La Misión de Verificación de la ONU sobre Venezuela denunció que el aparato represivo en el país no ha sido desmantelado y que ha cambiado de tácticas, dependiendo de la intensidad y fortaleza de la disidencia política.
En el cuarto informe presentando ante el Consejo de Derechos Humanos, la instancia resaltó el caso de los seis sindicalistas condenados a 16 años de cárcel el pasado 1 de agosto por exigir mejoras salariales.
“Al criminalizar la participación en actividades legítimas, el Estado silencia y crea un efecto que amedrenta a cualquiera que se plantee participar en alguna acción que pueda percibirse como crítica al Gobierno”, aseguró Patricia Tappatá Valdez, experta de la Misión.
La misión también identificó dos tipos de mecanismos de represión: el blando y el duro, con lo que el Estado se adapta para sofocar cualquier crítica a su gestión.
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