Informan donde escasean las fuentes oficiales, atienden a enfermos, a presos o, simplemente, velan por los derechos humanos de los venezolanos. Las ONG se han convertido en un escalón fundamental de la sociedad, pero el Gobierno insinúa que tienen vínculos terroristas y estudia una normativa que consideran inasumible.
“Pareciera que en Venezuela, cada vez más, ser solidario se convierte en un factor de riesgo“, explica a Efe Marino Alvarado, miembro de Provea, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos.
Esa nueva regla que el Gobierno les impone a las ONG, y que estas consideran una amenaza, es una providencia administrativa que, entre otras cosas, crea un registro unificado ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo.
Frente a ello, Alvarado denuncia que esta resolución, al ser emitida por esa oficina, “deja en la responsabilidad” de las personas jurídicas, naturales u organizaciones demostrar que no están “involucradas ni en la promoción ni en actividades de delincuencia organizada ni de terrorismo“.
Es decir, aquí la presunción no es de inocencia, sino de culpabilidad, y les corresponde a las personas naturales y jurídicas demostrar que no tiene ningún tipo de vínculos con actividades terroristas o delincuencia organizada“, subraya.
Sin embargo, considera que esta normativa es “la continuidad de una política que se ha planteado” y que implica “ir cerrándole espacios a organizaciones de la sociedad civil que reivindican su autonomía frente al Estado”.
Esa política, para el activista de Provea, comenzó hace dos años “con obstáculos para el registro de nuevas organizaciones, después, impidiendo que organizaciones puedan registrar las actas de asambleas y el cambio en sus directivas” o planteando “a los bancos que deberían controlar y vigilar las cuentas” de las ONG.
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