El Parlamento legítimo, en la Sesión de este martes, acordó primeramente notificar a la ONU y a la Unesco, que el Parque Nacional Canaima, patrimonio mundial está peligro debido a la depredación de la actividad minera ilegal en el estado Bolívar, estimulada por el régimen de Nicolás Maduro, que ha destruido un total de 22.481 hectáreas, generando un daño difícil, si no imposible de recuperar, comprometiendo la calidad de vida de los venezolanos y pueblos indígenas originarios.
Proyecto de Acuerdo
Por tal razón, plantean promover ante la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la constitución de una comisión técnica integrada por representantes de instituciones académicas nacionales y organizaciones internacionales defensoras del patrimonio natural, para que efectúen la evaluación efectiva del impacto ocasionado por la minería y se establezcan mecanismos técnicos y financieros expeditos para la restauración y preservación del ecosistema.
De igual forma, el Proyecto aprobado por el pleno de la Comisión Delegada exhorta a la ONU y a la UNESCO que exija al funcionario del régimen Jorge Arreaza, el examen del estado de conservación del referido patrimonio mundial.
A su vez, pide a las referidas organizaciones internacionales que reciban el informe sobre el estado de la conservación del Parque Nacional Canaima, elaborado por esta Asamblea Nacional y la sociedad civil, el cual será presentado para la 44° de la sesión extendida del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que se llevará a cabo del 16 al 31 junio del 2021
Alerta naranja
El parlamentario Orlando Ávila, vicepresidente de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, señaló que las investigaciones independientes de reciente data realizada por el Programa Venezolano de Educación Acción (PROVEA), la ONG SOS Orinoco y World Heritage Watch (WHW), han revelado reiterativamente desde el año 2006, que mafias de militares, cuerpos de seguridad estatal y grupos irregulares armados, ejercen y controlan la minería ilegal, “imponiendo sus leyes con tolerancia estatal, para tener el acceso rápido a divisas”.
Ávila recordó que el Parque Nacional Canaima declarado por la Unesco, como patrimonio mundial de la humanidad, en el año 1994 y, de igual manera, por expresidente Rómulo Betancourt, el 12 de junio de 1962, “días después de un aniversario más, es precisamente declarado alerta naranja como consecuencia del extractivismo minero que ha originado deforestación, sedimentación de ríos, desplazamiento forzado de los pueblos originarios, entre otras causas.
Patrimonio en peligro
La legisladora Mildred Carrero, solicitó a la Unesco incluya al Parque Nacional Canaima, en la lista de los Sitios de Patrimonio Mundial en peligro e indicó que la minería produce la contaminación con mercurio de las aguas y fauna, como consecuencia, la inacción del régimen de Nicolás Maduro para contrarrestar la actividad extractivista y el apoyo de la ejecución del Arco Minero del Orinoco, facilita el tráfico de maquinaria y herramientas para la explotación ilegal del oro.
Tomó como ejemplo, el documento de investigación presentado por el grupo de trabajo socio-ambiental de la Amazonia, que sentenció que no hay forma de sostener la minería ilegal de manera ecológica y determinó que la explotación minera afecta 31% de las tierras nativas de las comunidades indígenas de la región, revelando que “muchos indígenas debido a la emergencia humanitaria compleja que existe Venezuela, se han visto obligados a dejar sus trabajos”
En este punto, la diputada María Gabriela Hernández, presidenta de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, aseguró que en el informe sobre el estado de conservación del parque elaborado por la dictadura, omitirá que el territorio lo domina irregulares armados que han causado que el pueblo indígena pemón, sea desplazado, asesinatos y obligados a trabajar en condición de esclavitud en las minas.
Destacó que la Asamblea Nacional aprobó 5 acuerdos en contra de la minería en Parques Nacionales, lo cual constituye una actividad prohibida y considerada como delito en la legislación nacional.
Delincuencia instaurada
En la discusión del texto legal, intervino el diputado Romel Guzamana, presidente del Parlamento Amazónico, quien afirmó que el Parque Nacional Canaima, “es el hábitat ancestral de la etnia Pemón”; y reiteró la denuncia que el régimen viola flagrantemente el artículo 127 de la Constitución, pues acotó que, hoy en día este patrimonio mundial, está siendo amenazado por actividades de minería ilegales y delincuencia organizada.
“La delincuencia organizada toma por asalto el Parque Nacional Canaima, instaurando campamentos con la frontera entre Brasil y Venezuela, amenazando de muerte a los pueblos indígenas”, exclamó, quien a su vez, recriminó al régimen por no pronunciarse sobre la muerte del Pemón en Canaima y la masacre de los 7 pemones de la comunidad de Kumarakapay.
Instó a las ONG´S nacionales e internacionales y los gobiernos del mundo, que ayuden a preservar el Parque Nacional Canaima, como medio de vida del ambiente, por lo cual, “consideramos que la Asamblea Nacional, la Constitución y el Acuerdo de Transición, en su artículo 8, puede adoptar las decisiones necesarias para el ejercicio de los derechos del Estado Venezolano ante la comunidad internacional”.
Para cerrar, el punto que incluyó el Orden del Día, La máxima autoridad del Parlamento Nacional, presidente Juan Guaidó, autorizó mostrar un video realizado por la organización no gubernamental SOS Orinoco sobre la discriminada actividad minera que se ejecuta dentro del Parque Nacional Canaima.
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