La alianza del régimen de Nicolás Maduro con el grupo narco terrorista FARC, le cuesta millones de dólares a PDVSA en los Estados Unidos.
Por Primer Informe
En se país existe una protección sobre las propiedades de PDVSA industria petrolera. La medida impide que esos bienes sean objeto de embargos por parte de los acreedores de Venezuela. Pero ahora, la empresa enfrenta nuevos procesos ante la Justicia norteamericana.
Las protecciones sobre PDVSA impiden que sea usada para resarcir 150.000 millones de dólares en reclamaciones contra Venezuela.
Sin embargo, una exención en la Ley de Seguro de Riesgo de Terrorismo de Estados Unidos le permite a las víctimas del terrorismo pedir la incautación de activos.
A esa medida han recurrido personas que padecieron acciones criminales o la violencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Ahora, esas personas, buscan confiscar activos de PDVSA. Órdenes judiciales señalan que unidades y funcionarios de PDVSA son instrumentos de las FARC.
Los vínculos entre el régimen de Nicolás Maduro y el grupo narcotraficante son cada vez más claros. Sobre todo luego de la revelación de cómo los remanentes de ese grupo terrorista se mueven con impunidad en el territorio venezolano.
Los bienes embargables
Entre los activos en riesgo se encuentran una deuda de 117 millones de dólares de un banco neoyorquino con la empresa conjunta de Pdvsa Petrocedeño.
También un monto no revelado de la empresa de riesgo compartido Petrowarao. Otro monto son41 millones de dólares en la cuenta de corretaje de una unidad salvadoreña de Pdvsa.
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«Los demandantes también persiguen a personas sancionadas cercanas al liderazgo de Venezuela, confiscando y subastando casas y yates», precisó la agencia Redd Latam, citada por El Pitazo.
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Según lo publicado por la agencia de noticias, Pdvsa, que no figuraba en procesos legales en EE. UU. por casos de terrorismo desde 2019.
Reapareció ante tribunales estadounidenses el pasado 2 de febrero- Entonces, solicitó la oportunidad de defenderse por las acusaciones sobre presuntos vínculos con las Farc en una corte federal de Carolina del Sur.
Días después abogados de la empresa acudieron a un tribunal federal en Buffalo, en Nueva York, para exigir la oportunidad de hablar antes de que fueran entregados 7 millones de dólares en una cuenta bancaria local a uno de los demandantes.
Con información de El Pitazo.