El diputado Ismael León pertenecía al a Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Desde que se presentó sus denuncias por el manejo de las Tiendas Clap, se encuentra en inmerso en una situación judicial irregular.
El diputado Rosalio Ismael León Luque fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) el 21 de enero 2020 porque le resultó imposible seguir escondiéndose. Quizá nunca imaginó que su insistencia al solicitar, en el año 2018, la investigación sobre los negocios que hacía Alex Naín Saab Morán, le iba a costar ser relacionado a terrorismo, detenido y desde hace cinco meses estar en casa por cárcel sin juicio, ni siquiera audiencia preliminar.
El problema de León Luque se remonta, desde el momento en que es integrante de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, cuyo presidente era Freddy Francisco Superlano Salinas, oriundo del estado Barinas y obligado a abandonar la presidencia por un escándalo de corrupción.
Ismael León llevó el 23 de octubre 2018 una denuncia escrita, dirigida a Superlano, para investigar las Tiendas CLAP con énfasis en las empresas Salva Foods 2015 CA, dirigida por Carlos Rolando Lizcano Manrique y José Rolando Higuera Lizcano, y en Alex Saab. Esas Tiendas CLAP no es el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), la de las cajas de alimentos que reparte el Gobierno de Nicolás Maduro, sino lo que antes era Abastos Bicentenario que los convirtieron en Tiendas CLAP, que vende en divisas, incluso electrodomésticos y son unos grandes supermercados. Mientras por una parte el chavismo expropió y eliminó los CADA y Central Madeirense con la excusa del capitalismo, por la otra creaba las Tiendas CLAP más grandes y equipadas.
El diputado León le dijo entonces a la Comisión de Contraloría que en el puerto La Guaira encontró contenedores llenos de alimentos de primera y habló con la persona que dirigía esos locales, quien le dijo: “Diputado, este es un acuerdo que yo hice con el ministro Tarek El Aissami. Yo le pago el 1% de la venta diaria de cada local y le pago un canon de arrendamiento de acuerdo con el tamaño de cada local”. El parlamentario alerta a sus compañeros de Contraloría que los Abastos Bicentenarios eran unos 600 abastos en todo el país y que ahora eran Tiendas CLAP con comida Polar e importada, además de electrodomésticos, toda la línea blanca. Así el 23 de octubre 2018 quedó formulada formalmente la solicitud de investigación.
Un año después, el 25 de septiembre 2019, sale una comunicación de la Comisión de Contraloría, dirigida a Carlos Lizcano Manrique, que es una certificación de que no hay irregularidades en el caso de las tiendas CLAP ni relación alguna de ellas con Alex Saab. Nunca se investigó lo del fraude que representa el Programa Social, la eliminación de los Abastos Bicentenarios con comida para el pueblo, disfrazándolas en las Tiendas CLAP.
Después, obviando las investigaciones que los parlamentarios venían realizando sobre Tiendas CLAP, sale una carta firmada por el presidente y vicepresidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano y Conrado Antonio Pérez Linares respectivamente, dirigida al primer ministro de Bulgaria, diciendo que todo lo relacionado con las empresas CLAP cumple con sus requisitos.
El diputado Ismael León Luque quien, aunque era suplente, nunca faltaba a las reuniones de la Comisión de Contraloría empezó a manifestar su curiosidad por lo que estaba sucediendo alrededor de Tiendas CLAP.
Hubo una evidente irregularidad. El día previo al anuncio de la entrega de la Ayuda Humanitaria, el 23 de febrero 2019, en la frontera, el diputado Freddy Francisco Superlano Salinas aparece involucrado en un escándalo por lo ocurrido en un hotel de Cúcuta, Colombia, cuando él y un primo suyo, que murió en el lugar, fueron drogados con escopolamina por unas mujeres que conocieron en un sitio nocturno. Desde entonces Superlano nunca vuelve a presentarse ante la Comisión de Contraloría; es designado como presidente de la misma Conrado Pérez de Primero Justicia. Poco después empieza a salir las denuncias de las cartas emitidas por la Comisión y firmadas por Superlano, quien ni siquiera estaba en el país.
El personal de la Asamblea Nacional, específicamente de la Comisión de Contraloría, les dijo a los parlamentarios que el sello de la Comisión no estaba ahí, sino que lo cargaba Superlano Salinas, quien había montado una correspondencia paralela.
