Cinco años presos y sin juicio llevan los funcionarios del Caso Petrozamora por presunta corrupción y saboteo contra la industria petrolera.
Por Sebastiana Barráez / Infobae
Un compañero de Adolfo Torres Vargas y Henry Anthony Sánchez Mora, dos de los 9 detenidos inicialmente, le dice a Infobae que “fueron víctimas de un procedimiento amañado por funcionarios de Dgcim”. Un año después, el presidente de Petrozamora fue destituido del cargo y señalado de corrupción. En el 2019 el general que dirigió la acción fue detenido por su cercanía con el entonces jefe del SEBIN, Cristopher Figuera, implicado en la Operación Libertad.
A propósito de las recientes declaraciones del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y del fiscal Tarek William Saab sobre la corrupción en Petróleos de Venezuela, señalando al ex ministro Rafael Ramírez Carreño, el caso Petrozamora tiene aspectos relevantes, precisamente cuando hoy se cumple cinco años de la detención de los imputados.
“La operación militar contra los trabajadores petroleros estuvo dirigida por el General de Brigada de la (GNB) Ramón Agustín Balza Liota, quien en complicidad con un grupo de funcionarios señalaron a mis compañeros en el Acta Policial, de haberse aprovechado de sus cargos en la Junta Directiva de Petrozamora, de capital ruso-venezolano, para sabotearla, poniendo en riesgo las relaciones internacionales con Rusia”, dice el ex trabajador petrolero.
Asegura que el fiscal del caso los acusó basándose en el contenido del acta policial de DGCIM. “Tal calumnia fue refrendada por la actuación fiscal, y como consecuencia el máximo representante del Ministerio Público difunde públicamente información viciada con argumentos procesales falsos, que llevó al repudio por parte del presidente de la República y la opinión pública, condicionando la actuación del sistema judicial, negación de justicia y retardo procesal que lleva cinco años”.
“Mis compañeros, que siguen en cautiverio, nunca trabajaron para la empresa mixta Petrozamora, mucho menos pertenecieron a su junta directiva como lo asegura el Ministerio Público en la acusación fiscal, cuyas imputaciones fueron desmentidas por PDVSA en comunicaciones oficiales que reposan en el expediente de la causa, en espera que su contenido se traduzca en justicia para ellos, una vez se realice el anhelado juicio”.
Asegura que Adolfo Torres Vargas tenía pocos meses de haber sido contratado en PDVSA, el mismo tiempo que tenía Henry Anthony Sánchez Mora como gerente de PCP. “Eso desmiente los señalamientos que les hacen de haber participado fraudulentamente en el equipo gerencial que acompañó la cuestionada gestión de Rafael Ramírez, quien salió de PDVSA en el año 2014 cuando fue nombrado Canciller de la República”.
El general Balza
Agrega el ex petrolero que el General Ramón Agustín Balza Liota cometió, en el 2017, acciones contra Adolfo Torres Vargas y Henry Anthony Sánchez Mora, “para crear descontento en la masa trabajadora que desbordara el orden establecido en detrimento de la continuidad operacional de la industria”.
Menos de dos años después, el 30 de abril de 2019, el General Balza Liota fue apresado porque habría participado en la Operación Libertad. En agosto del 2018, Juan Carlos Romero, presidente de la empresa mixta Petrozamora, fue destituido del cargo y señalado de corrupción porque habría asignado contratos beneficiando a empresas por 4 millones de dólares.
“El 4 de septiembre 2017, cuando detienen a los trabajadores petroleros, el General Balza Liota fingió haber apresado a su cómplice, Juan Carlos Romero, al esposarlo y trasladarlo con los detenidos desde Lagunillas hasta el Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana en Maracaibo dónde fue liberado en el estacionamiento”.
“Romero logró que sus funciones, establecidas en su descriptivo de cargo como directivo de la empresa mixta Petrozamora y sus correspondientes responsabilidades en el cargo, fueran plasmadas en el acta policial como si se trataran de las funciones y responsabilidades de los detenidos, que paradójicamente laboraban en una filial distinta”.
“Lo cierto es que Juan Carlos Romero avaló la desaparición de las ocho camionetas institucionales incautadas a los gerentes detenidos por el General Balza Liota, ya que no fueron devueltas a PDVSA y tampoco formaron parte de la cadena de custodia”.
“El 29 de enero 2022 el Teniente Coronel (GNB) Daniel Rengifo Soto, uno de los responsables en el proceso contra los trabajadores petroleros y uno de los firmantes del acta policial, fue aprehendido por los órganos de seguridad en el marco de la operación Mano de Hierro al estar involucrado, con una alcaldesa y una diputada a la Asamblea Nacional, en delitos de narcotráfico”.
“Hoy 4 de septiembre se están cumpliendo cinco años desde que mis compañeros Adolfo Torres Vargas y Henry Anthony Sánchez están presos sin haber sido enjuiciados. Las autoridades deben mostrar interés por esclarecer el caso, pues la aberrante confabulación que realizaron contra ellos llevó a tergiversar los hechos y presentar una verdad procesal que en nada se parece a la realidad”.
