“Yo no soy persona que se queda callada, yo no me vendo, porque la vida de mi hijo vale demasiado y la dañaron para siempre. Todavía tiene sus 52 perdigones en su rostro todas las mañanas me toca retirarle sus prótesis, y ustedes no saben la tortura que es escuchar a mi hijo diciéndome que quiere ver”.
Por Freddy Omar Durán / lanacionweb.com
Acompañada de abogados pertenecientes al Foro Penal Táchira, Adriana Parada, madre de Rufo Chacón, sostuvo este viernes, en rueda de prensa ofrecida en el Colegio de Abogados, una actitud firme y aguerrida frente a una serie de irregularidades que, en su concepto y el del equipo legal que la acompaña, se están cometiendo en el proceso, que el día de jueves tuvo audiencia preliminar en el caso de los dos policías por la agresión de la que cual fue objeto su hijo, en una protesta por gas a finales del mes del julio y en la cual perdió la visión y sufrió fuertes lesiones en su rostro.
“Yo no me voy a quedar callada y voy a seguir en pie, como debe ser. Le hago un llamado a la ministra Iris Valera, a que abra las puertas del Centro Penitenciario de Occidente, que es el lugar donde los acusados deben estar, y no en el centro de reclusión de Politáchira (institución donde ellos laboraron). Exijo que haya justicia en el caso de mi hijo, porque estos policías están siendo privilegiados en todo momento”.
Como vocera de los representantes del Foro Penal que acompañaron a la señora Parada, Raquel Sánchez ofreció detalles de lo que fue la audiencia preliminar en el Tribunal 4to de Control de la Circunscripción Judicial Penal del estado Táchira, en la cual se calificaron los delitos de homicidio intencional calificado y con motivos fútiles e innobles en grado de frustración; uso indebido de arma orgánica, y el delito de trato cruel, pero el juez desestimó el delito de quebrantamiento de convenios y pactos en materia de derechos humanos, suscritos por la Republica Bolivariana de Venezuela.
Denuncia el Foro Penal que este tipo de desestimaciones se están convirtiendo en costumbre en los juzgados tachirenses, y que de alguna manera restan responsabilidad al Estado venezolano, y las instituciones de seguridad a su cargo, en lo que tendría que ver con procesos indemnizatorios y sanciones internacionales.
Aseveraron que algo similar ha ocurrido con otras víctimas que han interpuesto casos similares, como Jenny Ortiz y Luis Alviárez.
“Pareciese –afirmó Sánchez- que hubiese una directriz en donde todos los jueces se abstienen de calificar el quebrantamiento de principios; será que a los muchachos que mueren dentro del contexto represivo no se les violan los derechos humanos, a pesar de que se trata de funcionarios armados con las armas que la República les provee para que defiendan a la población, en ejecución de sus funciones, y que quebrantan acuerdos sobre el uso de armas de fuego para reprimir manifestaciones públicas, así como convenios internacionales en materia de niños, niñas y adolescentes. Yo me pregunto el día de hoy, como abogado: ¿será que a Rufo no le violentaron sus derechos humanos?”.
El equipo legal afirmó que desde el momento de la audiencia de presentación, y en el cual se dictó la privativa de libertad, fue ordenado el Centro Penitenciario de Occidente como sitio de reclusión, pero eso no fue así, y en su defecto, deberían permanecer en la sede del Cicpc San Cristóbal, como sujeto aprehensor, y no en las instalaciones de Politáchira. Agregó que se debería aprovechar la descongestión del CPO, que normalmente se da en el mes de diciembre, para que los funcionarios imputados reciban sus respectivos cupos”.
“Aquí parece que hay una complicidad institucional para que estos funcionarios no vayan a donde tienen que estar”, sostuvo Sánchez.
También reportaron como irregularidad el hecho de no admitir el llamado a declarar el director de Politáchira.
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