La alianza Provea – TalCual conversó con Manuel Sutherland, director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO), quien sostiene que las sanciones han afectado «terriblemente» a la economía nacional, pero no son las causantes de la crisis. «Ellas simplemente agravan una crisis previa, impiden la comercialización de petróleo y dificultan mucho la importación de cualquier cosa»
Carlos Seijas Meneses l Tal Cual
El 1 de febrero llegó a Venezuela la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan, quien hasta el 12 de febrero evaluará el impacto de las sanciones en los derechos humanos de la población venezolana. «Quiero examinar, en un espíritu de cooperación y diálogo, si la adopción, el mantenimiento o la aplicación de sanciones obstaculiza la plena realización de los derechos humanos de las personas, y en qué medida», dijo Douhan.
Douhan tiene previsto reunirse con altos funcionarios del gobierno, miembros del parlamento y del poder judicial, representantes de organizaciones internacionales, la comunidad diplomática, la sociedad civil, la oposición y el mecanismo nacional de derechos humanos, abogados, académicos, activistas, víctimas y sus familiares. El 12 de febrero compartirá sus observaciones preliminares en una conferencia de prensa en el Hotel Renaissance en La Castellana y en septiembre de 2021 presentará su informe final al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Ante este escenario, la alianza Provea – TalCual conversó con el economista Manuel Sutherland, director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO), quien insiste en que las sanciones han afectado «terriblemente» la economía nacional, pero que no son las causantes de la crisis. «Ellas agravan una crisis previa, impiden la comercialización de petróleo, dificultan mucho la importación de cualquier cosa y afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad. Las sanciones son un desastre y una vergüenza mundial que vulneran los derechos humanos».
Sin embargo, sostiene que «ni la comunidad internacional ni el liderazgo de oposición mediático que apoya el grupo que estaba en el Parlamento previamente y tampoco el gobierno nacional tienen voluntades políticas suficientes como para emprender un cambio, entender la profundidad de la crisis y hacer políticas que ataquen los flagelos sociales más importantes».
– ¿Con qué país se encontró la relatora especial de las Naciones Unidas en su visita a Venezuela?
– La relatora de la ONU se enfrenta con un país que ha tenido la caída más grande en la historia del capitalismo en cuanto a su PIB. Si mal no recuerdo, Liberia había sido el país que había caído más en cuanto a su PIB histórico, que cayó cerca de 81%. Venezuela, en las estimaciones que dan de 2013 a 2020, pudo haber caído alrededor de 90%, eso es como si una persona que pesaba 100 kilos y ahora pese 10 kilos. Es un ejemplo dramático, pero que de alguna manera vivifica la caída en la producción. Es como si fuéramos a un centro comercial y el 90% de las tiendas estuvieran cerradas.
Hay sectores, como el de construcción, intermediación bancaria y sectores relativos a la finanzas, que han caído 97% de 2013 a 2019. Ha habido una destrucción de la industria que tenía el país y ya de varios años hay una sustitución de la producción nacional por importaciones. La mayoría de las empresas cerraron y ya no están produciendo ni importando. Es probable que cerca de 75% de las empresas hayan quebrado y cerrado, y eso ha dejado al país en una ruina que ha forzado una diáspora enorme. Se calcula que entre cuatro y cinco millones de personas se pudieron haber ido, eso sería uno de cada seis venezolanos.
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