Gleubis Sánchez: Un ACV y 18 convulsiones en dos años de prisión bajo el régimen de Maduro

Gleubis Alfonso Sánchez es productor audiovisual y trabajó con Óscar Pérez  en campañas sociales para ayudar a niños con cáncer, en la película Muerte Suspendida y en otros cortometrajes. Su delito es ese: conocer a Pérez, el policía que desafió al régimen de Nicolás Maduro y terminó asesinado en una emboscada. Así lo reseña Infobae.

Por Veda Everduim / Infobae.

La mañana del 27 de junio de 2017, Sánchez estaba presentando a su hija de dos meses ante el registro, para luego irse a grabar parte de la película Desafío Urbano en unas instalaciones ubicadas en El Calvario, en el centro de Caracas. Horas más tarde tuvieron que desalojar la locación porque entró en escena Óscar Pérez.

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El inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) había sobrevolado en un helicóptero las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio de Interior y Justicia con una única consigna: la aplicación del artículo 350 de la Constitución venezolana que invita a rebelarse contra todo aquello que vaya en contra de la Carta Magna; a rechazar lo ilegítimo, lo que esté fuera de las leyes y la democracia.

Un videoclip fue difundido en las redes sociales. Pérez, junto a un grupo de funcionarios encapuchados, había desafiado al régimen. Sus compañeros de trabajo, sus amigos, al igual que gran parte del país, no entendían qué pasaba.

El 7 de julio, diez días después, Sánchez estaba en su oficina de Plaza Venezuela junto a dos compañeros, Nazareth Vásquez y Gregory Urdaneta, quienes solo habían visto a Pérez un par de veces.

“Toti”, “Toti”, como le dicen sus allegados, le gritaron desde abajo. Se asomó desde su cubículo y no había nadie. Decidió bajar.

Al abrir las rejas estaba rodeado. Un golpe en la cara lo sorprendió. Eran funcionarios del Cicpc, quienes le advirtieron que tenían días tras su pista. Ellos buscaban el material del video que había sido publicado el 27 de junio. Pérez no había sido localizado tras la emisión de una orden de captura luego de que Maduro calificara el sobrevuelo del helicóptero como un “ataque terrorista armado”.

Entre los vehículos que utilizaron los funcionarios durante el procedimiento, había una camioneta que pertenecía a Óscar Pérez. De allí bajaron a un compañero de Sánchez, a Saúl Torres, quien estaba golpeado. El teléfono de Torres fue la pieza para localizar a Sánchez y a sus dos compañeros.

Días antes, Sánchez, previendo la posible visita de los funcionarios debido a su cercanía con Pérez, advirtió a sus compañeros que debían borrar todo el material de trabajo con Óscar Pérez para evitar posibles malos entendidos. La conversación, que se produjo en un grupo de WhatsApp, conformado por Torres, Sánchez, Vásquez y Urdaneta, llegó a manos de los funcionarios y fue “la prueba” que entregaron a la Fiscalía.

El primer fiscal del caso, al revisar los discos duros de Sánchez, aseguró que no había pruebas suficientes para la detención y, según explicaron sus familiares, la responsabilidad del caso fue entregada a la jueza Belkys Arévalo.

A pesar de la falta de pruebas, Sánchez y sus compañeros, con quienes comparte expediente, fueron inculpados de ocho cargos: robo de aeronave y fusiles, violación del espacio aéreo, tráfico de municiones, traición a la patria, cooperación y financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. Dos años después, solo quedan dos de ellos, pero de peso: asociación para delinquir y cooperación al terrorismo.

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El domingo 9 de julio, dos días después de su detención, se realiza una defensa pública de la mano de Judith Trillo, la primera abogada con la que contaron para el caso, asignada por el Tribunal. Ella logró que se descartaran la mayoría de los cargos. Al finalizar el proceso, la jueza dictaminó 45 días privativos a los acusados.

Luego de 30 días, cambiaron al fiscal del caso y presentaron las mismas pruebas.Todo siguió igual. En ese tiempo se debió realizar la audiencia preliminar, pero fue diferida 15 veces y se terminó produciendo casi un año después, el 13 de junio de 2018.

Los primeros 45 días de detención fueron los más difíciles. Sánchez y sus compañeros estuvieron esposados la mayor parte del tiempo. Así dormían y comían y sólo les permitían ir al baño tres veces al día: a las seis de la mañana, a las doce del mediodía y a las seis de la tarde.Debían debatirse entre tomar agua y abstenerse de ella para evitar ir al baño.

Sánchez lleva ya dos años recluido en la sede del Cicpc de la avenida Urdaneta, en el edificio Icauca, en el piso 1 de la División Antiterrorismo. No es una cárcel, son oficinas, que debieron ser acondicionadas tiempo después para mejorar las condiciones de reclusión. Él y sus compañeros son los únicos detenidos en el edificio.

Al principio dormían en colchonetas en el piso, en lo que se suponía era una sala de visitas. Durante esos 45 días pasó la mayor parte del tiempo agachado y esposado.

Sánchez empezó a padecer de dolores de cabeza y el 26 de febrero de 2018 sufrió un ACV isquémico. Luego aparecieron las convulsiones. Ya van 18. Cada vez que sufre alguna, termina en algún centro de salud, que normalmente se trata de Salud Chacao, porque los que están cercanos al lugar de reclusión no cuentan con los medicamentos para tratarlo.

El último episodio, que sufrió el 19 de junio, encendió las alarmas y su familia decidió denunciar lo que ocurre. Esa semana, Sánchez cumplió 29 años y seis desde que conoció a su esposa, Alexandra Zambrano, quien contó a Infobae cómo ha sido el proceso de Sánchez desde su detención.

Por el caso aún también siguen detenidos Sánchez, Saúl Torres y Frank Cabañas, un quinto detenido que llegó días después, acusado de haber participado en el robo del helicóptero. Está en manos de la juez Carol Padilla, quien es la encargada del caso de Juan Requesens, el diputado venezolano acusado de haber participado en el supuesto intento de magnicidio contra Maduro ocurrido en agosto del 2018.

Hasta este 1° de julio, Venezuela contabiliza la alarmante cifra de 630 presos políticos, siendo el Distrito Capital, lugar donde están ubicados los poderes públicos nacionales, la zona con mayor número, 118, de acuerdo con la ONG venezolana Foro Penal.

Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, visitó recientemente el país y pidió liberar a los presos políticos que aún seguían tras las rejas. Maduro se comprometió a atender sus recomendaciones.

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La madre de Sánchez asistió a una reunión que se realizó con los familiares de los presos políticos en la que entregaron una carta a la alta comisionada para explicar el estado de salud de su familiar.

En él denuncian que la juez le negó una medida sustitutiva o cautelar y mantuvo la medida privativa de libertad a pesar del estado de salud que presenta el detenido.

“Siempre se ensañaron en contra de Gleubis Sánchez y Saúl Torres debido a que la juez y la fiscal son simpatizantes del régimen”, se puede leer en la misiva.

Para Alexandra, su esposo y los compañeros que aún quedan detenidos, Torres y Cabañas, son como un trofeo para el régimen porque “nadie los toca”.

“Pensamos que hay alguien con mucho poder que quieren que estén ahí”.