Durante el período correspondiente a los dos meses del estado de alarma en Venezuela, del 13 de marzo al 13 de mayo de 2020, producto de la pandemia del COVID-19, se constató un patrón de persecución y hostigamiento contra personas críticas de diferentes gremios y sectores de la sociedad civil. Durante el primes mes la denominada Furia Bolivariana, un llamado realizado desde el propio Nicolás Maduro, se generó una ola de hostigamiento contra viviendas de líderes sociales y políticos de oposición, así como a personas críticas. El marcaje de viviendas familiares por parte de la Furia Bolivariana con epítetos amenazantes se extendió por todo el país. En total 58 viviendas en 19 estados fueron vandalizadas y marcadas como enemigos del gobierno nacional. Una advertencia preocupante que pone en riesgo la integridad y vida no sólo de sus habitantes sino para todas las personas que tienen posturas críticas al Ejecutivo Nacional. Sus perfiles fueron: 51 personas activistas de partidos políticos, 2 defensores de DDHH, 4 comunicadores sociales y 1 hermano del ex alcalde del municipio El Tigre.
En estos dos meses se pudo constatar al menos 85 detenciones de carácter arbitrario que no cumplieron con los procedimientos del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa en su integridad. Contra periodistas, comunicadores y miembros de medios de comunicación se realizaron 22 detenciones; Contra funcionarios públicos o personas vinculadas a funcionarios de oposición 11 detenciones; médicos o personal de salud 12 detenciones; trabajadores de las empresas públicas 3 detenciones; defensores de derechos humanos 4 detenciones; educadores 3. Un grave patrón detectado fueron las detenciones arbitrarias contra familiares de personas que están siendo buscadas o solicitadas por los órganos de seguridad como forma de presión para que revelen el lugar donde pudieran estar o para que se entreguen. Se monitorearon 8 detenciones adicionales contra personas con perfil diverso. En el caso de las detenciones a la academia de béisbol Valhis Academy sumaron 5 detenciones.
Se pudo tener registro, con nombres y apellidos, de 51 personas que fueron arbitrariamente detenidas en el marco de protestas. Manifestaciones como mecanismo de denuncia y exigencia de la intervención del Estado en materia de cortes eléctricos, acceso al agua, al gas, y de necesidades de alimentos. En este conteo hay subregistro ya que han ocurrido detenciones masivas sin que quede registro, o sin que las personas posteriormente hagan las denuncias correspondientes.
Por último, se contabilizó el lamentable saldo de 2 personas asesinadas en el contexto de las protestas. La primera en Upata estado Bolívar y la segunda en Mérida. Ambos hombres se encontraban manifestando pacíficamente por demandas de alimentación y servicios. Aún se desconoce, en ambos casos, los perpetradores y no existen resultados de investigación por parte del Ministerio Público para determinar culpables.
La nueva prórroga del estado de alarma y de excepción, la respuesta militarizada a la pandemia, la cada vez mayor falla en los servicios fundamentales como agua vital para enfrentar al Covid-19, la falta de programas sociales universales de alimentación, la imposibilidad de la normalización de jornadas de trabajo que permitan a los más necesitados y las personas que sobreviven generando ingresos diarios, así como el cierre de casas de alimentación y colegios que asistían en alimentos a un amplio sector de la población más necesitada, nos lleva a aumentar las alarmas y preocupaciones sobre las condiciones de deterioro del acceso a derechos económicos, sociales y culturales y sus consecuencias. La respuesta a demandas válidas, y que necesitan atención inmediata por parte del Estado, no puede seguir siendo la represión indiscriminada, las detenciones arbitrarias o el asesinato de personas con necesidades vitales y más vulnerables.
Exigimos el cese de la represión, la persecución y el hostigamiento frente a la crítica y un abordaje, diferenciado, participativo, universal y con transparencia en los datos y las cifras de casos, que permitan disminuir las violaciones a derechos humanos en tiempos donde la concertación, la promoción y garantía de derechos es la forma adecuada de enfrentar la Pandemia que aqueja al planeta y a nuestro país.
A continuación, se presentan los datos pormenorizados del monitoreo realizado en estos 2 meses de estado de Alarma por el Covid-19.
Contexto normativo: Estado de alarma y de excepción; emergencia económica.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece, en su artículo 338, que podrá decretarse “Estado de Alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación, o de sus ciudadanos y ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta treinta días, siendo prorrogable hasta por treinta días más”. El 13 de marzo de 2020, en el marco de la Pandemia por el Covid-19, Nicolás Maduro emitió el decreto 463/2020, publicado en Gaceta Oficial N° 6.528, decretando el estado de alarma.
Es importante recordar que, desde el 15 de enero de 2016, en Venezuela se aprobó un decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, prorrogado por más de 4 años de manera inconstitucional. Esto le ha permitido a Nicolás Maduro ignorar la Asamblea Nacional para gobernar de manera discrecional y sin contraloría durante los últimos años.
El decreto de estado de alarma se renovó el 12 de abril y aunque la CRBV dice que será prorrogable sólo una vez, el 12 de mayo volvió a prorrogarse, siendo publicado en Gaceta Oficial Nº 6.534 la extensión del decreto de estado de excepción y emergencia económica en todo el país. La medida entró en vigencia desde el 4 de mayo y tendrá una duración de otros 60 días.
Actualmente Venezuela se encuentra bajo un Estado de Excepción y Emergencia Económica y de Alarma. Es en el marco de este período, del 13 de marzo al 13 de mayo, que Provea y el Laboratorio de Paz hemos realizado un monitoreo de las actuaciones gubernamentales que podrían estar vulnerando derechos a la libertad personal, libertad de información y expresión, a la vida y a la manifestación. Aunado al seguimiento a procesos de criminalización, amenazas y hostigamiento contra personas que pudieran hacer críticas a las políticas gubernamentales en este período.
Lee el informe completo en Provea
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