La violencia contra las mujeres se manifiesta sin distinción de clase social, raza, nivel educativo ni ocupación. En Venezuela, este problema crece en un escenario desolador, donde la falta de estadísticas oficiales limita su comprensión y acción, según denuncias de organizaciones de derechos humanos.
Según datos difundidos por la organización no gubernamental (ONG) Utopix, durante el 2023 se registró un femicidio cada 44 horas, lo que equivale a 201 asesinatos de mujeres por motivos de género, la mayoría de ellos cometidos por parejas o familiares.
Aimee Zambrano, directora y fundadora de Utopix, resaltó en entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias que estos datos se basan en los subregistros de los casos que aparecen reseñados en los medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales, por lo que piensan que podrían estar ocurriendo una mayor cantidad de casos.
¿Qué hacer ante el aumento de femicidios?
Diyuly Chourio, abogada y presidenta de la Fundación Vida Jurídica, define el femicidio como “la forma extrema de violencia de género, causada por odio o desprecio a su condición de mujer que degenera en su muerte, producidas tanto en el ámbito público como privado”.
Para Kika Martorell, psicóloga e investigadora feminista, educar a la población sobre qué es la violencia de género y sus diversas manifestaciones hace posible que quienes la sufren puedan identificarla a tiempo y tengan mayores posibilidades de detenerla antes de que llegue a consumarse un femicidio.
Martorell argumentó que una educación integral, libre de sexismo y machismo, es primordial para promover la equidad de género y desmantelar los prejuicios arraigados en la sociedad.
Esta educación, según ella, debe adaptarse a los nuevos tiempos y necesidades, alejándose de posturas ortodoxas que reducen a las mujeres a simples objetos o roles reproductivos, negando su autonomía.
“Una educación basada en valores feministas o en derechos humanos y equidad de género, contribuiría enormemente a la reducción de los femicidios y la violencia de género”, dijo Martorell a Radio Fe y Alegría Noticias.
Asimismo, fomentar una educación que promueva el cuidado de otros y la colaboración en el sostenimiento de la vida, en lugar de perpetuar roles de género rígidos, fomentaría a una sociedad más equitativa y justa.
Aunado a ello, Aimee Zambrano insistió en la necesidad de crear un plan de emergencia feminista que abarque a todo el cuerpo del Estado.
“Tiene que ser un plan estructural y eso implica que todos los ministerios, alcaldías y gobernaciones se enfoquen en generar espacios de prevención”, declaró Zambrano en una reciente entrevista ofrecida al programa De Primera Mano.
Señaló que el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información tiene un rol fundamental en la creación de campañas permanentes de sensibilización a toda la población sobre violencia de género, los tipos de violencia que se tipifican en la ley, qué hacer en caso de ser víctima de violencia de género y de difusión de las líneas de denuncia.
A su vez, opinó que al Ministerio para la Educación le corresponde diseñar planes para lograr erradicar la violencia y desmontar los estereotipos de género. Mientras tanto, los medios de comunicación tienen la tarea de no revictimizar y aprender a usar los términos correctos.
Ofelia Álvarez, directora de Fundamujer, insistió en entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias que la prevención es lo único que podría cambiar radicalmente este problema tan grave para las mujeres y sus familias.
Paralelamente, contar con cifras oficiales, recopilar los recursos ya existentes tanto en el área gubernamental como en la sociedad civil, capacitar permanentemente a los funcionarios de los organismos receptores de denuncias, sensibilizar a las comunidades y hacer un constante diagnóstico sobre los cambios y nuevas alternativas de acción, todo acompañado de un presupuesto especial, porque sin inversión no habrá cambios, ratificó Álvarez.
Leyes que protegen a las mujeres en Venezuela
En 1998 se creó por primera vez en Venezuela una legislación protectora de los derechos humanos de las mujeres, cuyo nombre era “Ley sobre la Violencia contra la Mujer y Familia”, la cual fue derogada en el año 2007, por la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV).
