El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) advirtió el miércoles 14 de agosto que la “represión” durante las protestas postelectorales “amenaza con silenciar” las voces más vulnerables de la sociedad.
«Estas manifestaciones poselectorales han surgido principalmente de las entrañas de los barrios más empobrecidos, antiguos bastiones del chavismo, desafiando la narrativa oficial y enfrentando una represión brutal que amenaza con silenciar las voces más vulnerables de la sociedad venezolana”, señaló el OVCS en un informe publicado en su página web.
Protestas en zonas populares
Asimismo, dijo que el 80 % de estas manifestaciones se registraron en zonas pobres y populares, “tradicionalmente afectas al gobierno” y, añadió, el 75 % de las protestas “reprimidas” ocurrieron en barrios pobres.
“Pareciera una estrategia deliberada para silenciar a quienes más sufren las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja, que actualmente exigen transparencia y entrega de las actas electorales”, añadió el informe.
El OVCS indicó que la “criminalización” de la protesta socava los “principios básicos del espacio cívico y democrático y viola flagrantemente tratados internacionales de derechos humanos de los que Venezuela es signataria”.
El martes 13 de agosto, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, denunció “el elevado y continuo número de detenciones arbitrarias” y el “uso desproporcionado” de la fuerza reportados tras las protestas contra el resultado oficial de las elecciones presidenciales del 28 de julio, unas afirmación que el gobierno rechazó.
“Es especialmente preocupante que tantas personas estén siendo detenidas, acusadas o imputadas de incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista. El derecho penal nunca debe utilizarse para limitar indebidamente los derechos,” afirmó Türk
Según fuentes estatales, más de 2.400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio -algunas en manifestaciones y otras en operativos policiales-, mientras que 25 personas fallecieron en hechos de violencia que el gobierno atribuye a la oposición, mientras que el antichavismo culpa a las fuerzas de seguridad del Estado, por orden de superiores.
Dirigentes de oposición denunciaron persecución política
Sumado a esto, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha denunciado que sus dirigentes han sido víctima de una persecución política “a niveles inhumanos” tras las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial ratificó la victoria de Nicolás Maduro, que el antichavismo ve como fraudulentas.
“Durante los últimos días, la represión y la persecución política ha llegado a niveles inhumanos y críticos, en el que decenas de adolescentes, centenares de mujeres y hombres han sido secuestrados por expresar su voluntad de cambio y un futuro mejor”, alertó el bloque en X (antes Twitter).
La PUD, que asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó las elecciones por amplio margen, agradeció el pronunciamiento que hizo el 9 de agosto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), en el que pidió la liberación de quienes han sido víctimas de “detenciones arbitrarias”.
“Tras la victoria electoral de González Urrutia nos toca seguir alzando la voz y este tipo de pronunciamientos son aportes importantes que ayudan a nuestra causa democrática y pacífica”, añadió el bloque, que publicó “el 83,5 % de las actas electorales” para sustentar su reclamación de fraude en los comicios.
Según la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país, hasta este sábado persisten 1.393 arrestos verificados, producidos en la situación poselectoral, lo que incluye a 182 mujeres, 117 adolescentes, 14 indígenas y 16 personas con alguna discapacidad.
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