En febrero de 2021 los militares venezolanos atacaron un campamento de las disidencias de las FARC y entre los caídos apareció una mujer de la etnia jiwi. Fue uno de los primeros indicios públicos de una realidad que hoy afecta a distintas comunidades aborígenes: las guerrillas colombianas utilizan diferentes anzuelos para atraer a los jóvenes y sumarlos a sus filas.
María Antonieta Segovia | Joseph Poliszuk | María de los Ángeles Ramírez | El País
La muerte de una joven de la etnia jiwi en un ataque de la Fuerza Armada venezolana contra un campamento de las llamadas disidencias de las FARC en el Estado de Amazonas hace un año, en febrero de 2021, ofreció un indicio claro de dos hechos: no solo de que los grupos armados colombianos se habían desplazado al sur de Venezuela, sino que, además, contaban entre sus filas con aborígenes reclutados en el sitio.
La operación, denominada precisamente Jiwi por el mando militar venezolano, fue parte de una ofensiva inédita de Caracas contra las guerrillas colombianas. Apenas un mes más tarde, en marzo de 2021, hubo otro ataque de fuerzas aéreas y terrestres combinadas contra posiciones del Frente Décimo de las disidencias de las FARC —comandado por Miguel Botache, alias Gentil Duarte— cerca de la población de La Victoria, sobre la ribera norte del río Arauca que hace frontera con Colombia, en el Estado de Apure.
La escalada puso en evidencia un nuevo elemento en la tensa situación de la frontera sur de Venezuela, en particular en las regiones de Los Llanos y Guayana, donde por mucho tiempo el chavismo se ha mostrado indiferente —o bien dispuesto a la convivencia— con la presencia cada vez más patente de los grupos armados colombianos.
En cualquier caso, la campaña militar coincidió con las noticias de que las disputas internas entre las diferentes facciones guerrilleras por el control de negocios ilícitos y territorios se habían transformado en combates. Y la intervención de las fuerzas armadas venezolanas ha sido, en el mejor de los casos, opaca. Al menos tres destacados líderes de las disidencias de las FARC —Jesús Santrich, El Paisa y Romaña—, fueron asesinados en menos de un año en Venezuela sin que Caracas difundiera una versión oficial sobre esos episodios.
El ataque de febrero de 2021 apuntó a un campamento de la guerrilla en las afueras de la comunidad de Santo Rosario de Agua Linda, una comunidad indígena de 300 habitantes a unos 45 minutos al sur de Puerto Ayacucho, capital del Estado de Amazonas. Estuvo a cargo de tropas de la 52 Brigada de Infantería de Selva del Ejército, con alrededor de 170 efectivos. Por parte de la Fuerza Aérea tuvieron su bautismo de fuego los aviones de entrenamiento y de ataque táctico Hongdu K-8W Karakorum adquiridos a China en 2010.
Según el parte militar, en el asalto murieron seis personas del campamento, incluyendo a la joven jiwi oriunda de la comunidad Coromoto, ubicada en el eje carretero sur del Estado, una vía que desemboca en el puerto de Samariapo, punto de partida para el transporte fluvial hacia el interior del Amazonas. De acuerdo con la información oficial, la muchacha indígena se había enrolado en las filas insurgentes.
La transformación de la zona, por lo general un punto de interés turístico, en un teatro de operaciones de guerra, ha sido la culminación de un proceso iniciado en 2016.
N.G., habitante de la comunidad vecina de Botellón de Agua Linda, recuerda bien el día del ataque. Fue un domingo a las diez de la mañana, en plena ceremonia religiosa en el salón comunal. Primero se escuchó el sobrevuelo de los aviones, “luego vinieron los disparos y un estallido”, relata. Los bombardeos se prolongaron por tres días.
Emiliano Mariño es el capitán o cacique de Santo Rosario, la comunidad afectada por el operativo militar. La economía local depende de la producción de casabe y mañoco, dos preparaciones tradicionales de la yuca. Sus paisanos son jiwi, un pueblo también conocido por los criollos como guahibos, cuyos dominios se extienden desde Los Llanos del oriente de Colombia hasta la margen derecha del Orinoco, en Venezuela.
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