Este jueves 15 de agosto, el contralor del régimen de Nicolás Maduro, Elvis Amoroso, informó en rueda de prensa, la inhabilitación política por 15 años de Luisa Ortega Díaz, German Ferrer, Antonio Ledezma y Julio Borges «tras ocultar información en su auditoría», así como también inhabilitó por este período a Tomás Ignacio Guanipa, Luis Pacheco, David Smolasnky y otros políticos.
En ese contexto, el abogado constitucionalista, consultor y profesor universitario, José Vicente Haro, explicó que la inhabilitación de algunos diputados y políticos anunciada por Amoroso, es una violación a varios tratados internacionales y que no le corresponde «de modo alguno a la Contraloría».
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«Ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido, que esto viola en general la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros tratados internacionales, de manera que son acciones que no corresponden en modo alguno a la Contraloría, que son contrarias a la Constitución», dijo, agregando que «sólo pueden ser tomadas en la República de Venezuela por un tribunal previo proceso judicial mediante sentencia definitiva y firmada, donde además se determine que se ha cometido un delito y que con eso se acarrea, si es el caso, la inhabilitación política de una persona».
A juicio de Haro, también presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, por medio de estas acciones, el Gobierno busca «lo mismo que con los ataques a la Asamblea Nacional (AN)»: «desarticular» y «quebrantar» a la dirigencia opositora, pero, según detalló, quebrantando tratados internacionales relacionados a los Derechos Humanos (DDHH) y las competencias de otros poderes públicos. Así lo acotó Haro durante una entrevista a Primera Página, transmitida por Globovisión.
