«No vamos a medir esfuerzos para ayudar al pueblo venezolano a retomar su democracia», afirmó James Story, encargado de Negocios de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, al ser consultado por El Nacional sobre el límite de su gobierno para lograr la libertad del país.
En conversación por vía telefónica, el diplomático no descartó la posibilidad de que se presente una situación similar a la que se vivió en Panamá en 1989, cuando fue detenido el dictador Manuel Noriega, quien, a su vez, fue apartado del poder durante una invasión estadounidense.
No obstante, señaló que lo más importante para su país es que los venezolanos tengan la oportunidad de votar para elegir un nuevo líder que represente los intereses de la nación. Indicó, además, que esta es una visión compartida con los países miembros de la Unión Europea y el Grupo de Lima, para que Venezuela vuelva a ser miembro de la democracia de la región.
«Queremos que tenga instituciones que sirvan para el pueblo y no para un grupo de narcotraficantes; que cada persona tenga un futuro mejor y oportunidades», expresó Story.
Acciones independientes para ejercer presión
Este jueves el Departamento de Justicia presentó cargos en contra de Nicolás Maduro por narcoterrorismo y ofreció una recompensa de 15.000.000 de dólares a quienes suministren información que conlleven su detención.
Por este delito también fueron acusados Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela; Tareck el Aissami, vicepresidente del Área Económica del régimen, y los generales retirados Hugo Carvajal y Cliver Alcalá. Para dar con la captura de cada uno, se ofrece la recompensa de 10.000.000 de dólares.
El encargado de negocios afirmó que esta fue una medida que tomó el Poder Judicial, como poder independiente de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, a diferencia, recordó, de en Venezuela, donde el fiscal chavista, Tarek William Saab, responde a las directrices de Maduro.
Aseguró que estas medidas serán aprovechadas por el gobierno estadounidense para continuar ejerciendo presión sobre el régimen, con la finalidad de «obligarlo o convencerlo» de aceptar unas negociaciones «exactas y precisas por elecciones presidenciales».
Alegó que los problemas que actualmente enfrenta la nación se deben a que «no existe una democracia verdadera». Esto, continuó, debido a que el proceso electoral celebrado en mayo de 2019 fue fraudulento.
«Nuestra política no ha cambiado. Estamos dispuestos a negociar la remoción de sanciones, siempre y cuando haya una negociación verdadera que lleve a un gobierno interino con elecciones presidenciales», señaló.
Considera que esta situación es «importantísima en este momento», cuando el mundo enfrenta la crisis por el covid-19, debido, agregó, a que el país «no puede enfrentar el coronavirus solo».
«Yo estuve a finales de 2018 en Venezuela, vi los hospitales antes de las sanciones y no había nada en ellos, no estaban funcionando. Nosotros, junto a la comunidad internacional, queremos apoyar a los venezolanos en esta lucha contra el coronavirus», subrayó.
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