Eliminar la intervención y judicialización de partidos es una de las promesas del CNE para dar garantías a todos los actores políticos sobre las elecciones de noviembre. El G4, que aún no ha definido su participación, es el más afectado de la oposición por estas medidas.
Luisa Quintero | José Luís Carrillo
Las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre se han vendido desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el espacio para lograr la inclusión y participación de todos los sectores políticos, lo que podría dar lugar a revertir decisiones políticas tomadas desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra varias organizaciones.
Las intervenciones judiciales a partidos no son un fenómeno nuevo, pero sí se han incrementado en los últimos años, situación que organismos como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han calificado como parte de la reducción del espacio cívico y de garantías democráticas al que ha apuntado la administración de Nicolás Maduro.
En 2020, y ante la inminencia de unas parlamentarias que parte de la oposición terminó no reconociendo, el TSJ inició una ola de intervenciones judiciales de partidos políticos valiéndose de demandas interpuestas por algunos militantes descontentos con sus directivas o que habían sido separados de sus cargos en esas organizaciones.
Para las próximas elecciones, el poder Electoral habilitó 110 organizaciones nacionales, regionales e indígenas para postular en los distintos cargos a elegir. Hay partidos nuevos dentro de la oposición como Fuerza Vecinal (conformado por varios alcaldes), así como la restitución de varios emblemáticos como la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que contó con la tarjeta más votada en unas elecciones en la historia del país.
Pero de todos los partidos debidamente registrados que conforman la plataforma unitaria, el llamado G4, que aglutina a las cuatro organizaciones con mayor respaldo en elecciones (Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo) es el más afectado, si define su participación en los comicios de noviembre.
Analistas políticos consultados por TalCual afirman que los partidos de la oposición están muy disminuidos y desconectados de sus bases y de la población, lo que, aunado a la desconfianza de la población en que la negociación pueda generar acciones que mejoren su calidad de vida, hace que las fuerzas políticas que adversan a Nicolás Maduro, si finalmente deciden participar de los comicios del 21 de noviembre, vayan de forma desventajosa.
Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (CEPG – UCAB), asegura que, así la oposición logre algunas condiciones en la ronda de negociaciones que se desarrollará en México, las mismas no significarán un incremento en las posibilidades que tienen para las elecciones regionales y locales.
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