“Dijimos que nos íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguemos, nos quieren asesinar”, estas fueron las palabras pronunciadas en uno de los últimos videos que transmitió el ex policía Óscar Pérez desde sus redes sociales, poco antes de ser asesinado por cuerpos de seguridad el 15 de enero de 2018, junto a otras seis personas que le acompañaban, en lo que organizaciones como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) calificaron como la “masacre de El Junquito”.
Por Carlos Crespo| La Gran Aldea
El integrante de Provea, Marino Alvarado, indicó que esa organización registra más de 27 mil casos de ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2010 y agosto de 2020. A su juicio, el asesinato de Pérez fue un caso emblemático de este tipo de procedimientos por parte de las fuerzas policiales y militares del Estado venezolano, debido al uso de Pérez de las redes sociales. Los videos transmitidos dejaron evidencia de la voluntad de rendirse del policía que se rebeló en armas en contra del gobierno de Maduro. “La política de seguridad ciudadana en Venezuela es aniquilar, por eso hemos dicho que hay una política de estado de exterminio contra los presuntos delincuentes. La policía no dispara para neutralizar a la otra parte sino para aniquilarla”, explicó el abogado.
Las evidencias sobre este proceder abundan en el caso de Pérez y su grupo, pues las siete personas abatidas presentaban impactos de bala en la cabeza, de acuerdo con las actas de defunción elaboradas por la medicatura forense del propio Gobierno. Fotografías que fueron luego filtradas a la prensa revelaron que varios de los cuerpos recibieron ráfagas de disparos, con varios orificios en los brazos y las manos, señal de que intentaban protegerse de armas de fuego que estaban a poca distancia.
También se filtró un audio, presuntamente del operativo, en el que se escucha a uno de los funcionarios decir “nadie dispara, esto es una entrega” poco antes del desenlace fatal. Hay videos que documentan el uso desproporcionado de la fuerza, como la utilización de un lanzacohetes antitanque portátil de origen soviético (RPG por sus siglas en ruso) que habrían sido accionados hasta en 8 oportunidades. “Haber asesinado a las personas en esas condiciones refuerza la idea de que los funcionarios policiales están por encima de la ley, y en segundo lugar de que no van ser investigados y sancionados” indicó Alvarado.
“En el caso de Óscar Pérez tenemos tres delitos de lesa humanidad: Detenciones arbitrarias, las torturas y las ejecuciones”
El informe de la Misión Internacional Sobre la Determinación de Hechos en Venezuela de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que involucra al gobierno de Maduro y a altos funcionarios del chavismo en delitos de lesa humanidad, confirma esta manera de operar de los cuerpos policiales al reseñar “un elevado número” de ejecuciones extrajudiciales en el país. El documento detalla un patrón en estos casos: Disparos a quemarropa en áreas vitales como la cabeza y el tórax. “Los casos investigados y examinados han permitido a la Misión identificar un patrón de denuncias de que la policía intentó encubrir los asesinatos simulando enfrentamientos”, se lee en el texto.
A pesar de la publicación de este informe en septiembre pasado el gobierno de Maduro siguió cometiendo este tipo de crímenes. Tan solo este 8 de enero más de 20 personas fueron víctimas de este tipo de procedimientos en la Parroquia La Vega de Caracas, sin que hasta ahora el Gobierno haya investigado esas actuaciones. “Son delitos de lesa humanidad. Este nivel de impunidad y de arbitrariedad de los cuerpos policiales da cada vez más motivos para que altos funcionarios del Estado venezolano sean llevados ante la justicia internacional”, aseguró el activista de derechos humanos.
Las víctimas y la versión del Gobierno
Óscar Pérez se dio a conocer ante el país el 27 de junio de 2017 cuando tomó un helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), organismo policial del que formó parte, y lanzó artefactos explosivos en contra de la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas, invocando el Artículo 350 de la Constitución. Los ataques no produjeron bajas y algunos medios señalaron que las municiones usadas fueron de “fogueo”, tesis que el Gobierno rechazó. Pérez también participó en otra acción en diciembre de ese año, en un puesto de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a las afueras de Laguneta de La Montaña, estado Miranda. Luego de someter a los uniformados que resguardaban el lugar, robó varias armas. En el hecho no hubo víctimas mortales.
Todas estas acciones fueron promocionadas por el mismo Pérez a través de sus redes sociales. En un video aparece Pérez, rodeado por otras personas encapuchadas, llamando a los funcionarios policiales y militares a rebelarse contra el gobierno de Maduro, a quien le pedía renunciar. “Somos una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles en búsqueda del equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal”, dijo. Opositores y analistas consideraron en un primero momento que se trataba de un “montaje” o un “show” desde el Gobierno nacional. Algunos antecedentes de Pérez contribuían a la desconfianza, como el hecho de que también se había desempeñado como actor en una película donde desempeñaba el papel de un policía.
Esto cambió después del 15 de enero de 2018. Ese día el país se levantó con la noticia de que Óscar Pérez había sido ubicado por los cuerpos de seguridad en un sector de El Junquito. En el cuestionado procedimiento participaron más de 500 funcionarios de cuatro cuerpos de seguridad: La temida Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB); la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim); y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), instituciones sobre las que pesan graves denuncias de violaciones a los derechos humanos.
