Cuando la Ministra para el Servicio Penitenciario, abogada María Iris Varela Rangel, hace una semana, liberó a 382 presos del Centro Penitenciario de Tocuyito en el estado Carabobo, se activaron las alarmas y las críticas no se hicieron esperar. Ella tomó la decisión basándose en el Régimen de Confianza Tutelado, establecido en el Código Orgánico Penitenciario. Eso ocurrió frente a funcionarios del Poder Judicial, Defensa Pública y Ministerio Penitenciario.
Sebastiana Barráez | Infobae
Según explicó el diario Últimas Noticias, afecto a la revolución bolivariana, “Varela se sentó en la oficina del director y comenzó a revisar cada uno de los expedientes correspondientes a los reos beneficiados. Pasado el mediodía, paró 15 minutos para almorzar una ensalada de atún con galleta dietética. Ya entrada las 3: 30 pm, salió al patio central donde estaban los presos beneficiados. A cada uno fue llamando por su nombre y apellido para entregarle un acta que debían firmar. Los reclusos pasaban de lejitos frente a la ministra por las medidas sanitarias impuestas debido a la pandemia. A las 9 pm, salió del centro penitenciario y en las afueras fue aplaudida por familiares de presos que plenaron la avenida”.
Antes, el sábado 4 de abril, Varela otorgó boletas de excarcelación a 122 privados de libertad que estaban recluidos en los Internados Judiciales Rodeo II y Rodeo III, Guatire, estado Miranda.
El Régimen de Confianza Tutelado establece que los presos con sentencia por delitos de menor gravedad, que han cumplido el tiempo de condena suficiente para optar a medidas alternativas al cumplimiento de la pena, pero que no hayan sido otorgadas por los tribunales correspondientes, el Ministerio a cargo de Varela decide darles la libertad bajo régimen de presentación. La excusa es que los liberados son procesados por delitos cuyas penas no exceden los ocho años de condena.
Varela se inventó hace tiempo el Plan Cayapa, con el que dejó en libertad a gran cantidad de personas, algunas con delitos graves. Para ella no importa, aunque el delito cometido haya sido narcotráfico y aunque en la legislación venezolana esté prohibido aplicar beneficios a quienes los cometan.
La primera liberación de presos, con la excusa de tomar medidas ante el virus Covid 19, no causó tanto ruido, como sí ocurrió con la salida de los presos de Tocuyito, ante lo cual el Ministerio Penitenciario no dio respuesta alguna, pero sigue liberando más presos.
Ella es la misma funcionaria a la que, después del 30 de abril de 2019, el general Manuel Ricardo Cristopher Figuera señaló de haberle solicitado, en una reunión, al ministro Vladimir Padrino López 30 mil rifles para armar su ejército privado. Figuera dijo que ella le había dicho al titular castrense que “tenía entrenados a varios prisioneros, de la cual ella era su comandante”.
Hace años, estando Hugo Chávez en la presidencia, Varela ideó una estrategia para liberar a pranes e incluso a narcos, a través de informes que apenas tenían una encuesta y la firma de un funcionario del Ministerio penitenciario, de un psicólogo y del entonces director del Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana del Táchira. En el caso de un narco que estuvo preso en Estados Unidos y después de salir en libertad, volvió a incurrir en el tráfico de drogas y fue apresado en el CPO, Varela lo liberó mucho antes de cumplir la pena y lo llevó a trabajar a su despacho.
El 29 de junio de 2019, ella informó que tres extranjeros se habían fugado de la cárcel La Planta o Centro de Formación Simón Bolívar y ofreció recompensa, no dijo de cuánto, por información que dieran con su captura. Los identificó como Jorge Pedro Alarcón, Enrique Gastelum y Luis Felipe Fiol, pero no dijo que tenían menos de un año en prisión, que eran tres mexicanos pertenecientes al Cartel de Sinaloa y que estaban presos por narcotráfico. Nunca más se volvió a saber de ellos. En diciembre de 2018 también se fugó de La Planta un individuo español llamado Vicente Lamarca Sánchez, quien estaba solicitado por lavado de dinero y múltiples delitos más.
Lo inaudito es que a La Planta, que no es una cárcel de máxima seguridad, se envíen presos como narcotraficantes, mientras a militares y civiles no violentos, pero imputados por Traición a la Patria e Instigación a la Rebelión, los tengan en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), aislados e incomunicados, igual que con aquellos que están en manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en La Tumba o El Helicoide o peor aún a quienes han recluido, entre esos a una mujer, en la cárcel de alta seguridad de la Dgcim en el Fuerte Tiuna.
Hace más de un mes los detenidos en esos centros de reclusión de la Dgcim y Sebin no han tenido contacto con sus familiares ni con los abogados. En el caso de la sede principal de la Dgcim en Boleita, Caracas, no les permiten que la familia les lleve alimentos, agua ni medicamentos. Las excepciones son con algunos de los detenidos con problemas de salud que amerita medicinas muy específicas.
A eso se le suma que a los recluidos en esos sótanos infernales no les permiten ni siquiera llamar a sus esposas, hijos o padres. Los que se encuentran en el sótano a quienes los funcionarios llaman La Casa de Los Sueños, el peor de los sitios en Dgcim, no pueden ni bañarse regularmente, están encerrados tras una puerta de hierro a la que llaman “Bachelet” y permanecen todo el tiempo encerrados, sin que los saquen a hacer ejercicios o a recibir sol. “El hacinamiento es brutal”, contaron algunos que han estado en ese lugar.
Ahora en las calles de Venezuela hay cientos de presos liberados o fugados, algunos con delitos muy graves y personas de alta peligrosidad. La ministra Varela seguirá liberando detenidos con cualquier excusa.
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