En el año 2020 lo que más le quitaba el sueño a Reina Mata, directora de la escuela Fe y Alegría Madeleilis Guzmán, ubicada en Cariaco, estado Sucre, era aumentar el precio de la colaboración por matrícula. El monto de la colaboración hasta entonces era de 10 bolívares, pero el nuevo precio duplicaba el monto, por lo que pensaba, resignada, que quedaría sin matrícula.
Este año un temor similar experimentó Marisol Mendoza, directora del preescolar San José de Calasanz Fe y Alegría, construido en la populosa parroquia 23 de Enero, en Caracas.
Mendoza cuenta que ella, junto a su equipo de trabajo, hicieron el cálculo para establecer el costo del preescolar para el año escolar 2022-2023, el cual arrojaba que cada representante debía aportar 18 dólares mensuales por cada estudiante: 13 dólares más que el año escolar pasado.
La estructura de costos es un cálculo en el que se organizan los ingresos y gastos de un centro educativo, en un documento que debe incluir todos los costos necesarios para que el plantel educativo funcione y pueda cumplir con su objetivo: garantizar educación de calidad.
“Hace un año estábamos cobrando el equivalente a 5 dólares que no era suficiente, pero los cobramos”, contó Mendoza. Para ese entonces la estructura de costos era 7,29 dólares, pero se quedaron en 5 para ajustarse a lo que los padres podían pagar.
De acuerdo al reglamento del Ministerio de Educación, cada escuela informó a los representantes sobre el aumento de la colaboración por matrícula en el consejo educativo.
En la escuela San José de Calazán la reunión no fue sencilla: cuando les informaron el nuevo costo a los representantes no lo podían creer. “¿Entonces nosotros tenemos que pagar 18 dólares, profe?”, preguntaron alarmados ante el nuevo aporte. El nuevo monto representaba aumentar tres veces lo que habían cobrado en el preescolar el año anterior por estudiante.
En Venezuela el salario mínimo es de 130 bolívares y el bono de alimentación corresponde a 45 bolívares más, por lo que el mínimo integral de un trabajador es de 175 bolívares; ese monto es el equivalente a 15,55 dólares, según el cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela para el 2 de diciembre de 2022. Para algunas familias este monto representa dejar de comprar 10 kilos de harina al mes.
Por esta razón, la dirección acordó, junto con los padres y representantes, dejar la colaboración mensual equivalente en diez dólares al cambio, con la condición de que el dinero faltante se alcance con rifas, verbenas y otras actividades de autogestión.
No alcanzan los ingresos
Los colegios de Fe y Alegría son planteles subvencionados e integran la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) y, como todos, están obligados a cumplir con los lineamientos del Ministerio de Educación, entre esos la definición de la estructura de costos del centro.
Para calcular cuánto cuesta mantener una escuela durante un año, deben contemplarse todos los gastos del plantel en cuanto a papelería, libros, cuadernos, lápices, fotocopias, impresiones, material de limpieza, pago, alquileres, internet, teléfono, agua, electricidad, aseo urbano e impuestos, así como los gastos propios de capacitación y adiestramiento del personal, y las mejoras de la planta física en los que se pretenda invertir durante el año.
Para el año escolar 2022-2023, el monto no solo aumentaría por la devaluación, sino también por el aumento de los servicios básicos como el aseo urbano, que puede llegar a costar entre 20 y 40 dólares al mes; Internet privado, que puede variar entre 30 y 100 dólares; y los impuestos municipales que están obligados a sufragar los planteles.
En el colegio Fe y Alegría Madeleilis Guzmán el cálculo de gastos e inversión para el año escolar 2022-2023 se estimó en 256.183,76 bolívares. Para cubrir ese monto se necesita por cada estudiante un aporte de 26 dólares al mes; pero optaron por dejarlo en 10 dólares mensuales, un monto accesible para padres y madres.
Una cosa es lo que dice el presupuesto y otra la economía. La estructura de costos de la escuela de Fe y Alegría Madeleilis Guzmán fue calculada en julio de 2022 con un dólar valorado en 5,5 bolívares, en octubre al inicio del año escolar 2022-2023, el precio del dólar superaba los 10 bolívares: la inflación, entonces, se comió el 50% de lo estimado en el cálculo hecho por la comunidad educativa.
En el estado Sucre la principal fuente de empleo es la pesca, agricultura, además de una deprimida actividad turística y comercial. Quienes se dedican a la venta de pescado y verduras pueden ganar entre 1 y 3 dólares al día.
