Además de ser víctimas de la malas políticas del régimen, las comunidades originarias en el sur de Venezuela también deben lidiar con la presencia de grupos irregulares armados en el sur del país.
La periodista Sebastiana Barráez detalló los males que padecen los indígenas por la explotación indiscriminada del oro, la prostitución infantil y la destrucción de su cultura.
Infobae | Sebastiana Barráez
Nicolás Maduro dijo que “la Revolución Bolivariana reivindicó a los pueblos indígenas y convirtió en un valor positivo, el hecho de ser indio, india. Cada vez tenemos que conocerlos y respetarlos más. ¡Qué vivan los Pueblos Indígenas de América!” y ordenó descolonizar todos los espacios públicos que llevan nombres de colonizadores, por lo que empezó cambiándole el nombre de la Francisco de Fajardo, la principal autopista de Caracas, por la del cacique Guaicaipuro.
Pero la mejor respuesta a lo que dijo Maduro podemos encontrarla en la exigencia de la organización Kapé Kapé al demandar justicia “para los 13 pemones víctimas de violaciones sistemáticas de sus derechos humanos y civiles durante los 10 meses que llevan detenidos por su presunta participación en el asalto al Batallón 513 de Infantería de Selva de la Gran Sabana en Bolívar”.
Esos indígenas fueron detenidos en el marco de la Operación Aurora, una acción dirigida por militares, con el asalto a una unidad militar de la cual extrajeron un centenar de armas. Uno de quienes participaron reveló recientemente en entrevista con Infobae cómo ocurrió esa Operación.
Según explicó la organización Kapé Kapé, ocho de los indígenas “están detenidos desde el 22 de diciembre pasado, cuando se entregaron y los restantes fueron aprendidos por los cuerpos de seguridad entre el 28 y 30 de diciembre del mismo año”.
Destaca Kapé Kapé que “en la presentación del caso ante el país el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, declaró que los acusados del asalto están imputados por ‘conspiración para destruir la forma política republicana, terrorismo, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo y asociación’. Familiares de los detenidos han denunciado que fueron golpeados, incluso frente a ellos y permanecieron incomunicados y aislados durante 50 días desde el momento de su detención”.
Detenidos sin el debido proceso
Lo que denuncian los familiares de los pemones presos es lo que se ha hecho costumbre en los organismos de inteligencia, en este caso la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que detuvo a los indígenas y en otros casos el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Dijo Kapé Kapé que las violaciones a los derechos de los pemones detenidos “continuaron con el atraso de sus audiencias de presentación. Ninguno de ellos fue presentado en el plazo legal de 48 horas correspondientes, irregularidad que convierte los casos en detenciones arbitrarias, según ha denunciado reiteradamente la organización Foro Penal”.
“El informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, publicado en septiembre de este año, hace referencia a lo reiterativo de los casos de retardo procesal en el sistema de justicia venezolano como elemento que menoscaba la democracia y el sistema de derechos en el país”.
Recuerdan que en ese informe de la misión de la ONU se explica que “el incumplimiento de los plazos procesales establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal fue sistemático. Esas demoras dieron lugar a períodos prolongados de prisión preventiva, de más de dos años en muchos casos. Los tribunales no respondieron a las solicitudes de hábeas corpus u otros recursos judiciales presentados por las personas detenidas, o sus abogados/as, que cuestionaban esos retrasos”.
Citan que además en el informe se destaca que “algunos individuos siguieron detenidos a pesar de haber cumplido sus sentencias. La gran mayoría de los casos que examinó la Misión permanecieron en las fases preparatoria o intermedia, a pesar de que los plazos de esas fases habían expirado en la mayoría de los casos”.
Violación de la Ley Indígena
Según Kapé Kapé “el proceso legal atenta contra el derecho de los acusados a ser procesados por medio del sistema de justicia indígena, como lo establece la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas. En mayo de este año los 13 pemones fueron trasladados al Internado Judicial Rodeo II sin autorización de la autoridad judicial a cargo del caso, según lo denunció en su momento Amnistía Internacional, agregando que la distancia geográfica desde su comunidad de origen hasta su centro de reclusión constituye un obstáculo para que los procesados cuenten con la asistencia material de sus familiares”.
Recuerdan que “el artículo 141 de la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas establece la responsabilidad del Estado de disponer ‘establecimientos penales en los estados con población indígena, de espacios especiales de reclusión para los indígenas, así como del personal con conocimientos en materia indígena para su atención’, obligación evadida ampliamente por el Estado”.
“A los vicios legales del caso se suma que, la detención de estos 13 pemones, contradice la medida de protección a los indígenas de esta etnia dictada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) tras el ataque a la comunidad de Kumaracapay en la Gran Sabana en el marco de la llegada de la ayuda humanitaria que dejó como saldo final 8 muertos, decenas de heridos y centenas de indígenas desplazados hacia Brasil”, destacó Kapé Kapé.
Las víctimas
Por otra parte, el presidente de Kapé Kapé, Armando Obdola, dijo que a más de 500 años de la llegada de los españoles los indígenas venezolanos siguen siendo víctimas de la invasión de su tierra y cultura. “Además de los grupos mineros, los indígenas se enfrentan a la llegada de grupos guerrilleros, a pesar del llamado de atención que hicieron desde un principio a las autoridades, por eso tenemos un nuevo 12 de octubre en las comunidades indígenas del sur”.
Según publicó Kapé Kapé “Obdola lamentó que, por la falta de apoyo gubernamental y la complicidad de grupos del Estado, los indígenas estén perdiendo la batalla contra los grupos armados que poco a poco se han ido apoderando de sus espacios”.
“En zonas de los municipios Sucre, Sifontes y Cedeño de Bolívar ya hay una permisividad por parte de los indígenas hacia estos grupos porque no tienen medios para oponerse. Hoy en día existe otro estado de violencia, agresiones y chantaje al igual que el 12 de octubre con la llegada de los españoles”.
A su juicio la crisis de los indígenas hoy no está relacionada sólo con el aislamiento provocado por la COVID-19, sino a factores de la crisis económica que vive el país, cuya “necesidad ha obligado a los indígenas a participar de la destrucción de sus tierras”.
“Los indígenas no tienen cómo comer, ni producir, llegan estos grupos, que fueron denunciados en un principio por los indígenas, con estos ‘espejitos’ y al no recibir respuesta, ni protección, han tenido que dar permisividad a su presencia bajo amenaza, como pasó con Kuyujani en el Caura y como lo comenzaron a hacer ya en Amazonas”.
Según dice el presidente de Kapé Kapé, en el municipio Antonio Díaz, de Tucupita, se ha reportado presencia de grupos armados extranjeros “grupos de guyaneses y colombianos agrediendo, estafando y forzando a grupos indígenas a salir de sus comunidades”.
Obdola asegura que los indígenas, aun siendo dueños legítimos de su tierra, actualmente viven esclavizados en sus propios espacios por grupos armados de sindicatos y guerrilla, que actúan bajo la inoperancia y complicidad de las instituciones del Estado.
Así encontró el Día de la Resistencia a comunidades indígenas esquilmadas, en la miseria, azotadas por el hambre y las enfermedades. Y con una avenida en Caracas que ahora tiene el nombre de un cacique que murió en 1568, en sustitución de Francisco Fajardo, hijo de un español y la hija de un cacique.
Con información de Infobae
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