Desde hace más de 25 años, cada diciembre Alberto viaja casi 600 kilómetros desde Caracas hasta su natal estado Bolívar, al sur de Venezuela, para visitar a la familia. El trayecto incluye una parada en Anaco, ciudad del estado Anzoátegui, donde también tiene parientes.
Por EFECTO COCUYO
Lo que recuerda como un viaje placentero se ha convertido hoy en una carrera por sortear obstáculos: principalmente debido a la escasez de combustible y el pago de “peajes” a funcionarios policiales y militares que pueden ir desde dinero hasta una pasta de dientes.
El pasado 20 de diciembre logró abastecer full el tanque de gasolina de su vehículo en una estación de servicio donde pagó 50 centavos de dólar por litro, tarifa oficial en divisas que estableció el régimen de Nicolás Maduro en junio. Agarró carretera y en cinco horas llegó a Anaco, a casa de su hermano.
Al día siguiente, ambos continuaron el viaje en caravana hasta ciudad Bolívar, a dos horas de distancia.
Tuvo que volver a cargar combustible en esa ciudad, pero esta vez solo lo consiguió en el mercado negro. Pagó un dólar por litro (le echaron 20).
Recuerda que un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) interrogó a su hermano en una de las alcabalas por las que pasaron. “¿Llevas hielo? Si llevas hielo está expropiado”, dijo el oficial. Por suerte, la cava que tenía en su carro estaba vacía.
A 185 kilómetros de Anaco, en la ciudad de Soledad también en el estado Anzoátegui, buscaron de nuevo gasolina con “un contacto”. Ahí le cobraron dos dólares cada litro.
Entre el sector conocido como Morón (por un viejo restaurante con el mismo nombre que había en la zona) y el pueblo de Soledad se sumaba otra preocupación. Los conductores son asediados por la delincuencia organizada en el sector.
El sobrino de una amiga de Alberto había sido víctima del hampa en esa zona días atrás. Unos sujetos comenzaron a dispararle a su camioneta y lo obligaron a detenerse. Le robaron todas sus pertenencias y dólares en efectivo.
Una vez en Ciudad Bolívar es casi imposible surtirse de combustible, afirma Alberto que es médico de profesión. Las gandolas pueden tardar semanas en llegar a las estaciones de servicio y los usuarios pasan días en la cola. Por eso no pudo movilizarse a la población de Guasipati, como en años anteriores.
Los habitantes de esa entidad refieren que mafias de bandas delictivas y grupos armados, en complicidad con funcionarios militares, desvían algunas gandolas para hacer negocios.
Mencionan un punto para repartir el combustible en la mina Las Vainitas, donde cobran hasta 5 dólares por litro, lo cuál denunció el diputado Américo de Grazia en abril.
Colaboración para las alcabalas
El fin de semana del 2 y 3 de enero Alberto se enrumbó de regreso a Caracas. En el camino contó 43 alcabalas, incluyendo alcabalas móviles, en su mayoría de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). En siete de ellas lo pararon e hicieron bajar del carro, y en cuatro tuvo que dejar algo como “colaboración”.
El médico cuenta que en su mayoría en estos puntos de control había funcionarios jóvenes “con una actitud bastante hostil”.
“Párese a la derecha”, ordenaban, y se acercaban con sus armas en mano. No le pedían sus documentos o papeles del vehículo, pero si lo inspeccionaban rigurosamente.
“Ellos se llaman así mismos como ‘el comando’, entonces te preguntan que con qué vas a colaborar para el comando”, narra. Uno incluso agregó que necesitan la ayuda porque están “desasistidos”.
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