Un representante que dependa de una venta de pescado debe disponer las ganancias de cuatro días para poder costear solamente el aporte mensual de un estudiante en la escuela Fe y Alegría Madeleilis Guzmán.
Por eso los directores saben que no es suficiente hacer el cálculo y establecer el monto de la matrícula, sino lograr la recaudación. Reina Mata recordó que el porcentaje de recaudación de la colaboración por matrícula fue de 60% el año pasado, y hasta la fecha de publicación de este trabajo periodístico el equipo directivo sigue “recogiendo dinero” correspondiente al año 2021-2022.
Pero como no recaudaron el 40% del dinero esperado el año pasado, según Mata, dejaron de comprar la computadora que necesitan para realizar el trabajo administrativo y siguen pagando fuera del centro. “Debemos venir a cumplir con lo que podíamos en el centro educativo y, posteriormente, salir a resolver dónde conseguíamos un equipo para el llenado de los formatos y la conectividad para enviarlos”, relató.
Sin recursos no hay mantenimiento ni mejora
Un estudio realizado por la plataforma de información humanitaria HUM Venezuela, reveló que, hasta marzo de 2022, al menos 4,9 millones de niños, niñas y adolescentes asistían a escuelas básicas con severos problemas de infraestructura y 1,6 millones dejaron de asistir regularmente por las “condiciones inadecuadas de las escuelas”.
Las principales causas de deterioro eran el mal estado de las edificaciones o los espacios físicos (74,7%) y de los pupitres e instalaciones sanitarias (66,4%), además de un servicio irregular de electricidad (67,6%), un suministro de agua con interrupciones (78,5%), y la falta o la disponibilidad insuficiente de transporte escolar (93,8%).
De las fallas no se escapa Fe y Alegría. Marisol Mendoza lamentó no haber podido pintar el preescolar San José Calazan el año pasado, pues el precio del trabajo era de apenas 160 dólares, pero tenían otras urgencias como renovar bombillos y recuperar la cerámica de un baño, en lo que consumieron más de 400 dólares de los ingresos de la escuela.
Pintar una escuela o impermeabilizar son obras que superan los presupuestos de los planteles. De acuerdo a los precios del mercado, para pintar un salón de clases con una pintura promedio se necesita invertir por lo menos 70 dólares. Impermeabilizar un salón es casi impensable, porque la inversión ronda los 200 dólares.
Para comprar un pupitre nuevo o un módulo de mesa silla, de acuerdo a su calidad y cantidad, una escuela debe pagar entre 10 y 50 dólares. Ni hablar de los escritorios y sillas para maestros, que superaría los 50 dólares adquirir una unidad de trabajo por salón.
Ante estos presupuestos, cualquier escuela optará por recuperar lo que existe con reparaciones menores, que a veces no resuelven los problemas.
Tanto Marisol como Reina no ocultan su miedo de perder a los estudiantes que no pueden pagar, pero saben que no están solos e insisten en dar todas las posibilidades de pago para asegurar la permanencia de NNA, mientras con otros aliados buscan apoyo para realizar las mejoras que necesitan en baños, salones y techos o la dotación de equipos y tecnologías.
La educación es responsabilidad del Estado
Según el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y la Ley Orgánica para la protección de NNA refieren que el Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con “prioridad absoluta”, la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.
Luisa Pernalete, profesora y coordinadora del Proyecto de Ciudadanía y Paz de Fe y Alegría, recordó que el Estado tiene la obligación de destinar los recursos necesarios para que el derecho a la educación sea garantizado, a través de las mejoras de infraestructura y suministro de recursos.
Aunque hay cosas que se consiguen con apoyos de aliados como en Fe y Alegría Madeleilis Guzmán, donde se restituyó el servicio de internet CANTV gracias al apoyo de la empresa y gestión de representantes; o se logró conseguir una computadora con una donación a inicio de este año escolar. Hay trabajos mayores que necesitan grandes inversiones.
“Es bueno que la comunidad coopere con las escuelas, pero la infraestructura no debe ser responsabilidad de las comunidades, eso le toca al Estado que administra dinero”, reiteró Pernalete.
Garantizar el derecho a la educación en condiciones de calidad y sin exclusión sigue siendo una tarea pendiente que amerita participación de todos los involucrados y la inversión de recursos de la comunidad, gobierno y todas las instituciones que hacen vida en el país.
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