La “LOSDMVLV” en su artículo 19, numeral 24, indica la forma del femicidio como carácter sociológico, enfocado particularmente solo por el hecho de ser mujer, explicó la abogada Chourio.
A su vez, en los artículos 73 y 74, de la propia legislación, establece los delitos de femicidio, y femicidios agravados, cuyas penas máximas sancionatorias van entre 28 a 30 años de prisión.
Diyuly Chourio detalló a Radio Fe y Alegría Noticias que la ley tiene como enfoque prevenir, educar, proteger, sensibilizar, garantizar y sancionar la violencia contra la mujer, siendo parecida en su tipificación a las legislaciones de más de 18 países de Latinoamérica, con el mismo criterio de las Naciones Unidas.
No obstante, hizo énfasis en que falta mucho por hacer y formar para poder ejercer en materia especial de violencia contra las mujeres.
“Tenemos un sistema judicial carente de especialistas en la materia y, en ciertos casos, no están formados/as para la atención primaria. Esto, por supuesto, afecta directamente a las víctimas cuando van a solicitar su tutela judicial efectiva”, sostiene.
La abogada consideró que los principales desafíos que presenta el sistema judicial penal especializado en violencia contra la mujer en Venezuela, es la falta de respuesta y protección oportuna.
“Los mecanismos de control, monitoreo y seguimiento carecen de niveles de efectividad, y es lamentable porque siendo Venezuela uno de los países con más tribunales y fiscalías especiales en violencia contra las mujeres, se observan acciones que van desligadas entre la interrelación de los órganos administrativos y judiciales”, manifestó Chourio.
Resaltó que el país tiene los mecanismos, leyes, tratados y estructuras especializadas en la defensa de las mujeres, que pueden brindar un mejor servicio de atención basado en los principios constitucionales y en la LOSDMVLV.
“Todo puede mejorar, pero debe estar sujeto a la protección constitucional, y a todos los tratados internacionales firmados en materia de los derechos humanos de las mujeres”, expresó.
Aimee Zambrano contempla que leyes como la Micaela de Argentina, serían muy beneficiosas de replicar en Venezuela, debido a su enfoque en el desarrollo de procesos formativos para funcionarios del Estado en temas de género y prevención de la violencia, ya que piensa que en el país hace falta un mandato expreso que tenga que ver con planes formativos para los funcionarios del sistema judicial.
Añadió que en Argentina, junto a la Ley Micaela, se puso en marcha otro plan que abarca desde la prevención hasta la mitigación, el acompañamiento y la reparación de los familiares de las víctimas de femicidio.
“Es un plan que se podría implementar de una u otra forma porque atraviesa todo el cuerpo del Estado. Es un plan nacional, no solo dirigido a un ministerio, sino que atraviesa todo el cuerpo del Estado”, declaró Zambrano.
Factores que contribuyen al aumento de los femicidios
La psicóloga Kika Martorell precisó que cuando en una pareja se evidencia un ciclo de violencia, el riesgo de femicidio es inminente. Este se perpetúa cuando el hombre ejerce violencia sobre la mujer, quien responde con manifestaciones de dolor y miedo.
Posteriormente, el hombre muestra arrepentimiento y la mujer lo perdona porque ve en él ciertas conductas que la hacen pensar que efectivamente no se volverá a repetir lo sucedido. Finalmente, sucede un hecho que vuelve a alterarlo, desencadenando gritos, amenazas, humillaciones o golpes, repitiéndose así el ciclo como un espiral.
“La única forma de poner el alto es salirse de esa relación pidiendo ayuda, llamando a la policía, así sea un vecino, porque todas las personas por ley tienen la responsabilidad de denunciar si saben de un hecho de violencia contra la mujer, si no entonces sería una cómplice”, recalcó.
Reconoció que buscar ayuda puede resultar difícil por la amenaza constante que enfrenta, junto con la erosión de su autoestima.
