Esta columna sale a la luz cuando apenas han pasado seis días de las primeras detenciones en el desarrollo de una inusitada operación que, de hecho, representa el estreno público de la llamada Policía Nacional Anticorrupción.
Desde un punto de vista formal, esta unidad tenía más de ocho años de existencia. Fue creada mediante un decreto presidencial emitido en noviembre de 2014. Desde entonces, su figuración fue discreta. Servía como garrote contra factores que se habían separado del oficialismo, nunca contra quienes participaban activamente en el poder.
Y no podía ser de otra forma. El Cuerpo Nacional contra la Corrupción, desde su nacimiento, es uno de los mecanismos de los que goza el régimen para protegerse. No se trata de un órgano independiente. Su director y demás integrantes son seleccionados por el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesspa), que es el punto de convergencia entre las inteligencias venezolana, cubana y de otros aliados foráneos. El mecanismo para la designación, establecido en la orden presidencial número 1.444, indica que la lista de candidatos es entregada a Maduro, quien al final formaliza el nombramiento. El Cuerpo Nacional contra la Corrupción depende orgánicamente de Miraflores.
Desde hace más de cinco años, este despacho es comandado por el ahora general de brigada Julio César Mora, un oficial egresado de la Escuela de Formación de la Guardia Nacional en julio de 1990, como parte de la promoción Batalla de San Mateo.
Tras la caída de Hugo Carvajal, el exzar de la inteligencia venezolana, Mora comenzó a ocupar ciertos espacios, ya desde sus tiempos de teniente coronel. Actualmente, no solo encabeza el Cuerpo Nacional contra la Corrupción. También está al frente de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada (creada por el mayor general, ahora preso en España) y un puesto en la nueva junta directiva de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).
El Cuerpo Nacional contra la Corrupción no rinde cuentas a la Fiscalía, sino al palacio de gobierno. Este relacionamiento se evidenció claramente a partir del viernes pasado. Ese día, el órgano del general Mora emitió un comunicado en el que asumía la responsabilidad por la ola de detenciones, que ya abarcaba al entonces titular de la Sunacrip, Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, al exviceministro de Educación Universitaria y diputado de la AN electa en 2020 Hugbel Roa, el alcalde de Tejerías Pedro Hernández, el presidente del circuito judicial penal de Caracas Cristóbal Cornielles, y el juez cuarto antiterrorismo José Márquez.
El domingo, es decir, 48 horas después de ejecutadas las primeras aprehensiones, el Ministerio Público anunció que había designado a cinco fiscales para conocer de estas investigaciones, y proceder a la «judicialización» de cada caso. Ese término es clave, pues revela que hasta ese momento todas las diligencias se habían mantenido en los confines del cuerpo encabezado por el mencionado general, y en definitivas cuentas, de su jefe inmediato. Eran, ni más ni menos, inteligencia.
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