La migración es un fenómeno histórico; existe desde que existen las guerras, las crisis económicas y los desastres naturales que obligan a la gente a huir de sus países de origen; existe desde siempre. Detenerla, cuando 3,6% de la población mundial es migrante, es decir, 281 millones de personas según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), es imposible. Sobre todo cuando hacerlo implica estrategias de contención con componentes policiales que más bien aumentan los riesgos de abusos y violación de derechos humanos de estos grupos.
A mediados de abril, los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Panamá anunciaron que lanzarán una campaña de dos meses con «esfuerzos policiales» para acabar con el tráfico de migrantes por la peligrosa selva del Darién y reducir el flujo migratorio irregular. Katie Tobin, directora de Asuntos Transfronterizos de EE.UU no dio detalles porque no habían sido definidos. En conferencia de prensa telemática, solo dejó claro que «el enfoque va a ser en los actores criminales transnacionales, en los cárteles» que «son los mismos actores que mueven las drogas hacia corredores», pero ahora «están moviendo migrantes».
Maureen Meyer, vicepresidenta para Programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), dijo a TalCual que lo preocupante del anuncio trinacional es que los migrantes terminen más expuestos a abusos por parte de las autoridades.
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