Insuperables. Así parecen ser las fallas y vicios que aquejan a la justicia venezolana, pues las reformas legales e institucionales adoptadas en los últimos dos años por las autoridades han sido incapaces de acabar con ellos. Al menos este es el sabor de boca que deja el último informe que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, presentó sobre la situación del país.
Por Acceso a la Justicia
«Las autoridades judiciales y legislativas adoptaron medidas durante el período de referencia para mejorar la celeridad de sus procedimientos y fortalecer el sistema judicial (…) El ACNUDH reconoció anteriormente las enmiendas al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) para reducir la detención preventiva y acelerar la apertura de juicios. Sin embargo, persiste la preocupación por la aplicación de la legislación aprobada».
Esto se lee en el reporte, de 20 páginas de extensión, que el jurista austriaco presentó el pasado 4 de julio al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Türk explicó al Consejo que los venezolanos sometidos a procesos penales y que se les deja detenidos preventivamente tienen enormes posibilidades de terminar en un calabozo, sin juicio y mucho menos condena, más allá de los 3 años que como máximo establece la legislación.
«El ACNUDH documentó al menos 135 casos de personas (10 mujeres) que permanecen en detención preventiva más allá del período legalmente establecido en la reciente enmienda del artículo 230 del COPP, lo que equivale a detención arbitraria, lo que también puede generar violaciones de otros derechos humanos».
El jurista austriaco no se quedó allí y reportó que 39 personas fueron condenadas a pesar de haber superado el período de detención preventiva legalmente establecido.
Asimismo, informó que su oficina documentó otros 44 casos en los que los procesados pidieron a los tribunales su excarcelación, porque han pasado más de 3 años preventivamente tras las rejas, pero hasta el momento no han recibido respuesta. Por ello, instó a las autoridades judiciales a que «examinen debidamente las solicitudes de puesta en libertad a la luz de las normas internacionales de derechos humanos y a que pongan inmediatamente en libertad a todas las personas detenidas ilegal o arbitrariamente».
Con boleta de excarcelación, pero preso
«Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta». El mandato previsto en el numeral 5 del artículo 44 de la Constitución es violentado de manera recurrente en Venezuela, donde continúa habiendo personas detenidas, pese a que cumplieron sus condenas o un juez ordenó liberarlos.
Al respecto, esto expuso el alto comisionado al Consejo:
«En siete casos, las personas detenidas fueron puestas en libertad tras períodos que abarcaban de ocho a 330 días de detención arbitraria. Se dictaron nuevas órdenes de detención contra otras ocho personas detenidas tras la emisión de la orden de liberación, incluidos cuatro casos de informes anteriores».
Türk también manifestó preocupación porque los jueces siguen ignorando las órdenes giradas desde el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas.
Procesos infinitos
Las reducciones de los lapsos para la celebración de las audiencias preliminares y de juicio tampoco han servido para poner fin al endémico retardo procesal ni para acelerar los procesos en curso, denunció el alto comisionado.
El jurista austríaco observó continuas demoras en los procedimientos judiciales, incluidas «las investigaciones, las audiencias y los enjuiciamientos», una situación que, advirtió, erosiona «las garantías procesales y el debido proceso».
Para ilustrar la gravedad de la situación, Türk expuso al Consejo tres casos contra personas acusadas de insurrección y mencionó que a ellas se les aplazaron 93 audiencias en mayo de 2022 y abril de 2023.
«Sigue siendo motivo de preocupación el aplazamiento de las audiencias judiciales en estos casos, debido presuntamente a problemas en la notificación oportuna por las autoridades judiciales sobre los traslados de las personas detenidas de los centros de detención a los tribunales, entre otras cuestiones, lo que refleja la necesidad de mejorar la coordinación entre las autoridades judiciales y los centros de detención. En un caso, las audiencias judiciales se aplazaron consecutivamente 14 veces desde el 9 de agosto de 2022 por causas relacionadas con problemas de coordinación entre las autoridades».
También denunció que casos como los asesinatos de Robert Redman o José Alejandro Márquez no han sido resueltos por las autoridades, pese a que han transcurrido nueve años desde que ocurrieron. Asimismo, denunció que los ejemplos anteriores no son algo excepcional, sino la regla. «De 41 casos documentados por ACNUDH, 28 siguen bajo investigación o juicio, dos sobreseídos o absueltos y siete condenados», indicó.
Una investigación realizada en 2022 por Acceso a la Justicia a partir de cuatro casos arrojó una conclusión similar.
Sin confianza
El alto comisionado anunció al Consejo de Derechos Humanos que su oficina registró una nueva reducción en el número de ajusticiamientos ocurridos en el país, pues contabilizó 17 casos. Sin embargo, pidió que estos datos fueran mirados con cautela, pues «Es posible que no se denuncien todos los casos de muertes en el contexto de operaciones de seguridad, incluso debido al temor a las represalias», explicó.
Tras denunciar que recibió información sobre 22 nuevos casos de tortura, con lo cual su despacho ya conoce de 114, Türk no descartó que la cifra sea muy superior.
«El temor a las represalias y la desconfianza en las instituciones y las autoridades han contribuido a que no se denuncien todos los casos de tortura ante las autoridades», insistió.
Sin rectificación
En el reporte también se denuncia que las restricciones al espacio cívico en Venezuela persisten; como prueba están los 21 casos de amenazas y hostigamiento, los 46 casos de estigmatización por parte de funcionarios del Estado, las 17 instancias de criminalización y los 10 casos de detención arbitraria contra defensores de derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad civil.
Asimismo, se expuso ante el Consejo que la arremetida contra los medios de comunicación independientes no cesa y prueba de ello es que 16 emisoras de radio salieron del aire en 2022, mientras que 44 sitios web fueron bloqueados por las autoridades.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Aunque el tono del informe es mucho más diplomático que el usado por la anterior alta comisionada y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, en el mismo se corroboran dos cosas. En primer lugar, que las reformas impulsadas por el chavismo para adecentar el Poder Judicial no han servido, pues tal y como lo denunció en su oportunidad Acceso a la Justicia, no tocan los problemas estructurales que aquejan a la justicia como la provisionalidad y falta de independencia de los jueces, fiscales y defensores.
En segundo lugar, se confirma la incapacidad de la justicia para castigar los crímenes que ocurren en el país, en particular las graves violaciones a los derechos humanos, y con ello se refuerza la necesidad de que intervenga la justicia internacional, por intermedio de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
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