Son cinco años sin juicio y con retardo procesal. “Durante la fase preliminar la audiencia fue diferida cerca de 30 veces, celebrándose tres años después. Actualmente llevan más de 16 meses esperando que la Juez Primero de Juicio de Caracas célebre la audiencia de apertura. Han negado reiteradamente el decaimiento de la causa, aunque la Ley ordena sustituir la privativa de libertad cuando ésta supere los dos años y el reo no haya sido enjuiciado”.
Imputados y delitos
Inicialmente los detenidos fueron nueve: Gustavo José Malavé Bucce, Juan Camilo Carrillo Martínez, Director Ejecutivo y Subdirector respectivamente de Producción Occidente; Héctor Miguel Roque Ramírez, Gerente de Operación Integral de Plantas; César Amabilis Valera Villarroel y Adolfo Torres Vargas, Gerente de Negocio y Gerente General DSI de Producción Occidente respectivamente; Henry Anthony Sánchez Mora, Director Ejecutivo DSI Costa Oriental del Lago; José Manuel Marín Muñoz, Gerente Regional DSI Occidente; Bernardo Antonio Atencio Delgado, ex Director Adjunto de Producción Occidente; y Juan Carlos Barreto Ramos, Gerente de Operaciones de Producción Occidente.
Los delitos que les señalan, en el asunto penal BJ11-P-2017-000041, son: tráfico de material estratégico, asociación, obstrucción de la libertad de comercio, daños a la industria petrolera, peculado doloso y peculado de uso, en perjuicio de la Estatal Petrolera Petrozamora.
La denuncia
El apoderado de Petrozamora, Andrés Eduardo Arteaga, hizo la denuncia, ante el Ministerio Público, el 21 de agosto 2017; él dijo que el 7 de agosto en el área de Ceuta-Treco del Lago de Maracaibo, “se reportó la apertura del interruptor B-505 por sobre corriente en la Subestación L, afectando a las Subestaciones 36M y 37M, detectándose en el sitio una afectación en el transformador TX2 de la Subestación 36M, asociado al interruptor B-205 (aceite drenado a través de válvula de servicio y posibles daños a nivel de estructura por operación bajo carga sin aceite dieléctrico). Dicha situación irregular produjo una pérdida de producción asociada de 25.500 barriles que se traducen en una pérdida económica considerable”.
Según Arteaga, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) investigó “una serie de irregularidades que se suscitan en la empresa mixta Petrozamora S.A., conformada por la Corporación Venezolana de Petróleo S.A. y GazprombankLatin América Ventures B.V. (Rusia), la cual desarrolla sus actividades primarias en las áreas denominadas: Bachaquero Tierra, Lagunillas Tierra, Bachaquero Lago Bloque VII Ceuta, Bloque II Bachaquero y Bloque III Centro”. Agrega que lo ocurrido ya había sucedido y que los rusos lo habían denunciado “sin recibir una respuesta acorde a los intereses de ambas naciones”.
Dijo el abogado de Petrozamora en la denuncia que hizo ante la Fiscalía que “se tiene información que en Puerto Miranda existe una actividad clandestina presuntamente de contrabando, donde se fuga específicamente petróleo crudo a las Islas del Caribe e involucra a una empresa mixta de nombre Baripetrol junto con personal de PDVSA que se encarga de operar dicho puerto”.
En agosto de 2017 Petrozamora sufrió dos acciones de robo y sabotaje que costaron más de 21 mil barriles diarios, “evidenciándose la intencionalidad de ocasionar daños a la estructura eléctrica de los equipos que dan vida al suministro de energía en las estaciones de flujo. A raíz de este suceso los accionistas rusos solicitaron la averiguación inmediata de los ciudadanos Henry Sánchez, Adolfo Torres y José Manuel Marín”.
“La empresa Tratamiento Químicos, con su presunto gestor Juan Carrillo, es señalada de afectar la producción de Petrozamora. Igualmente, poseen el monopolio del negocio de los químicos (por el mecanismo de adjudicación directa, sin pasar por el proceso de licitación como lo exige la ley), seleccionando los proveedores que son calificados para vender a Petrozamora a cambio de jugosas comisiones”.
Lo que Rusia denunció
Entre los hechos que los rusos consideran irregulares y que habían denunciado está:
-Situación crítica en cuanto al suministro de gas, que trae consigo una disminución en la producción de crudo en los campos Lagunillas Tierra y Bachaquero Tierra. A partir del 2015 el suministro de gas por parte de Manejo y Medición de Gas de la Gerencia de Operación Integral de Plantas de la Dirección Ejecutiva de Producción Occidente (GOIP DEPO), se redujo de manera drástica y sin explicaciones válidas afectando significativamente la producción.
-Incumplimiento de acuerdos (tardía transferencia de los Patios de Tanques a Petrozamora).