La sensación de no merecer algo mejor y la creencia de que no puede sobrevivir sin su agresor, especialmente si no tiene autonomía económica o si tiene hijos y piensa que al menos están bajo el cuidado de su padre, merma la capacidad para tomar decisiones asertivas en beneficio de su seguridad.
Dentro de los factores que contribuyen al incremento de los femicidios figura la ausencia de una educación integral, especialmente en materia de educación sexual y cuidados equitativos, tal y como se mencionó anteriormente.
Según Martorell, la carencia de una educación que promueva una sexualidad sana, responsable y placentera, así como la equidad en los roles de cuidado, prolonga la falsa convicción de la supremacía masculina.
Del mismo modo, el déficit de una institucionalidad efectiva y la alta impunidad en los casos de violencia basada en género y femicidios, donde los perpetradores a menudo quedan libres, perpetúan el ciclo de violencia.
Martorell hizo hincapié en la conexión entre los altos niveles de pobreza y la violencia de género, reconociendo que si bien esta problemática afecta a todas las clases sociales, el empobrecimiento de la población, incrementa la incidencia de la violencia.
Del mismo modo, es necesario desafiar las nociones de posesión masculina sobre las mujeres y el consentimiento sexual.
Impacto en la red afectiva de la víctima
Los femicidios repercuten en la salud mental y la calidad de vida de toda la red de relaciones de la víctima, desde padres e hijos hasta primos, tíos, hermanos y amigos, expuso Martorell.
El impacto psicológico se extiende a la salud física de las personas afectadas, manifestándose en trastornos estomacales y otros problemas de salud vinculados con el estrés y la ansiedad.
En el caso de que la mujer asesinada sea el sustento económico del hogar y madre de niños pequeños, la situación se vuelve aún más desfavorable, por las dificultades económicas a las que se enfrentarán los hijos huérfanos.
La comunidad circundante tampoco está exenta de sufrir altos niveles de angustia y preocupación ante la posibilidad de represalias por parte del agresor.
Panorama en el exterior
De enero a noviembre de 2023, Utopix documentó 82 femicidios de venezolanas en el exterior a través del seguimiento de diversos medios de comunicación. Colombia encabeza la lista como el país con el mayor número de casos, seguido de Perú y Ecuador.
Zambrano apuntó que la mayoría de los casos están asociados al crimen organizado, incluyendo redes de trata, prostitución forzada y extorsión, especialmente en Colombia, Perú y Ecuador, con un alza de casos en Estados Unidos, México, Chile, Guyana, Trinidad y Tobago, y Brasil.
La fundadora y coordinadora general del monitor de femicidios de Utopix ratificó la necesidad de un trabajo conjunto entre los estados para recopilar estadísticas y comprender en qué países se está produciendo la mayor cantidad de casos de violencia de género dirigida a las mujeres migrantes venezolanas.
“Parte porque se sienten la cancillería, los sistemas de justicia y los ministerios de las mujeres de los diversos países a desarrollar planes conjuntos para dar apoyo a estas mujeres migrantes, que sabemos que muchas veces lo hacen en condiciones de alta vulnerabilidad”, afirmó Zambrano.
Oenegés a la cabeza de la lucha
Actualmente, existen numerosas organizaciones feministas y de mujeres que están implementando planes formativos acerca de la violencia de género, dedicándose al acompañamiento y la gestión de casos, ofreciendo apoyo emocional y legal, orientación psicológica y, en algunos casos, hasta diseñando planes destinados a mejorar los medios de vida de las afectadas.
Aimee Zambrano destacó el trabajo mancomunado entre organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales como ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
No obstante, admitió que estas no cuentan con los recursos suficientes para atender todas las necesidades. Por lo tanto, advirtió que es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad y desarrolle políticas públicas efectivas en este ámbito.
Esto incluye establecer una estructura a nivel nacional para gestionar casos, proporcionar acompañamiento legal y psicológico, y desarrollar planes integrales de reparación y medios de vida para las mujeres afectadas por la violencia.
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