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Maduro contrata bufete de abogados español para blindar sus bienes en el exterior ante sanciones

El Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, contrató a un despacho de abogados en España, según lo reseñado por el medio Expansión, para que sean los encargados de asesorar, no solo al líder oficialista, sino a sus allegados ejecutivos, en relación a las sanciones y embargo que han sufrido mayormente ante las acciones de los Estados Unidos en relación a sus bienes en el extranjero. El despacho encargado, Lupicinio Abogados, manejaría un acuerdo con la Administración del Estado de Maduro, incluyendo a sus ministros y altos cargos.

El acuerdo entre la cúpula oficialista y el grupo español aparentemente fue firmado en el mes de enero con una duración de casi un año, sin embargo, para la fecha el despacho confirmó al medio que no ha recibido ninguna solicitud por parte de Venezuela. Dicha medida por parte del Ejecutivo podría estar impulsada debido a que la Procuraduría depende de la Asamblea Nacional (AN), lo que a juicio de la firma de abogados, proporciona cobertura por ser un organismo reconocido por Estados Unidos, la UE y España. Dicha Procuraduría venezolana, defiende los intereses patrimoniales de Venezuela.

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La compañía especializada en este tipo de situaciones internacionales ha asegurado también que el contrato firmado estipula libre albedrío con relación a los casos. Es decir, que se encuentran en la capacidad de aceptar o rechazar cualquier solicitud hecha por el Gobierno chavista.

“Es un organismo que tiene facultades de contratar por el interés de la República cuyo máximo representante lo designa la Asamblea Nacional, de mayoría no oficialista y cuyo presidente no es oficialista”, explicó la firma de abogados española.

Por otro lado, el mencionado Bufete asesora a la Administración del Estado de Maduro en un área en la que está especializado, tantos los embargos como las sanciones implementadas por EEUU, UE y la ONU.

El contrato con la Procuraduría venezolana, también incluye a las personas físicas en el caso de sanciones y embargos. Desde el despacho revelaron que acordaron que cada encargo que plantee la Procuraduría será previamente analizado por parte de un comité deontológico interno el cual tomará la decisión de aceptarlo o no.

Por su parte, el embajador designado por Guaidó en España, Antonio Ecarri, las consideró como “una buena noticia porque delata el desmoronamiento del régimen y las búsqueda de salidas. Es el comienzo del principio del fin; el principio del fin, si duda”, destacó.

Con información de Sumarium

Alberto News

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