-Manejo irregular del Complejo Patio Tanque que denotan comportamientos asociados al sabotaje.
-Disminución permanente del suministro de gas que garantizan la operatividad y por ende afectan la producción.
-Petrozamora cumplió el requerimiento de PCP, en cuanto a la entrega de 40 vehículos (tipo pick up), para patrullajes y reducir el índice de robos, sin embargo, más de la mitad están siendo utilizados fuera del ámbito de la empresa.
-Los índices de robo se han incrementado durante 2017, trayendo consigo pérdidas de decenas de millones de dólares; sólo en los campos de Lagunillas Tierra y Bachaquero Tierra, entre el 10 y el 14 de abril 2017, fueron hurtados, de las instalaciones donde operan 65 pozos: contactores, breakers, cables bajantes, conllevando a una merma en la producción de más de 3 mil b/d.
-Implementación de una metodología errónea por parte del Departamento de Seguridad Interna (PCP), a la hora de calificar y evaluar los hurtos, robos y sabotajes. Algunos trabajadores envueltos en episodios ilícitos.
-Premeditados retrasos en la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos en las unidades de compresión de gas, lo cual ha repercutido en la baja confiabilidad de los equipos, traduciéndose en paros repetitivos con un alto promedio de producción diferida.
La DGCIM
La Dirección General de Contrainteligencia Militar determinó que en Petrozamora estaría operando “una red muy bien estructurada y articulada para: sabotear el funcionamiento de la industria petrolera, retardar el normal funcionamiento de los procesos de la industria, con la finalidad de chantajear y/o extorsionar a los rusos”.
De ahí deducen que la intención de dicha red es “enriquecerse a través de acciones que van en detrimento de la imagen del Estado venezolano, puesto que el tratamiento en los medios de comunicación no enfatiza en individualidades, sino que por el contrario se enfoca en exaltar el nombre de la estatal petrolera, con la finalidad de robustecer las matrices de opinión que señalan a PDVSA como la herramienta idónea para la corrupción”.
La DGCIM calificó que “la cantidad de sucesos asociados al sabotaje, deja entrever la intencionalidad de ocasionar daños al convenio con Rusia, con el propósito de desestabilizar la economía nacional mediante una ruptura de los acuerdos, motivado al incumplimiento de las garantías exigidas”.
El Tribunal
La Fiscalía le dijo al Tribunal que según las investigaciones realizadas, por lo sucedido el 7 de agosto 2017, “se pudo corroborar que el domingo 07 de agosto, en horas de la madrugada se presentó según lo que reza en los reportes una alarma de intrusos a nivel de la Sub Estaciones Eléctricas: 36M y 37M, después de un par de horas, siendo la hora exacta la 1: 05 de la madrugada cuando se recibió por parte de OFIPET (despacho de carga), una alarma de detección de intrusos”.
A las 3 de la madrugada “se reporta la apertura del interruptor b-205 afectando las Sub-Estaciones eléctricas antes mencionadas una vez llegado el personal al sitio”. En el transformador 2 (TX2) de la Sub Estación 36 m, asociado al interruptor b-205, se observó “aceite drenado a través de la válvula de servicio y posible daño a nivel de estructura por operación bajo carga sin aceite dieléctrico; son transformadores gigantes que utilizan aceite para mantenerse operativos. Les sustrajeron el tapón, se drenó el aceite, se recalentó el transformador y ocurrió la falla eléctrica”.
El hecho “causó pérdida a Petrozamora de unos 25.500 barriles y de 1.192.000 dólares. Hubo pérdidas materiales asociadas al transformador, se antes hubo pérdida de 2 mil metros de cable submarino (serie 8000) de 15kv”. El comité técnico operacional nombrado por Petrozamora “constató la intervención de terceros de manera dolosa y premeditada como causa probable”.
“La ayuda requerida a la GOIP (Gerencia de Operación Integral de Planta), no fue atendida de manera oportuna y asertiva por el gerente Héctor Roque. Asimismo, la gerencia de seguridad industrial no ha cumplido con su función de garantizar la custodia, protección y vigilancia de las instalaciones de la industria petrolera como las subestaciones eléctricas afectadas por dos años, situación que no fue atendida de manera eficaz y resolutoria por parte de la junta directiva de PDVSA occidente”.
El 6 de septiembre 2017 fueron presentados ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Zulia, ocho de los detenidos, menos Bernardo Antonio Atencio Delgado, ex Director Adjunto de Producción Occidente.
El 8 de septiembre 2017, el abogado Jimmy Goite Blanco, Fiscal Sexagésimo Tercero (63°) del Ministerio Público con competencia Nacional Plena solicitó, ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, extensión Cabimas, radicar la causa, en base a cuatro artículos de prensa.
El 19 de septiembre de 2017, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según expediente R17-270, en ponencia de la magistrada Yanina Beatriz Karabín de Díaz declaró con lugar la solicitud de radicación del caso para Caracas.
Desde entonces han transcurrido cinco años y aún no han sido enjuiciados.
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