La ONG de Venezuela Fundaredes denunció este viernes que los actos «criminales» de grupos irregulares armados de Colombia que operan en zonas fronterizas, «con el aval» de la Fuerza Armada del país, suponen un «grave peligro» para las etnias indígenas en territorio venezolano.
EFE
«Un grave peligro amenaza a las etnias indígenas asentadas en territorio venezolano, especialmente en el Arco Minero del Orinoco, debido a las actuaciones perversas y criminales de las (disidencias de las) FARC, del ELN y los sindicatos (chavistas), que operan con el aval y permisividad de la Fuerza Armada Nacional», señaló la ONG en un comunicado.
Hoy #3sep @FundaRedes_ presenta su #Boletín34 investigación titulada “Etnias indígenas a merced de Grupos Armados Irregulares en la frontera venezolana”. pic.twitter.com/SZVbqqYqom
— FundaREDES (@FundaREDES_) September 3, 2021
Un grave peligro amenaza a las etnias indígenas asentadas en territorio venezolano, especialmente en el denominado Arco Minero del Orinoco, a consecuencia de las actuaciones perversas y criminales de las FARC y ELN #Boletín34
— FundaREDES (@FundaREDES_) September 3, 2021
Una reciente investigación de FundaRedes, titulada «Grupos armados irregulares someten a etnias indígenas en la frontera venezolana», afirma que «en la minería ilegal al sur de Venezuela participan activamente grupos armados irregulares».
Estos grupos, según la organización, «han penetrado en las comunidades indígenas y se imponen por medio de hostigamientos, persecuciones, desapariciones, torturas, abuso sexual, reclutamiento forzado, esclavitud moderna, además de causar un severo daño ecológico y cultural».
El informe detalló que los 44 pueblos originarios que habitan en Venezuela, además de algunas etnias seminómadas que deambulan de un lado a otro de la frontera con Colombia y Brasil, «están expuestos a las violentas acciones de grupos armados irregulares que controlan el paso de personas y mercancías».
El control se extiende al manejo de «productos de tráfico ilícito como el combustible, los minerales derivados de la explotación irracional del suelo y cualquier tipo de sustancia estupefaciente».
El documento reveló que, en agosto de 2021, comunidades autóctonas ubicadas en el estado Amazonas, fronterizo con Brasil, denunciaron el ingreso de garimpeiros (mineros brasileños) armados a su territorio.
Según FundaRedes, las coordenadas de ubicación de estos mineros ilegales, entre otros datos, fueron entregados por parte de la organización a las autoridades venezolanas después de que habitantes de los pueblos originarios yekuana y sánema aseguraran que «se cometieron asesinatos de líderes indígenas».
Para la ONG, «lo que comenzó con incursiones de miembros del ELN y de las disidencias de las FARC en estas zonas geográficas se ha ido extendiendo hasta permitirles controlar vastas áreas a lo largo del río Orinoco y de sus importantes afluentes que aportan el agua necesaria para la extracción del oro y funcionan como carreteras expresas para la rápida movilización de recursos».
«Esa ubicación estratégica permite a los grupos armados irregulares (GAI) consolidar operaciones transfronterizas, especialmente hacia Colombia, las cuales constituyen un riesgo para la estabilidad de la región», advirtió.
La organización aseguró que estas situaciones fueron denunciadas ante instancias locales, nacionales e internacionales, «debido a la vulneración sistemática a los derechos humanos de los pueblos indígenas ante la ocupación violenta de sus territorios y ante la desatención del Estado venezolano».
«Lamentablemente, el Estado no ha dado respuesta a estas denuncias, lo que ha llevado a los pueblos indígenas a convertirse en grupos vulnerables con un mayor impacto a consecuencia de la Emergencia Humanitaria Compleja que aqueja a Venezuela», aseguró Fundaredes.
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