La persecución en Venezuela «se ha vuelto más cruel» y trata de «atemorizar» a quien apoye al partido de la líder opositora María Corina Machado, a pocos meses de las elecciones, afirmó este jueves en Washington el Instituto Casla.
AFP
Este centro de estudios sobre América Latina con sede en Praga ha contabilizado al menos 16 nuevos casos de tortura y represión entre marzo de 2023 y marzo de 2024 que fueron enviados a la Corte Penal Internacional, afirmó su directora Tamara Sujú al presentar el informe.
Pero podría «abarcar al menos a 35 personas» ya que algunas víctimas son torturadas con otros compañeros y encerrados en la misma celda mientras esperan su «turno», explicó en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Además denuncia «la persecución sistemática generalizada» del partido Vente Venezuela de Machado, inhabilitada para las elecciones presidenciales de julio pese a ser favorita en las encuestas frente al presidente Nicolás Maduro, que aspira a la reelección.
La persecución «se ha vuelto más cruel e incisiva y lo que trata es de desmantelar cualquier coordinación que haya dentro de la sociedad civil», de «atemorizar a todo aquel que quiera apoyar por ejemplo al partido Vente Venezuela al que declararon un grupo terrorista», lo que les permite «ir a por todos sus miembros», afirma Sujú.
Venezuela no es escenario de manifestaciones masivas como hace años por lo que «ahora ellos van por las personas puntuales pero de forma sistemática y generalizada», añadió la directora, quien asegura que han llegado a detener a personas que han prestado los equipos de sonido o el hotel a Machado para pronunciar sus discursos.
Siete miembros de la directiva de Vente Venezuela continúan encarcelados.
El gobierno «para callar las denuncias en su contra persigue y/o encarcela a quienes se atreven a enfrentarlo, para callar el malestar social y dentro de la Fuerza Armada, espía, intimida, persigue y encarcela» y «para callar las redes sociales» dicta la Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares que «utilizará contra quienes se atrevan a criticar el sistema», sostiene el informe.
– Lista de contactos –
Las autoridades siguen un patrón de conducta.
En el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) «los expedientes se inventan», afirma Casla.
«Ellos aprehenden a unas personas, les bajan la información por el teléfono, y todas esas personas con las que esos detenidos tuvieron contacto, todos, forman parte de una lista de persecución», explica Sujú.
Cita el caso del militar retirado venezolano Ronald Ojeda, refugiado en Chile, donde fue asesinado. Según ella figuraba en una lista de contactos de personas detenidas en diciembre.
Fue secuestrado por la banda criminal Tren de Aragua pero «las pesquisas del fiscal chileno apuntan a un crimen político encargado desde Venezuela», lo cual enciende «las alarmas de todos aquellos exiliados» a los que el gobierno señaló públicamente diciendo que «saben dónde viven».
En el último informe, Casla vuelve a acusar a «toda la cadena de mando» desde el presidente Maduro, hasta ministros, altos mandos militares y de los servicios de inteligencia, fiscales o jueces de ser «culpables por inducción, acción u omisión» de los crímenes, en los que también estaría implicado «el Estado cubano».
El gobierno premia a sus «más leales oficiales» con un «botín de guerra» en forma de empresas y negocios dentro y fuera del país, añade.
Según el centro de estudios «el régimen repite patrones en los casos de los nuevos detenidos».
«Son presentados de forma oculta a altas horas de la noche» en las sedes de los organismos de inteligencia sin que los familiares estén al tanto ni «sus abogados de confianza».
«Todas las víctimas llegan a la audiencia preliminar sin un solo medio de prueba a su favor» y varias fueron acusadas por otros detenidos que «muestran signos evidentes de tortura» y «leen un libreto».
«Hoy en día la mayoría de los presos políticos (…) fueron trasladados al nuevo centro de tortura llamado Rodeo I» donde pueden comunicarse con sus familiares por teléfono a través de un vidrio durante 12 o 15 minutos una vez por semana, critica Sujú.
Por último Casla asegura que las autoridades emplean algunos métodos de tortura que se aplicaban «en tiempos de la Inquisición, en la edad media», como la utilización de objetos metálicos como grilletes en los tobillos. También enumera introducción de objetos punzantes en las uñas, descargas eléctricas, asfixias o colgamiento, entre otros. Además afirma tener constancia de que «un oficial varón» fue violado por «funcionarios del DGCIM».
