Desde enero hasta el mes de junio de 2021, las violaciones de los derechos humanos y las muertes a mano de efectivos de seguridad de los organismos policiales del régimen de Nicolás Maduro, continúan perpetrándose según el reciente informe publicado en Lupa por la Vida.
De acuerdo con el monitoreo de violencia policial y militar desplegado por el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Centro Gumilla, se han contabilizado 825 presuntas ejecuciones extrajudiciales a mano de los organismos de seguridad del país en dicho lapso de tiempo.
Si se compara con las cifras del primer semestre de 2020 (1611 presuntas ejecuciones), hay una disminución del 48,6% de las muertes.
Aunque la organización cataloga como positiva la reducción de los casos, resaltan que de igual forma es grave el hecho de que más de 800 personas hayan sido asesinadas. “Es la continuidad de una política cuyos hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad”, indicó.
Alto nivel de letalidad
La ONG sostiene que las cifras reflejan el alto nivel de letalidad policial en Venezuela debido a que persiste la práctica de disparar a matar y demuestran la ausencia de una política de seguridad ciudadana orientada a preservar la vida.
“Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada. Debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública”, enfatiza Lupa por la Vida.
Según cifras de Provea y Centro Gumilla, desde 2015 hasta junio de 2021 han sido asesinadas por policías y militares 7.180 personas.
Impacto positivo de informe de la Misión de Determinación de Hechos
Lupa por la Vida resalta que debido al monitoreo realizado a nivel nacional pudieron constatar el impacto positivo que tuvo el informe presentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en septiembre de 2020.
Resalta que desde esa fecha se produjeron algunos cambios en la actuación policial y se observó una reducción de asesinatos por parte de los distintos organismos policiales y militares en varios estados del país.
“La disminución del número de asesinatos ratificó que las ejecuciones son una política de Estado. Cuando existe voluntad política para orientar a los cuerpos policiales en el sentido que sus actuaciones sean menos letales, se pueden lograr reducciones”, aseveró.
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