En el operativo resultaron asesinados los siete ocupantes de la vivienda. Óscar Pérez; José Alejandro Díaz Pimentel, ex funcionario de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim); Abraham Israel Agostini, comerciante y ex funcionario de la policía del estado Aragua; Abraham Lugo, ex funcionario de la Guardia Nacional; Jairo Lugo, ex funcionario de la Guardia Nacional y hermano de Abraham; Lisbeth Ramírez, esposa de Jairo Lugo; y Daniel Soto, estudiante de periodismo. En los videos grabados por Pérez son una constante sus gritos a los funcionarios para que le permitieran entregarse, aludiendo a que dentro de la vivienda había “civiles” que no eran parte de la rebelión armada que comandaba.
El Gobierno, por su parte, aseguró que hubo un enfrentamiento y señaló que dos funcionarios de las FAES fueron asesinados por el grupo de Pérez: Andriun Ugarte y Nelson Antonio Chirino Cruz. Una investigación del portal runrun.es señaló que Ugarte tenía “doble identidad” pues poseía dos cédulas y que su verdadero nombre era Heyker Vásquez, miembro del “colectivo Tres Raíces”, los grupos parapoliciales que usa el Gobierno y que también son denunciados en el informe de Determinación de Hechos. En el reportaje se indica que Vásquez fue investigado por cinco casos de homicidio y uno de extorsión.
“También hay información de que algunos miembros de los colectivos prestan servicios en las fuerzas de seguridad del Estado. En el caso del operativo que resultó en la muerte de Óscar Pérez en enero de 2018, se reveló posteriormente que un miembro de las FAES, que también resultó muerto en el incidente, era miembro del colectivo Tres Raíces”, registra el informe de la ONU.
Sin embargo, esta versión de un enfrentamiento, durante el asesinato del grupo armado, parece ser refutada por los propios videos que colgó Pérez en los que incluso se muestra una conversación con el entonces mayor Rafael Enrique Bastardo. El militar promete coordinar la entrega de los rebeldes a las autoridades con presencia del Ministerio Público y periodistas.
Las otras víctimas
Merian Zorrilla, una ex funcionaria del FAES que aseguró que participó en el procedimiento contra Pérez, relató que le dio una “crisis de nervios” al ver cómo fueron asesinadas las siete personas. “Yo no estudié para esto, yo no estudié para quitarle la vida a la gente”, señaló una vez que salió del país.
Marino Alvarado recordó que en este caso la actuación irregular continuó con las detenciones de las personas que el Gobierno vinculó al caso, entre ellos destaca el médico William Aguado, dueño de la casa en El Junquito en la que se refugió el grupo de Pérez. “Todas denunciaron haber sido torturadas. Entre ellos el médico que era dueño de la casa, que fue bárbaramente torturado”.
Por el caso fueron detenidas unas 30 personas, algunas fueron liberadas, como la diseñadora Carola Elizabeth Hernández que no tenía ninguna vinculación con el grupo. “A todas las personas implicadas las ha detenido el Dgcim, sin cometer delito en flagrancia y eso va en contra del Artículo 44, numeral 1, de la Constitución. Además, duran tres o cuatro días sin conocerse su paradero, puede ser hasta una semana completa”, explicó en aquel momento Yonathan Mustiola, abogado que asistió a algunos de los acusados.
El 18 de abril de 2018 el entonces ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, indicó que fueron detenidas 10 personas por el caso, entre ellas Vasco Da Costa y José Luis Santamaría, quienes ya había sido apresados en 2014 durante las protestas de ese año conocida como “La Salida”. Ambos fueron beneficiados por el “indulto” que otorgó Maduro el pasado 31 de agosto a un grupo de presos y perseguidos políticos. El médico Aguado fue liberado un día después. “En el caso de Óscar Pérez tenemos tres delitos de lesa humanidad: Detenciones arbitrarias, las torturas y las ejecuciones”, explicó Alvarado.
Caso en la CPI
En diciembre de 2020 la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, consideró en un informe que existen “fundamentos razonables” para pensar que en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad, al menos, desde abril de 2017. Dentro de este lapso se encuentra el caso Óscar Pérez que se menciona cinco veces en el informe de Determinación de Hechos de la ONU, documento que fue entregado a la CPI para sustanciar sus investigaciones.
Luego de tres años el Gobierno no mostró la menor voluntad de investigar las irregularidades en el procedimiento contra el ex policía. “Esto muestra el silencio del Defensor del Pueblo y la Defensoría frente a este tipo de arbitrariedades. Ahí también hubo un total silencio cuando incluso la Defensoría podía jugar un papel clave como mediadora. Tampoco hizo ningún esfuerzo por investigar la masacre o porque hubiera justicia y se hizo cómplice de ese asesinato colectivo”, denunció Alvarado.
El activista recordó que en el primer semestre de este año concluirá el examen preliminar de la CPI, en el caso de Venezuela, en el que se analiza la voluntad del Estado para investigar los crímenes de lesa humanidad.
“Con seguridad va a llegar a la conclusión de que no hay ninguna voluntad de investigar y sancionar, y muy probablemente lo que tengamos para el segundo semestre de 2021 es que la CPI avance en lo que se conoce como la etapa de investigación. Ahí se mantiene la actuación de la fiscalía, pero entran también los jueces de la CPI quienes pueden plantear que aquellas personas, que solicite la fiscalía, sean investigadas como responsables de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La CPI pudiera incluso dictar órdenes de detención de altos funcionarios venezolanos”, señaló.
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