y que violadores de derechos humanos reciban sus sanciones”, añadió.
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