La comunidad LGBTIQ+ en Venezuela celebra el Mes del Orgullo aplaudiendo su crecimiento y visualización dentro de la sociedad, pero también reiterando sus denuncias por la falta de avances por parte del Estado para garantizar sus derechos.
Mientras que en otros países de Suramérica desde hace años se ha trabajado en leyes que condenan la discriminación o permiten el matrimonio igualitario, el gobierno nacional se ha convertido en el principal victimario de las personas con diversas orientaciones sexuales, identidad o expresiones de género, pese que la inclusión suele formar parte de su narrativa política.
«La mayoría de los países de América (a excepción de Paraguay y Bolivia) tiene como mínimo una ley que protege contra la discrminación y también tiene algún tipo de legislación que protege la identidad de las personas trans. Mientras, nosotros seguimos con esa deuda: no tenemos protección para las parejas del mismo sexo, las personas trans no pueden cambiar su nombre y no tenemos ninguna protección legal contra cualquier tipo de discriminación. Entonces, en ese aspecto en Venezuela no hemos logrado ningún cambio favorable para las personas de la comunidad”, dijo Quiteria Franco, coordinadora general de la ONG Unión Afirmativa.
Durante años, el Estado ha promovido un discurso de aceptación para la comunidad LGBTIQ+, pero no se han concretado logros significativos que se traduzcan en una mejor calidad de vida. Temas como el matrimonio igualitario, la posibilidad de adopción para parejas del mismo sexo o la protección de la identidad para las personas trans se han convertido en promesas vacías.
Franco explicó que si bien se ha logrado la aprobación de una que otra sentencia legal en favor de la comunidad, la deuda por parte del Estado para garantizar sus derechos sigue siendo muy grande.
En 2018, el Tribunal Supremo de Justicia aprobó una sentencia que prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual, es decir, no se prohíben ni condenan las relaciones entre personas de un mismo sexo. Sin embargo, al día de hoy sigue pendiente por parte de la Asamblea Nacional una legislación sobre este tema, tal y como lo dictó esa sentencia.
Un año antes, la sentencia 1187 reconoció el derecho de los niños nacidos y criados en familias conformadas por parejas del mismo sexo y, además, se aclaró el artículo 75 de la Constitución que establece que el concepto de familia es muy amplio. El problema está en que sin aprobación del matrimonio igualitario, estas familias siguen quedando en un limbo legal.
El Estado también creó la Defensoría Especial para personas LGBTIQ+ y la Fiscalía para personas LGBTIQ+, instituciones que hasta el momento no han demostrado que existen, que tienen recursos y personal calificado. «Son entes que se convierten en un cascarón vacío que el gobierno utiliza para hacer propaganda», señaló Franco.
Yendri Velasquéz, activista de derechos humanos y coordinador del Observatorio de Violencia LGBTIQ+, destacó que dentro de estas instituciones hay fiscales y defensores regionales que no saben de la existencia de dichos espacios, lo que limita la posibilidad de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia y discriminación por homofobia.
«Es necesario que en Venezuela se aprueben leyes que penalicen la homofobia, la disfobia y cualquier tipo de discriminación. Además, también es necesario políticas públicas. Programas que sensibilicen y que estén orientados a la prevención, no solo con una mirada de castigar lo que pasa, sino también de prevenir y evitar que cualquier persona sea víctima de violencia por su orientación sexual, identidad o expresión de género», añadió.
Franco indicó que la ausencia de leyes que protejan a la comunidad LGBTIQ+ y la falta de estadísticas sobre las problemáticas que enfrentan día a día representa una negación de los derechos fundamentales por parte del Estado.
«Quienes hoy están en el poder utilizan el discurso de la inclusión para quedar bien ante la comunidad internacional como un Estado que respeta los derechos humanos. Mientras que actores políticos de la oposición nos utilizan para venderse al pueblo como más democráticos e inclusivos, pero cuando han ocupado cargos tampoco han hecho nada para mejorar la situación, a excepción de algunos», comentó Velásquez.
Este año también se aprobó la derogación de un polémico artículo del Código de Justicia Militar que penalizaba la homosexualidad dentro de la Fuerza Armada Nacional, lo que fue considerado una pequeña victoria para el movimiento LGBTIQ+ en Venezuela.
Discriminación y violencia contra la comunidad LGBTIQ+
De acuerdo con un informe elaborado por Equilibrium – Centro para el Desarrollo Económico, «la apertura social de los venezolanos frente al desenvolvimiento de la diversidad sexual e identidades de género no se ha desarrollado totalmente, persistiendo aún elementos de incomprensión y rechazo, que en muchos casos implican episodios de discriminación y violencia, perjudicando a los miembros de la comunidad LGBTIQ+, simplemente por el hecho de pertenecer a la misma».
Para gran parte de la sociedad venezolana, cualquier orientación distinta a la mayoritaria (lesbianas y gays) suelen ser consideradas como tendencias desviadas, incorrectas o no aceptables, lo cual deriva en tratos despectivos y discriminatorios.
«Esto aplica igualmente a aquellas personas que no se comportan con los patrones de género predominantes en la sociedad, por ejemplo, hombres afeminados o mujeres masculinizadas, así como aquellas personas que se identifican con un género distinto a su sexo de nacimiento, como las personas trans o no binarias», indicó el estudio titulado Percepción social sobre la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela, realizado con datos recabados en 2022.
En octubre del año pasado, la ONG Unión Afirmativa y la plataforma Hum Venezuela publicaron el informe Ser LGBT en Venezuela: información y datos para el nexo acción humanitaria, desarrollo y paz, el cual reseñó que más de 48% de los entrevistados fue víctima de algún episodio de abuso o violencia por parte de un funcionario o funcionaria policial y/o militar, algún familiar, compañeros de trabajo o alguien de su comunidad. 72,7% de los consultados admitió que no denunció su caso.
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