Los hijos de Cristina Vargas no saben lo que es merendar en la mañana una porción de fruta o un vaso de avena por las tardes. Cuando les da hambre entre comidas saben que recibirán una arepa de maíz amarillo sin relleno y una taza de café negro clarito. Eso es lo único que tienen para darles en su casa ubicada al sur de Valencia.
Por Dayrí Blanco–El Carabobeño
Tienen uno y cuatro años de edad y muchas precariedades acumuladas. “Nosotros estamos en pobreza extrema”, expresó su madre. Ella lamenta no poder ofrecerles otra cosa, pero la situación económica de su familia es crítica.
Ni pan ni huevo puede darles. “Un huevo cuesta ya 500 mil bolívares y un pan está en un dólar y medio. Es imposible para mí comprarles eso que es de lo más básico en cualquier casa”.
Ellos viven en Altos de Mirandita, en la parroquia Miguel Peña de la capital carabobeña. Además de los niños tiene a su hermano con una discapacidad a cargo, y su esposo es el único que trabaja en ese hogar. Pero lo que gana no le alcanza para cubrir todas las necesidades de la familia.
Es vigilante y cobra 30 dólares quincenales. Aunque recibe un ingreso 3000 % por encima del salario mínimo nacional, que es el equivalente a menos de dos dólares al mes, no es suficiente para que dejen atrás la miseria, lo cual es un reflejo de la realidad económica del país que, de acuerdo a la última Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), 79,3% de los venezolanos están sumergidos en pobreza extrema y 96,2% son pobres.
La magia del CLAP
Cristina no se queja de la regularidad con la llega a su comunidad la bolsa CLAP, pero sí de su contenido. Ella debe hacer magia para que esos alimentos le alcancen durante todo un mes.
Tres kilos de harina de maíz amarillo, que trata de rendir entre los desayunos y las meriendas, dos de arroz, un par de frijoles chinos y, en algunas oportunidades sardinas y una papeleta de 250 gramos de leche en polvo, es lo que trae ese combo mensual por el que deben pagan 10 millones de bolívares, más del salario mínimo.
Ellos no comen proteínas. “Nosotros ya no sabemos qué es eso. No comemos pollo, carne ni pescado. Lo que más comemos es frijol chino, y lo digo sin pena porque esa es nuestra realidad”. Y es la misma experiencia de quienes reciben ese subsidio en cada uno de los 403 Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) que hay en Carabobo.
Con esto queda expresa la violación al artículo 17 de la Constitución, que contempla los derechos económicos e indica que “todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen; a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos”. Además, también se vulnera el derecho a la alimentación consagrado en el artículo 305.
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