El régimen de Nicolás Maduro ha vuelto a saltar por encima de la Constitución de Venezuela. Desde este jueves contarán con la Ley Antibloqueo, una herramienta legal que ha sido cuestionada dentro de las filas chavistas por considerarla una «copia fiel al modelo cubano», y con la pretenden hacer frente a las sanciones económicas, que aseguran, son las responsables de la profunda crisis que atraviesa el país. «Comienza una nueva etapa en la vida de la Patria», dijo ayer el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, una vez aprobada la ley. Según el número dos del chavismo, la activación de este instrumento buscará «contrarrestar, mitigar y reducir», de manera «urgente y necesaria», los efectos de las sanciones aplicadas principalmente por Estados Unidos, así como por cualquier otro país.
Por ABC
Maduro aseguró la noche del miércoles que la Ley Antibloqueo ha recibido «el respaldo de más de 89% de los venezolanos» que habrían contestado una supuesta encuesta digital. Durante el debate de la ley, el presidente chavista dijo a través de su cuenta en Twitter que «vamos a hacer crujir los grupos y sectores que entorpecen el desarrollo nacional. La Ley Antibloqueo también impulsará a nuestra PDVSA (la estatal Petróleos de Venezuela)».
El Gobierno chavista ha sorteado durante los últimos cinco años las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y ha creado un conjunto de medidas económicas, pero ninguna ha podido sacar a Venezuela de la recesión en la que ha estado por siete años consecutivos y no ha podido resolver una hiperinflación que ahoga al venezolano, cuyo salario está por debajo del euro mensual. Las sanciones comenzaron a ser aplicadas en 2015, pero desde 2013, año en que llegó Maduro al poder, el país está sumido en una crisis sin precedentes.
En la sesión extraordinaria, celebrada en la sede del Parlamento venezolano, se discutieron los 44 artículos que conformarán la ley, y que le dará desde ahora a Maduro la facultad de, «cuando se considere necesario», desaplicar normas legales «para superar los obstáculos o compensar los daños que las medidas coercitivas unilaterales o cuando ello contribuya a la protección del patrimonio del Estado venezolano frente a cualquier acto de despojo o inmovilización, o a mitigar los efectos de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas que afectan el flujo de divisas».
La nueva ley expresa que se podrá crear «un régimen transitorio en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto destinado a proteger y asegurar la efectividad de las decisiones tomadas» por el Gobierno de Maduro, y celebrar tratados internacionales. Algo que ha puesto a reflexionar a algunos expertos en la materia y considerar que esto acentuará la dictadura en el país sudamericano. Por si fuera poco, el régimen chavista hará uso de cualquier mecanismo financiero que permita mitigar los efectos de las sanciones, incluyendo el uso de criptoactivos.
Del mismo modo, le da al régimen el poder de administrar los recursos para «desarrollar sistemas compensatorios del salario de los trabajadores. Financiar el funcionamiento del sistema de protección social. Recuperar la capacidad de proveer servicios públicos de calidad. Impulsar la capacidad productiva nacional, sobre todo de las industrias estratégicas y la sustitución selectiva de importaciones, asumiendo como prioridad el estímulo y la implementación de los 16 motores económicos. Recuperar, mantener y ampliar la infraestructura pública».
Cabello dijo que esto «no es una violación» a la Constitución, y reflexionó ante los diputados chavistas que se congregaron ante el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional: «¿Nosotros no tenemos que dotar a nuestro presidente de un instrumento para que se defienda y defienda a los venezolanos de las amenazas que significa el Gobierno norteamericano?».
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