Antonio José Ledezma Díaz no le da tregua al régimen venezolano y ante la carta que 25 personas le dirigieron al presidente de EEUU, Joseph Robinette Biden, donde solicitaban aliviar las sanciones económicas, publicó una misiva con 68 firmas, en la que hace énfasis en que “las desgracias que se viven en Venezuela son previas a las sanciones impuestas, por lo que, relajar la presión sobre la tiranía, lo único que garantiza es la perpetuación de la misma junto con quienes durante años, han fingido oponerse, quienes se conformarán con las migajas que los tiranos ofrezcan para su sobrevivencia política”.
Por Sebastiana Barráez | Infobae
La preocupación que los 68 firmantes hacen al mandatario estadounidense como “imperiosa obligación” está basada en “los riesgos de que, instituciones de EEUU, terminen apañando a uno de los regímenes más criminales que ha conocido la historia de la humanidad: la tiranía venezolana, enquistada desde hace 23 años en el hemisferio occidental, en connivencia con el eje ruso, cubano, iraní y coludido con cárteles de drogas y grupos narcoguerrilleros”.
Como respuesta a quienes pidieron flexibilizar las sanciones, Ledezma advierte que “necesidades coyunturales de determinados factores pretenden convertir a las instituciones de EEUU en encubridores del asesinato a sangre fría de cientos de ciudadanos, quienes salieron a las calles únicamente a pedir libertad y, reclamar el presidio sin juicio de más de 300 venezolanos”.
La petición a Joe Biden es enfática: “No permita que el país paladín de los DDHH en el planeta se convierta en cómplice de estos crímenes, ya que no habrá narrativa eficaz ni suficiente propaganda pagada que sea capaz de ocultar esta realidad. Lejos de ceder ante la presión, le animamos a no sucumbir ante la misma”.
Es así como explica que las sanciones “son un mecanismo hoy más pertinente y vigente en el mundo”, colocando como ejemplo que los más disímiles gobiernos e instituciones se han unido “para sancionar severamente el genocidio acometido por Vladimir Putin en contra del pueblo ucraniano, y como gracias a esas sanciones aplicadas al régimen madurista se limitó su capacidad de financiamiento, impidiendo ejecutar sus planes expansionistas”.
Estado fallido
Los 68 firmantes recalcan que “en Venezuela, a diferencia de lo que ocurre en EEUU, en donde todos están sometidos al imperio de la ley, al igual que en naciones que sostienen regímenes monárquicos, en donde el verdadero rey es la ley, nosotros no dependemos de las leyes, ni del Estado de Derecho, sino del estado de ánimo caprichoso de los tiranos Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro”.
Se arriesgan a asegurar, sin vacilar, que “ya no somos un Estado de Derecho, sino un narco estado, por lo tanto, fallido y forajido a la vez. La crisis es porque no hay seguridad jurídica, no hay separación de poderes, pero sí una descarada impunidad que le garantiza a las mafias que roban, trafican y asesinan seguir cometiendo desafueros. La ‘sanción’ urgente a levantar al pueblo venezolano, es la que representan Maduro y sus socios detentando el poder”.
Responden a preguntas como: ¿Qué tienen que ver las sanciones con la crisis petrolera?, pidiendo no olvidar a quién inició la destrucción de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que fue una de las trasnacionales más prestigiosas del mundo. Hugo Chávez “despidió a más de 22 mil trabajadores y técnicos de Pdvsa, desbarató la Marina Mercante, liquidó nuestras refinerías dentro del país y las que poseíamos en Suecia, Inglaterra, Alemania, Dominicana y Cuba. Ha regalado cuantiosos cargamentos de crudo a sus socios del Foro de Sao Paulo. Por eso no hay suficiente gasolina”.
Una de las preguntas medulares es si por culpa de las sanciones no se permite la importación de alimentos y medicinas. “Otra gran mentira. A los productores y empresarios que resisten los someten a un ambiente pleno de incertidumbres, son víctimas de esa competencia traicionera que facilita el régimen convirtiendo al país en un puerto libre o zona franca, sin que medien políticas comerciales y fiscales definidas”.
“La verdad es que Chávez impuso, arbitrariamente, en el año 2000, una Ley de Tierras que dio lugar a todo tipo de asaltos y expropiaciones de complejos agropecuarios, invadieron millones de hectáreas, de complejos lácteos, mataderos, avícolas, porcinos y empresas de servicios eficientes como Agroisleña. Nunca han estado prohibidas las importaciones de alimentos ni medicinas”.
Aseveran que “las políticas anacrónicas de control de precios y control de cambio liquidaron el aparato productivo del país. La caída del PIB ha sido brutal, equivalente a más de 75%, la actual inflación supera el 600%, el salario sigue siendo paupérrimo, la pobreza arropa a más del 94% de la población, mientras que más de 7 millones de venezolanos hoy son desterrados por los efectos de la tragedia humanitaria compleja que persiste, no por las sanciones, sino por los robos de los dineros destinados a mejorar el sistema eléctrico, los hospitales, los acueductos, las vías de comunicación, las escuelas y universidades”.
Le recuerdan a Biden que “en instituciones serias de EEUU se procesan a estafadores que se enriquecieron con importaciones de alimentos, operaciones realizadas con sobrefacturaciones y sobreprecios, además de que eran bienes, en muchos casos descompuestos. El robo ha sido descomunal, se asegura que supera los 600 mil millones de dólares”.
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