Miles de ciudadanos desoyen este sábado la ya acostumbrada prohibición de venta y consiguiente consumo de alcohol durante los procesos electorales, una norma que, como muchas otras en Venezuela, resulta ignorada por el grueso de la población.
La medida, que es conocida como “ley seca”, busca evitar que las pasiones políticas se desborden bajo los efectos del alcohol y, por regla general, limita la venta de estas bebidas por 72 horas repartidas antes, durante, y después de las elecciones, como ocurre desde este viernes, en vista de la cercanía de los comicios parlamentarios de este domingo.
Pero esta medida no limita por completo la ingesta de alcohol, porque muchos consumidores tienen reservas compradas días antes, mientras que otros acuden a alguno de los expendios ilegales que han proliferado a lo largo del país desde 2014, cuando se vieron los primeros síntomas de la crisis que atraviesa el país.
“Hay que subsistir, hermano”, dice a EFE Alirio Sánchez, dueño de un improvisado bar en el sector Isaías Medina de Catia, un enorme barrio pobre del oeste de Caracas.
Allí, la vida no se detuvo en marzo pasado, cuando el Gobierno venezolano decretó una cuarentena para frenar los contagios de la COVID-19. Tampoco se detuvo la fiesta cuando entró en vigor la prohibición de venta de alcohol que rige hasta el lunes.
En este y otros barrios deprimidos de Venezuela es común ver a jóvenes consumiendo alcohol en las esquinas. A los vecinos exhibir en las ventanas de las precarias viviendas botellas de licor a un precio menor al que las ofrecen los licoreros formales.
“Es incalculable”, dice Sánchez sobre su previsión de ingresos para este fin de semana, mientras en su bar media decena de personas apiñadas en un rincón bebían cervezas. “Más de lo normal”, añade con una sonrisa el hombre de 57 años.
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