Debido a eso, el diputado Ismael León lleva las pruebas contra Superlano ante su partido Voluntad Popular (VP), cuyo caso es analizado por la Comisión de Resolución y Conflicto (CRC) que dirige el doctor Gustavo Velásquez. El 1 de diciembre 2019, luego de un inmenso escándalo, por la investigación del portal ArmandoInfo, VP decide separar de la Comisión de Contraloría a los diputados Guillermo Luces, Richard Arteaga y Freddy Superlano. “Iniciamos una investigación interna y un proceso disciplinario para determinar las responsabilidades de las personas involucradas en la acusación. Los diputados ya han sido notificados al respecto. Los parlamentarios señalados estarán sometidos a cualquier investigación, medio u organismo independiente que permita llegar al fondo de este caso, garantizar el derecho a la defensa y aclarar su participación en cualquier hecho irregular”, dijo entonces VP en un comunicado publicado ese día 1 de diciembre.
También el partido Primero Justicia accionó contra tres diputados de su tolda y en un comunicado expresó: “Continuaremos la investigación por parte del Tribunal Disciplinario de nuestro partido para los diputados Luis Parra, José Brito y Conrado Pérez, con el objetivo de esclarecer estas denuncias y determinar responsabilidades en caso de que existan”.
Pero si el diputado Ismael León creyó que ahí había terminado el problema, se equivocó. Siguió denunciando casos de corrupción como la llamada Operación Alacrán, que consistió en una estrategia montada desde sectores del Gobierno de Nicolás Maduro, la cual aseguraba que la intención era captar a diputados opositores que, a cambio de hasta un millón de dólares, no votaran por Juan Gerardo Guaidó Márquez para que no repitiera en la presidencia de la Asamblea Nacional.
El 21 de enero 2020 el parlamentario Ismael León se fue a una sesión de la AN que sería en la Casa Nacional de Acción Democrática (AD). Entró al lugar, firmó, dio unas declaraciones sobre los colectivos y se fue a conversar con un amigo entre unos carros en plena avenida pública. Un grupo de hombres, que después se supo eran funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) lo interceptaron, lo introdujeron dentro de un vehículo y lo encapucharon.
Ya en la sede del SEBIN los funcionarios le dieron trato respetuoso, pero como el diputado había sufrido hacía un año antes un infarto, le dio en el SEBIN un ataque hipertensivo y cuando los funcionarios constatan que su tensión se disparó a 200-180 con alto riesgo de una embolia cerebral, deciden no dejarlo recluido sino llevarlo hasta su apartamento en una populosa parroquia caraqueña.
El ministro de comunicación Jorge Rodríguez señaló a los diputados Gilber Alexánder Caro Alfonzo e Ismael León en la llamada Operación Aurora del 22 de diciembre 2019. Esa acción, en el 513 Batallón de Infantería Selva Mariano Montilla, ubicado en el sector Luepa, municipio Gran Sabana del estado Bolívar, no fue un alzamiento militar ni intentona golpista. Un puñado de militares retirados y un pequeño grupo de pemones, tomaron el parque de armas y sacaron 112 fusiles AK 103 y municiones.
Según la acusación contra León Duque éste habría viajado a Colombia, de allí a Ecuador, Perú y Brasil para perpetuar lo del atentado al Batallón del estado Bolívar. Lo insólito es que no hay registro alguno que indique tal travesía e incluso familia del parlamentario asegura que él nunca ha salido del país, ni siquiera fue a Cúcuta cuando la Ayuda Humanitaria y tampoco conoce el estado Bolívar. El diputado, miembro de la Dirección Nacional de Voluntad Popular, está casado y tiene dos hijas, una de ellas recién graduada en periodismo.
La detención del parlamentario le causó un peligroso riesgo de salud, que obligó a que una semana después debiera ser operado de urgencia de un cateterismo porque sus arterias estaban obstruidas, a la vez que debieron operarlo de una hernia.
A pesar de que la Comisión de Contraloría nombró una Comisión especial dirigida por el diputado Edgar Zambrano e integrada por Stalin González y la diputada de Primero Justicia Marialbert Barrios, para que investigara lo sucedido internamente en esa Comisión bajo la presidencia de Superlano y Conrado Pérez. El tiempo pasó y el informe aún no lo han presentado.
Con información de Infobae
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