En Venezuela no hay acceso a la información. El régimen chavista ha silenciado y cerrado con éxito cientos de medios masivos; canales de televisión, emisoras de radio y periódicos han cerrado a raíz de la censura impuesta. Resisten algunos medios, más pequeños, y también deben cuidarse mucho de no difundir informaciones que puedan molestar al poder. Hay palabras —como «dictadura»—, temas y personajes que están prohibidos mencionar. No hay radio, por ejemplo, que se atreva a ofrecerle un micrófono a María Corina Machado, líder de la oposición.
La libertad de expresión en Venezuela comenzó a deteriorarse hace mucho tiempo, cuando llegó al poder Hugo Chávez. «Ellos [el chavismo] han ido construyendo una hegemonía comunicacional perfecta», explica a ABC Miguel Henrique Otero, director del periódico ‘El Nacional’, uno de los diarios con mayor trayectoria en el país, y también uno de los más golpeados por el poder.
La prensa venezolana tiene que atravesar una gran cantidad de obstáculos para ofrecer su información. Mientras se aniquilaban los medios tradicionales por un lado, brotaban por otro las páginas web, «pero llegó el momento en que comenzaron a bloquearlas», asegura Otero. «Están incluso bloqueadas páginas de afuera: CNN; NTN24, Infobae…». Según un informe de la oenegé VE sin Filtro, hay más de cien URLs que están bloqueadas en Venezuela, y la conexión a internet es inexistente en gran parte del territorio.
Uno de las mayores estocadas que recibió ‘El Nacional’ fue por reproducir una exclusiva de ABC, escrita por Emili J. Blasco, en 2015. En ella se desvelaba que Diosdado Cabello, el entonces número dos del chavismo, estaba siendo investigado por narcotráfico por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.
«Era una noticia muy importante», asegura Otero, «porque Cabello era el presidente de la Asamblea Nacional; la publicaron 80 periódicos. Entonces él introdujo una demanda de difamación cuyo proceso ha sido totalmente ilegal. ABC publicó eso, y un año después la DEA publicó una orden de captura contra Diosdado Cabello por narcotráfico, con una recompensa de 10 millones dólares. Eso prueba que estaba siendo investigado, pero el juicio no progresó».
Una redacción desperdigada
«Entonces Cabello -recuerda Otero- introdujo una demanda civil, de difamación, que según la legislación no se puede hacer si no existe la sentencia penal. Y el juez dictaminó que yo tenía que pagarle un millón de dólares, pero entre el dictamen y la emisión de la sentencia, pasaron cuatro o cinco meses, y la inflación hizo que ese millón de dólares se convirtió en un dólar».
El editor venezolano señala que Diosdado Cabello «entró en cólera y logró que el Tribunal Supremo se hiciera cargo del juicio, cosa que también era ilegal, porque tenía sentencia firme. Y el Supremo decidió que yo tenía que pagarle el equivalente a 13,3 millones de dólares, pero en una criptomoneda, ya inexistente, llamada Petro», que estaba anclada al precio del barril del petróleo.
«Ni siquiera me fueron a cobrar los 13 millones de dólares; mandaron al Ejército a tomar el edificio», la sede del periódico en el centro de Caracas. Un inmueble que ahora se encuentra improductivo. En ese momento Otero estaba fuera del país, y por eso no pudieron detenerlo. El invaluable archivo histórico que el diario conservaba fue movido de sitio días antes, previendo la inminente ocupación.
Tras la persecución, ‘El Nacional’ se vio obligado a mutar. «Nosotros funcionamos muy descentralizados: hay una redacción allá, un jefe de información que vive en Portugal, hay periodistas regados por el mundo, hay unas oficinas administrativas en Miami y los servidores están en Texas, entonces ya no nos pueden agarrar como nos agarraban antes», explica Otero.
«Hay una esperanza»
Si hay un cambio político en Venezuela, Otero está seguro de poder recuperar las instalaciones. «Hay una esperanza y todo el mundo cree que las próximas elecciones nos van a llevar al resultado que queremos; Maduro está en una tormenta perfecta, tiene todo en contra».
El editor destaca cómo la líder opositora, inhabilitada por el régimen, «que ha generado esta dupla con Edmundo González, ha causado un fervor en la gente que nunca hemos visto. Ella no se publicita en la radio, no tiene avisos en la prensa, no tiene dinero para la movilización y el porcentaje de la población con teléfonos inteligentes es mucho más bajo que el de Madrid, pero miles y miles de personas caminan kilómetros para verla. El día de las elecciones esa gente no se va a ir para sus casas, se va a quedar y va a cuidar los votos como si fueran su vida», afirma convencido.
«Dentro de las Fuerzas Armadas también hay un sector chavista que siente que Maduro ha traicionado el legado de Chávez; y en el momento de un fraude, no lo van a rescatar»
Otero asegura que el tema militar es de gran peso para la inestabilidad del Gobierno, cuya estructura de poder está «fracturada». «Hay un descontento creciente hacia Maduro y ese porcentaje de la población también se refleja dentro de las Fuerzas Armadas, donde también hay un sector chavista que siente que Maduro ha traicionado el legado de Chávez; en el momento de un fraude, no lo van a rescatar. Y no hablo de un golpe, hablo del momento del fraude electoral».
El secuestro de los poderes públicos
Habiendo sido testigo del deterioro venezolano, Otero no tiene un buen diagnóstico para la separación de poderes en España. «El proceso de toma populista en este esquema posmoderno pasa por un líder populista y el secuestro de los poderes públicos, siendo el Tribunal Supremo el más importante», asegura.
Eso fue lo que hizo Chávez en los inicios de su mandato. «Cambió la Constitución, pero los cambios no fueron tan relevantes, era una Constitución liberal, no comunista ni nada por el estilo». Sin embargo, en el proceso de crear una Asamblea Constituyente, Chávez puso las manos en los poderes públicos, explica Otero. «Teniendo los poderes públicos en sus manos, el chavismo pudo dinamitar todos los pilares de la democracia». Y fue permitido porque «el Tribunal Supremo ni siquiera está formado por grandes abogados, sino por gente que no discute nada y hace todo lo que le dicen», asegura.
Según Otero, eso es lo que Gustavo Petro o Gabriel Boric pretendieron hacer, sin éxito, en sus países, «y es el modelo que va a aplicar Claudia Sheinbaum, porque ella tiene todas las asambleas legislativas regionales, en sus manos y tiene mayoría calificada en el Congreso. El mecanismo de este autoritarismo de izquierda populista es a través del del Tribunal Constitucional y eso es lo que piensa hacer Sánchez en España».
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