«Estamos creando un problema regional, porque todo lo que sale del río Orinoco al mar Caribe, está saliendo contaminado», asegura la biólogoa venezolana Vilisa Morón a la VOA.
Adriana Núñez Rabascall | La Voz de América
La explotación ilegal del oro en Venezuela no solo causa daños ambientales, sino también, cobra vidas. Las minas del sur del país son controladas por bandas criminales que explotan laboralmente a niños y asesinan a quienes no cumplan sus reglas, según el más reciente informe de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.
Imágenes satelitales muestran la devastación de zonas que años atrás fueron bosques. Las motobombas y otros equipos utilizados para extraer el oro ilegalmente han afectado 3 mil 300 hectáreas de monumentos naturales y parques nacionales en sur de Venezuela, según la bióloga y ecologista Vilisa Morón.
«Se están afectando los bosques ribereños, los morichales. Se están dejando cráteres con suelos descubiertos, desprotegidos de vegetación. También dejan cráteres con agua estancada, que está contaminada con mercurio, gasolina, con todos los desechos producto de la actividad minera”, apuntó Morón a la Voz de América.
Las personas que trabajan en la región del Arco Minero del Orinoco en Venezuela están atrapadas en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área, según un informe publicado el miércoles por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La especialista advierte que los trabajos de minería desvían el cauce de los ríos y el uso excesivo de mercurio, para separar el oro de las rocas, tiene otros efectos
«Contamina nuestros peces y ríos afectando a comunidades indígenas y criollas que se sirven de estos ríos. Estamos creando un problema regional, pues todo lo que sale del río Orinoco va al mar Caribe, está saliendo contaminado”, indicó la bióloga venezolana.
En 2016, el presidente en disputa Nicolás Maduro creó el denominado Arco Minero del Orinoco, una superficie que ocupa un 12 por ciento del territorio nacional, en la que ofreció concesiones legales para explotar el oro y así generar ingresos extra al país.
«Que se acabe el esclavismo en la actividad minera y los trabajadores tengan sus derechos, al descanso, a la remuneración justa”, indicó el mandatario en disputa en su momento.
Pero opositores señalan que dentro de este área y en las minas ilegales no solo hay un “ecocidio». De 2016 a la fecha, 149 personas fueron ejecutadas por las bandas que controlan las zonas, según el más reciente informe de Naciones Unidas.
El diputado Américo De Grazia explica que esos grupos criminales exigen a los trabajadores parte del oro que extraen e imponen castigos a quienes no lo hagan.
«La penalización va desde mutilaciones hasta la muerte”, explicó De Grazia a la VOA.
El lavado de dinero es, a juicio de este legislador, otro de los delitos cometidos.
«Reportan 300 kilos de oro al fisco nacional, pero se quedan con 30 mil kilos al año que no reportan al fisco nacional, ya eso es una actividad ilícita. La otra actividad ilícita es la trata de blancas, esclavitud infantil”, apuntó el parlamentario.
Un 80 por ciento de la población que vive cerca de las minas trabaja en esta actividad, incluyendo niños que son forzados, según Naciones Unidas, a llegar hasta lo más profundo de las cavidades para obtener los minerales.
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